Código Procesal Civil Bolivia

Libro Segundo. DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Título IV. Proceso de conocimiento

Capítulo primero. Proceso Ordinario

Artículo 365. AUDIENCIA PRELIMINAR

  1. Convocada la audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, excepto motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. Las personas colectivas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.
  2. Si se suspendiere por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá postergarse por una sola vez. La fuerza mayor deberá justificarse mediante prueba documental en el término de tres días de suspendida la audiencia.
  3. Vencido el término y ante la inasistencia no justificada de la parte actora o reconviniente se tendrá como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos. Si la ausencia injustificada fuera de la parte demandada en la nueva audiencia, facultará a la autoridad judicial a dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario y siempre que no se tratare del caso previsto por el Artículo 127, Parágrafo III, del presente Código.
FUENTE: art. 419 Anteproyecto de Código Procesal Civil; art. 300 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. 

CONCORDANCIAS: art. 36 CPC, representación de pleno derecho; art. 46 CPC, representación sin mandato; art. 95 CPC, impedimento por justa causa; art. 46 CFPF, representación legal de menores de edad; arts. 57 y ss CCPF, tutela de mayores; art. 38 CPC, apoderado judicial; arts. 163, 175, 188, 203, 314 y 359 CCom, administración y representación de sociedades comerciales; art. 242 CPC, desistimiento de la pretensión; arts. 136 y 137 CPC, carga de la prueba y exención de prueba. 

Actualizado: 30 de septiembre de 2024

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Comentario Jurisprudencia Concordancias

Comentario sobre el art. 365 – Audiencia Preliminar en el Código Procesal Civil.

Por Alex Parada Mendía.

1. Consideraciones previas.

El artículo lleva por rubrica “audiencia preliminar” pero en realidad se refiere (1) a la forma en la que las partes deben comparecer a dicha audiencia, y (2) a los efectos de su inasistencia. En lo que a la convocatoria propiamente dicha se refiere, nos remitimos a las anotaciones que hiciéramos al art. 363.VI CPC.

Como ya sabemos, la audiencia preliminar se sitúa en el momento procesal posterior a la demanda y la contestación. Esta, junto a la audiencia complementaria, es el núcleo o corazón del proceso ordinario. En ambas audiencias el juez ejercerá prácticamente toda su potestad jurisdiccional mediante la calificación y valoración de la prueba propuesta y producida en el proceso por las partes y la emisión de una sentencia que resuelva el fondo de la controversia.

2. Comparecencia personal (Parágrafo I).

El parágrafo primero del art. 365 CPC contiene la exigencia de asistencia personal a la audiencia preliminar; y distingue dos supuestos bien diferenciados: la comparecencia de (1) personas físicas o naturales, y la de las (2) personas jurídicas o colectivas e incapaces.

Las partes comparecerán en forma personal.

El primer supuesto de la norma se aplica a la persona física con capacidad de obrar. Si bien el artículo se refiere en forma general a “las partes”, no puede ser otro el sentido del artículo dada la distinción que hace en el mismo parágrafo respecto de las personas jurídicas y los incapaces de obrar.

Por tanto, la exigencia de la primera parte del art. 365.I CPC sólo se aplica a la persona natural o física. Ésta, deberá comparecer a la audiencia preliminar de forma personal. La finalidad del CPC es precisamente el contacto directo del juez con las partes (principio de inmediación, art. 1.5 CPC); además, una de las primeras actuaciones de la audiencia preliminar es la conciliación intraprocesal, la que en muchos casos tendrá más efecto con la participación directa de las partes. Por ello la exigencia de asistencia personal a la audiencia.

El tenor de la norma que ahora comentamos es claro al respecto. Lo que llevó a establecer, entre una de las conclusiones del Primer Conversatorio del CPC, que “el principio de inmediación reconocido por el numeral 5 del art. 1 CPC persigue el contacto personal y directo con las partes en la audiencia por lo que, para la efectiva realización de este principio y los objetivos que se pretenden, la comparecencia de las partes a la audiencia preliminar por regla general es en forma personal y directa” (el resaltado es del texto original).

