El juzgador tiene la facultad para asegurar la igualdad de condiciones de las partes en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes.

AS 575/2018, del 28 de junio de 2018:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE:
“Por el Principio de Igualdad Procesal durante la sustanciación del proceso, la autoridad judicial tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. En sentido jurídico, esto significa que las partes del proceso civil tienen los mismos derechos y obligaciones, las mismas oportunidades de atacar y defenderse, debiendo ser tratados procesalmente de la misma manera en sus proposiciones y alegatos ante el (la) juez (a) o los miembros del Tribunal de Apelación”.”.
(El resaltado es nuestro.)

SCP 0671/2014, del 8 de abril de 2014:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:
“III.2. Sobre el derecho al debido proceso y la igualdad procesal de las partes
“La trascendencia del debido proceso se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: ‘La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’.
“(…)
“La igualdad procesal de las partes está contenida en el art. 119 de la CPE, que establece:
“I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la vía indígena originaria campesina.
“II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”.
“La igualdad procesal de las partes implica que las personas que intervienen en un proceso judicial ya sea reclamando un derecho o una pretensión o resistiéndose a ella, tienen los mismos derechos, garantías y facultades, siendo función de la autoridad judicial asumir una posición de neutralidad y tratar a ambas partes por igual. Entonces, las partes dentro de un proceso se encuentran en una posición que es sustancialmente idéntica y ostentan las mismas facultades, así como similares deberes.”
(El resaltado es nuestro)

El principio pro actione deriva de la tutela jurisdiccional eficaz, porque tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos.

AS 993/2019, del 26 de septiembre de 2019:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:
“Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional Nº 0335/2019-S4 de 5 de junio manifiesta: “III.2. La tutela judicial efectiva. Este derecho fundamental se encuentra reconocido por el art. 115.I de la CPE, en cuyo texto dispone que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” y ha sido desarrollado en la jurisprudencia constitucional, que en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, señalaron que es un derecho de prestación que se ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial, el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y el derecho de acceso a los recursos previstos por ley, último criterio que fue explicado por la SC 1044/2003-R de 22 de julio, en sentido de que el principio pro actione deriva de la tutela jurisdiccional eficaz, porque tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados.”
(El resaltado es nuestro).

El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia es “el derecho protector de los demás derechos”.

AS 690/2018, del 23 de julio de 2018:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“A manera de introducción resulta pertinente señalar que el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia consagrados en el art. 115.I de la CPE, permite que toda persona sea protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, es decir que la norma constitucional citada hace ver que el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia es “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, es una concreción del Estado Constitucional de Derecho, de cuyo contenido desprende justamente el ejercicio de la función judicial, que de acuerdo a lo señalado por el art. 4 de la Ley 025 “Ley del Órgano Judicial”, es desplegado por medio del Órgano Judicial que a través de la Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental y las Jurisdicciones Especiales imparte justicia en el marco de los principios del art. 178 de la norma constitucional, de la cual precisamente desprende la facultad de las personas de activar el órgano jurisdiccional, cuando estos consideren que sus derechos o intereses legítimos han sido vulnerados y/o mermados, entonces; queda claro que cuando el ciudadano considere necesaria la atención de la jurisdicción para la restitución de sus derechos y/o intereses legítimos en un marco de tutela de su derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, éste debe acudir ante la autoridad judicial e impetrar las acciones que considere pertinentes para dicho efecto, puesto que de acuerdo al principio dispositivo, será justamente el justiciable quien construye el proceso en función de su poder de disposición de la pretensión en la tutela jurisdiccional.
(El resaltado es nuestro).

La autoridad judicial debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial.

AS 631/2020, del 02 de diciembre de 2020:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA LEGAL APLICABLE:
“Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…
“En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.
“De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”
“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“Acusó que el Auto de Vista al anular obrados, infringió los arts. 265.I del Código Procesal Civil y los arts. 452 num. 4), 454, 291.II del Código Civil, e inclusive el art. 115.I de la CPE, ya que no resolvió los agravios resumidos en el considerando I de la resolución de alzada, también realizó una incorrecta aplicación del art. 462.I del Código Civil, en concordancia con el art. 115.I de la CPE vulnerando el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y el debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, pues los arts. 542 y 491 del Código Civil, establecen que dentro de los requisitos de formación de los contratos, se encuentran el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma, siempre que sea legalmente exigible; en el presente motivo de Litis, hay consentimiento de la existencia del contrato de compraventa de inmueble, que por su naturaleza, en aplicación del art. 521 del Código Civil, es consensual; es decir, que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes.
“Dado que los reclamos se centran en la resolución incorrecta del Auto de Vista impugnado, se tiene que de la revisión del fallo de segunda instancia cursante de fs. 127 a 128 vta., se tiene que el mismo bajo el sustento del art. 17.I de la Ley Nº 025 anuló obrados sin reposición hasta la admisión a la demanda inclusive cursante a fs. 22, entendiendo que la petición es improponible porque versa sobre un contrato preliminar de subrogación de hipoteca y deuda que debió ser necesariamente realizado por escrito y que por otra parte dicha subrogación de la deuda conllevaría al cambio del titular del gravamen que constituiría a su vez una subrogación de la hipoteca voluntaria, advirtiendo con ello el interés legítimo del Banco B. S.A., al cual la sentencia estaría pretendiendo hacerle cumplir una acreencia o hipoteca constituida voluntariamente a favor del demandante, vulnerándose el derecho a la defensa de la entidad financiera, resultando la pretensión improponible.”
(El resaltado es nuestro.)

