Sentencia Constitucional sobre anulación del laudo arbitral

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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Sentencia Constitucional 1765/2013, del 21 de octubre de 2013, confirma la línea jurisprudencial de la Sentencia 1672/2012, que fija los casos en que no es exigible la protesta previa para interponer el recurso de anulación del laudo arbitral:

 1. Cuando el laudo es contrario al orden público.

 2. Cuando existe lesión al derecho a la defensa.

 

 

Dos son las exigencias de la Ley de Arbitraje y Conciliación para que prospere el recurso de anulación: (1) que se trate de alguna de las causales establecidas en el art. 63 y (2) que haya sido invocada oportunamente en el procedimiento arbitral.

 

En este sentido, el criterio del Tribunal Constitucional modifica el art. 63.III al establecer que las causales de imposibilidad de ejercer el derecho a la defensa (art. 63.II.3) y laudo arbitral contrario al orden público (art. 63.I.2) no requieren ser invocadas en el transcurso del proceso arbitral.

 

Entonces, si bien el art. 64 de la Ley de Arbitraje y Conciliación establece que el recurso de anulación debe fundarse en alguna de las causales del art. 63 y que el Tribunal arbitral podrá rechazar sin más trámite el recurso interpuesto fuera de estos parámetros, el Tribunal Constitucional Plurinacional entiende que esta exigencia no se aplica en los dos casos anteriores (vulneración del orden público o al derecho a la defensa).

 

La Sentencia Constitucional que comentamos también hace referencia al recurso de compulsa ante la autoridad jurisdiccional en caso de la negativa de admisión del recurso por parte del Tribunal Arbitral. Y es que, ante el rechazo del recurso de anulación por el Tribunal Arbitral, las partes pueden interponer compulsa (art. 65 Ley de Arbitraje) fundamentando su recurso y sin necesidad de protesta previa, cuando se trate de lesión del derecho a la defensa o al orden público.

 

En estos casos, corresponde a los jueces ordinarios, como primeros garantes de la Constitución “efectuar el control jurisdiccional del laudo arbitral que es objeto de recurso de anulación aún sin previa protesta”.

 

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