A pesar de la claridad tenor literal del art. 365.I CPC, muchos juzgados permitían como regla, sin exigir justificación alguna, la participación en la audiencia preliminar mediante representante. Intentando corregir esta situación el art. 37 del Protocolo/2017 recalca que la comparecencia a esta audiencia es en forma personal y con abogado y excepcionalmente mediante representante.

Excepto motivo fundado, que justificare la comparecencia por representante.

Luego de establecer la regla (de asistencia personal a la audiencia), a renglón seguido la Ley establece la excepción. La persona física con capacidad de obrar sólo podrá comparecer mediante representante, cuando medie o exista “motivo fundado” para ello.

La norma no indica qué debe entenderse por motivo fundado. Pero consideramos que podrá entenderse como tal, por ejemplo, una enfermedad grave o que impida movilizarse, vivir en una ciudad o departamento distinto de donde se desarrolla el juzgado, o fuera del país.

En cualquier caso, esta imposibilidad deberá justificarse, es decir, no basta la simple alegación del motivo, se deberán presentar los elementos necesarios que así lo acrediten. Aunque esta no es la conclusión del Primer Conversatorio CPC, para quien el motivo fundado “debe ser apreciado sin la exigencia de prueba, toda vez que la norma orienta que lo que debe apreciar el juez es si el motivo resulta fundado o no” (el resaltado es nuestro). Nosotros discrepamos de tal conclusión, porque entendemos que el art. 365.I CPC no pide solamente que el motivo sea lo suficientemente razonable como para comparecer mediante representante. Si así fuera, bastaba con que la Ley estableciese que la parte podrá alegar el motivo y el juez considerar su pertinencia.

Cuando el artículo pide que el motivo sea “fundado” en el fondo pide, (1) que el motivo mismo sea de tal envergadura, que justifique la excepción a la regla de comparecencia personal y, además (2) la justificación del motivo. Es decir, que la parte aporte elementos sobre la veracidad del motivo.

La norma tampoco indica cuándo deberá alegarse el motivo fundado. Pero es razonable entender que se podrá aducir y acreditar desde el inicio del proceso hasta el momento mismo de la audiencia.

Ante la alegación del motivo la parte podrá pronunciarse sobre ello. Si la parte contraria objeta u observa el motivo, afirmando por ejemplo su insuficiencia, el juez tendrá que decidir sobre ello. Si no se objetase, “se continuará la audiencia con el apoderado” (art. 37.II2 Protocolo/2017), porque se entenderá que existe una aceptación tácita del hecho.

Las personas colectivas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.

El segundo supuesto del art. 365.I CPC es el de las personas jurídicas o colectivas que siempre participarán, por su propia naturaleza (al igual que los interdictos), mediante representante.

Pero queda la duda de si esta participación se deberá hacer necesariamente mediante el representante legal del ente colectivo o, si se permite que éste otorgue poder de representación a un tercero. No se justifica exigir que actúe siempre, y necesariamente solo el representante legal, y se debe permitir su actuación por representante legal o por quien este haya delegado tal representación.

En el caso de los incapaces, al no tener capacidad procesal, también deben -necesariamente- suplirla mediante representación. Estarán comprendidos en este supuesto los menores de edad (no casados ni emancipados por sentencia que así lo declare) y los mayores de 18 años que tengan sentencia que declare su incapacidad de obrar.

3. Facultades del representante.

El parágrafo I del art. 365 CPC permite a las partes, cuando existe motivo fundado, comparecer a la audiencia preliminar por medio de representante. Y el parágrafo III del mismo artículo sanciona la incomparecencia injustificada del actor con el desistimiento de la pretensión, y del demandado, ordenando al juez tener por ciertos los hechos del demandante. Por lo tanto, para no ser alcanzado por las sanciones del artículo, la parte debe comparecer personalmente o mediante representante.

Aunque el artículo citado no lo diga expresamente, para asistir a dicha audiencia el representante debe contar con plenas facultades de disposición del objeto del proceso (las que deberán indicarse de forma expresa, art. 42.I CPC), de lo contrario es como si la parte no hubiese comparecido, y por lo tanto se le deben aplicar los efectos del art. 365.III CPC. Me explico.