FUENTE: art. 369 ACPC; art. 276 CPCMI; arts. 170 y 175 CPCA. 

CONCORDANCIAS: art. 115.I CPE, tutela judicial efectiva, arts. 1.13 y 25.3 CPC, igualdad de las partes. 

Bajo el nombre de facultades el nuevo Código Procesal Civil (en adelante CPC) establece una serie decisiones que la autoridad judicial puede tomar, de oficio, sobre la medida cautelar. En algunos casos no se trata solo de facultades, en el sentido que puedan o no ser realizadas por el juzgador, sino más bien de deberes de la autoridad judicial al momento de disponer la medida.

La primera es una facultad y se refiere a la vinculación del juez respecto de los alcances de la cautelar solicitada e incluso a la medida en sí misma. Es decir, el juez no está atado a todos los elementos de la petición del solicitante ya que el art. 314.I.1 CPC le permite apartase del petitum: si la autoridad judicial considera que el derecho alegado puede protegerse con otra medida menos gravosa, podrá ordenar una medida distinta de la pedida por la parte.

Esto no quiere decir que el principio de congruencia esté ausente en las cautelares. El juez, congruente con la pretensión cautelar, no podrá ordenar una medida más gravosa que la pedida por la parte. Por tanto, no podrá ordenar más de lo pedido. Pero en atención al principio de proporcionalidad, podrá conceder menos de lo solicitado.

Nótese que este artículo no faculta al juez a (1) ordenar una medida de oficio, ya que estas siguen siendo a instancia de parte (art. 310.III CPC), (2) decretar una cautelar sobre un sujeto procesal no indicado en la pretensión, porque no puede alterar el elemento subjetivo de la pretensión cautelar o, (3) modificar la causa petendi, pues le está vedado conceder la cautelar en atención a hechos distintos de los alegados por el solicitante.

Por otro lado, la posibilidad de alteración de la petición (como uno de los elementos de la pretensión cautelar) se justifica solamente «para evitar perjuicios innecesarios» a quien debe soportar la medida (art. 314.I.1 CPC). Esto significa que se exige del juez una valoración minuciosa de lo pedido (la pretensión cautelar) y el derecho pretendido (pretensión principal), en relación a la incidencia o afectación en los derechos del solicitado. Con esto se logra una mayor eficiencia en el proceso ya que el actor obtiene lo que quiere (asegurar una eventual sentencia favorable o estimatoria) de una forma mucho más rápida. Si el juez no pudiese resolver según el art. 314.I.1 CPC tendría que solicitar al actor la modificación de su petición, con el riesgo de tiempo que este trámite conllevaría. El juez, al hacer uso de la facultad del artículo citado en nada perjudica al actor, ya que si bien tiene derecho a obtener en su beneficio la tutela cautelar, este no alcanza a cualquier medida caprichosa o que cause innecesario perjuicio (o más de lo estrictamente necesario) a quien deba soportarla. La tutela cautelar cumplirá su finalidad, aunque esta no sea exactamente con la medida pedida por la parte.

Este último elemento debe ser particularmente valorado por el juez y el actor ya que si el cambio o modificación de la medida que este quisiera hacer no es lo suficientemente “asegurativa” como la solicitada, se vulneraría el derecho a la jurisdicción y es mejor concederla tal como fue pedida. Pero el problema práctico de esto es obvio, salvo los casos en los que una medida en estas condiciones sea todavía útil, ya habrá pasado un periodo de tiempo tal que la cautelar decretada luego de estas impugnaciones pierda todo sentido. En este caso concreto considero que, si existieren daños al actor (porque la medida fue tardía o la alterada o modificada por el juez no aseguró suficientemente el resultado de la sentencia), existirá responsabilidad civil del juzgador.

En cuanto al alcance, el juez deberá velar por la proporcionalidad de la medida solicitada. Es decir, si bien el solicitante debe indicar en su pretensión qué medida pide y el alcance de ella, el juez podrá alejarse de esta petición, siempre y cuando, como se dijo, permanezcan asegurados los derechos del solicitante.

La segunda parte del art. 314.I CPC no la considero propiamente una facultad sino una obligación del juez. La autoridad judicial debe indicar, cuando ordena una cautelar, los alcances de la medida. Por ejemplo, si ordena un embargo debe expresar con exactitud el bien embargado y el monto o suma de dinero que ese embargo está asegurando. Lo mismo si ordenase prohibición de innovar. Y en esto no hay que perder de vista que el alcance de la cautelar guarda relación con la pretensión principal del proceso: si el actor pide el resarcimiento del daño por valor de diez mil bolivianos, no podrá ordenarse medida alguna por monto mayor a este, o aquel que previsiblemente sirva para asegurar el principal, intereses, costas y costos del proceso.

El contenido del parágrafo II del art. 314 es una necesidad para la verdadera efectividad de las cautelares. El legislador establece que, de forma general, “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron”. Esto es importante sobre todo en el caso de las anotaciones preventivas, ya que conforme el art. 1553 CC éstas parecen estar sometidas a un plazo de caducidad (dos años, prorrogable a tres). Por lo que habrá que entender que, con relación a las cautelares rige el art. 314.II CPC; y el 1553 CC se refiere solamente a la anotación por defecto subsanable (inscripción preventiva, como erróneamente la llama la Ley de Inscripción de Derechos Reales de1887).

La segunda parte del parágrafo II se refiere a otra característica de las medidas cautelares: su variabilidad. Es decir, pueden ser modificadas en cualquier estado del proceso, a pedido de cualquiera de las partes. En este caso, la autoridad judicial deberá velar por los intereses de ambas partes.