La exigencia de asistencia personal se justifica porque en la primera audiencia el juez debe instar, so pena de nulidad, una conciliación entre las partes. Para que la conciliación sea válida el representante de las partes debe tener facultades dispositivas sobre el objeto del proceso. De lo contrario la parte no estará realmente representada y, por lo tanto, no habrá comparecido.

Cuando el art. 365.I permite participar mediante representante, no autoriza una representación incompleta, o solamente nominal, como sería aquella en la que la parte concediese la representación a un tercero, pero sin facultades de disponer sobre el derecho discutido. Si la conciliación busca concluir el proceso mediante la disposición de las partes del objeto del proceso deducido en él, no tiene sentido llevarla a cabo con el representante si este no está facultado para conciliar, es decir, para disponer de dicho objeto. Sería un acto (ya que no podría llamarse conciliación) estéril e inútil. Una pantomima de conciliación. Un dispendio de tiempo y dinero para las partes y para órgano judicial.

Estas facultades del representante deben estar expresamente estipuladas en el instrumento respectivo, siempre que se trate de derechos disponibles, respecto de cualquier persona que pretenda actuar en la audiencia preliminar en nombre de la parte, demandante o demandado.

4. Suspensión por inasistencia (Parágrafo II).

Si el parágrafo I se refería a la forma de comparecer (personal), los parágrafos II y III del art. 365 CPC regulan un supuesto distinto, pero relacionado con el indicado en el parágrafo I, la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia preliminar.

Podemos distinguir en dicha norma dos partes. La primera (1), dispone sobre (a) la suspensión de la audiencia, (b) el motivo de la suspensión y, (c) la postergación por única vez. La segunda (2), establece (a) la forma en la que puede demostrarse el motivo de suspensión y, (b) el plazo en el que debe hacerse.

Suspensión de la audiencia preliminar.

La incomparecencia a la audiencia preliminar, de una o ambas partes, genera, como primer efecto, la suspensión de la audiencia. Aunque el parágrafo II del artículo en comentario no es del todo claro y parece dejar a criterio del juez la suspensión de la audiencia preliminar en caso de inasistencia de una de las partes.

Del tenor literal del art. 365.II CPC se extrae que existe la posibilidad de suspender la audiencia preliminar por inasistencia de una de las partes. El artículo empieza con la redacción condicional “si se suspendiere” y, más adelante, faculta al juez a postergar la audiencia (“podrá”, indica la norma). Es decir, conforme la redacción del artículo, la incomparecencia de una o ambas partes, aun cuando el motivo de la inasistencia sea por fuerza mayor insuperable, no tendría necesariamente el efecto de suspender la audiencia preliminar.

Sin embargo, no parece muy razonable llevar a cabo la audiencia cuando la inasistencia de la parte se debe a una causa externa no imputable a él (fuerza mayor). Más aún todavía cuando el art. 95 CPC establece que al impedido por justa causa no le corre plazo ni le depara perjuicio.

La frase “si se suspendiere por inasistencia de una de las partes”, con la que inicia el parágrafo II no debe entenderse como facultad del juez. Por el contrario, considero que el legislador intenta decir que la audiencia preliminar podrá suspenderse por otras causas, pero cuando la causa sea la inasistencia de una de las partes, se postergará la audiencia.

Por último, si llegado el momento de la audiencia la parte no asiste, alguien deberá indicar al juez, en su nombre, el motivo de la inasistencia. De lo contrario la autoridad judicial no tendría como apreciar si no se comparece por fuerza mayor insuperable, y no se activará el supuesto del art. 365.II CPC. Generalmente quien alegará el motivo será el abogado de la parte que no asiste.

Atribuible a fuerza mayor insuperable.

Ante la inasistencia de las partes a la audiencia preliminar, el único motivo que el legislador permite alegar para no ser alcanzado por los efectos del art. 365.III CPC es la fuerza mayor insuperable. Esto es, por una causa no imputable y fuera del control del inasistente (fuerza mayor) que, aunque previsible, no puede ser evitada (insuperable). Entre estos se podrán incluir a los desastres naturales (v.gr., terremotos, inundaciones), guerras, huelgas, o actos de autoridades públicas.

Aquí aparece otro problema que suscita la redacción del art. 365.II CPC: si la suspensión de la audiencia es solo ante la inasistencia de la parte, o si, además, esta inasistencia debe atribuirse a fuerza mayor. Ante lo que considero que basta la mera inasistencia para la suspensión, ya que la fuerza mayor insuperable podrá justificarse dentro de los tres días de suspendida la audiencia.

Habrá que distinguir entre la alegación de la fuerza mayor (que se hará en o hasta la audiencia preliminar) y su justificación (que se hará dentro de los tres días de suspendida la audiencia).

Cuando la justificación de la fuerza mayor es anterior a la audiencia, esta no se suspende, sino que directamente se prorroga. Pero este no es el supuesto contenido en el art. 365.II CPC. Aquí el legislador parte del hecho que las partes fueron notificadas con la resolución que fija la fecha y hora de la audiencia, no opusieron contra ella ningún reclamo y, llegado el momento de la audiencia una de las partes (o ambas) no asiste.

Se puede observar la relación, pero también la diferencia, entre el motivo fundado del parágrafo I y la fuerza mayor del parágrafo II. El motivo fundado, es para justificar la presencia del representante. La parte puede, por motivo fundado, asistir a la audiencia por medio de representante. Es decir, no se requiere motivo fundado para designar representante procesal, sino para comparecer a la audiencia mediamente ese representante. La fuerza mayor, es para justificar la inasistencia de la parte. La que se dará por no haber comparecido a la audiencia preliminar bajo ninguna modalidad: personal o mediante representante.

La única razón que permite no asistir a la audiencia preliminar, sin efectos negativos en su contra, es la “fuerza mayor insuperable”. Es decir, respecto de la parte o su representante (si se hubiera designado). El efecto del art. 365.III CPC es por inasistencia de la parte (es decir, ausencia total, de ella y su representante, en su caso).

Habrán casos en los que un mismo hecho puede servir para sustentar motivo fundado y fuerza mayor insuperable. Pero no siempre. Por ejemplo, en un proceso en el que Ticio demanda a Cayo en la ciudad de La Paz, y al demandado, que vive en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, le hace daño la altura. Considero que este es un motivo fundado que justifica que Cayo designe representante para la audiencia preliminar. Pero este motivo fundado no puede considerarse fuerza mayor insuperable para la parte y el representante. El problema de altura del demandado, per se, no justifica la inasistencia de ambos. Podrá ser fuerza mayor insuperable del demandado, pero no necesariamente del representante.

La audiencia podrá postergarse por una sola vez.

Aun alegando fuerza mayor insuperable la norma permite la postergación de la audiencia sólo por una vez. Lo que no tiene mucho sentido cuando se tiene en cuenta que la incomparecencia es precisamente por causa no imputable a él. En todo caso si el juez sigue escrupulosamente el texto de la Ley, no suspende la audiencia, la lleva a cabo y lo resuelto en audiencia le es adverso al inasistente, se podrá enfrentar a un acto nulo por indefensión: al impedido por justa causa no le depara perjuicio (art. 95 CPC).

La fuerza mayor deberá justificarse documentalmente.

La justificación, como probanza de algo con razones convincentes (RAE) debe hacerse documentalmente. La Ley no permite la justificación de la fuerza mayor por cualquier medio. Esto limita mucho la probanza de la fuerza insuperable. Si bien algunos de los casos de fuera mayor serán hechos notorios, y como tal pueden considerarse eximidos de prueba (art. 137.2 CP), otros no podrán probarse documentalmente, o por lo menos no directamente, lo que lleva a cuestionarse la aplicabilidad de la norma en esos casos concretos.

5. Efectos de la inasistencia (Parágrafo III).

El parágrafo III del art. 365 CPC establece efectos lapidarios a la falta de justificación de la inasistencia. El legislador entiende que la incomparecencia de la parte (o de ambas) respecto del juicio demuestra su desinterés en lo que se discute en el proceso. En todo caso, los efectos de la inasistencia son mayores respecto al demandante que el demandado.

Vencido el término.

Se refiere la norma al vencimiento del término para la justificación de la fuerza mayor, ya que la aplicación de los efectos del art. 365.III CPC no es inmediata ni automática. Para ello se requiere (1) suspensión de la audiencia preliminar por inasistencia de una de las partes. Que, (2) en la misma resolución de suspensión el juez conmine a la parte justificar documentalmente la fuerza mayor insuperable que motivó su inasistencia y, por último, (3) debieron transcurrir tres días desde la audiencia suspendida.

Como se observa, el término al cual hace referencia el artículo en comentario es el de la audiencia misma que fue suspendida y no el de la notificación con la resolución de suspensión. El art. 365.II CPC in fine, establece que la acreditación documental de la fuerza mayor se hará “en el término de tres días de suspendida la audiencia”. Pero puede suceder que el juez haya suspendido la audiencia por otro motivo. Por lo tanto, si bien existe una presunción del conocimiento de la norma (por tanto, de la existencia y exigencia del art. 365 CPC) respecto de las partes, a fin de evitar cualquier objeción del derecho a la defensa, la resolución se notificará en estrados judiciales. Corriendo el plazo de acreditación del impedimento desde el día siguiente.

No se trata de una notificación en la audiencia misma, ya que “las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas [sólo] a quienes estuvieren presentes en ella” (art. 82.II CPC), sino más bien de los arts. 82.I CPC (regla general de notificación en Secretaría del juzgado) y 84 CPC (carga de asistencia al juzgado).

Y ante la inasistencia no justificada.

Los efectos del parágrafo III art. 365 CPC no son, en puridad, de la inasistencia a la audiencia preliminar, sino más bien de la falta de justificación. Si la parte no asiste, pero justifica la fuerza mayor, el juez no puede aplicarle dichos efectos.

Ahora bien, puede suceder que el impedimento se extienda incluso hasta el final del plazo de justificación. En cuyo caso se aplicarán las reglas del art. 95 CPC, debiendo la parte presentarlo lo antes posible.

Efecto respecto del demandante.

Si quien no comparece es el demandante se entenderá que desistió de la pretensión. Lo que significa desistimiento del proceso y de la acción. Por tanto, ante la incomparecencia del actor el juez dará por concluido el proceso, y el demandante ya no podrá promover un nuevo proceso sobre el mismo objeto; en concreto, sobre la misma pretensión (art. 242.I CPC).

Efecto respecto del demandado.

El art. 365.III CPC textualmente indica que la incomparecencia del demandado faculta al juez “a dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados”. Y a renglón seguido establece dos excepciones:

(1) siempre y cuando no se hubiere probado lo contrario y,

(2) siempre que se trate de derechos disponibles.

Que se dicte sentencia de inmediato no significa en la misma audiencia y ante la sola constatación de la inasistencia. De inmediato es en la siguiente audiencia. Esto porque la parte tiene tres días para justificar su inasistencia. Sólo en ausencia de justificación se aplican los efectos del art. 367.III CPC.

En las conclusiones del primer Conversatorio CPC se indicó que “la inasistencia del demandado importa allanamiento a la demanda”. En mi criterio no es lo que se extrae del art. 367.III CPC.

Por un lado, tener por ciertos los hechos del actor tiene como consecuencia que estos hechos no requieren prueba y están exentos de ella (art. 137.1 CPC). La sola incomparecencia no significa allanamiento a la demanda. Por lo menos no en los términos del art. 127 CPC. Conforme este último artículo citado el allanamiento significa la aceptación de la pretensión del demandante (art. 127.I CPC), lo que permite al juez dictar sentencia sin necesidad de otra prueba o trámite. Sin embargo, el efecto del art. 365.III CPC respecto del demandado se refiere únicamente al elemento fáctico del objeto del proceso: a la causa de pedir (a los hechos que sustentan la pretensión del acto). Por tanto, se pueden dar situaciones en la que la aceptación de un hecho no siempre significa la aceptación de la pretensión del actor. Por ejemplo, se puede aceptar un hecho, pero negar su consecuencia jurídica. Incluso puede suceder que aun teniendo por ciertos los hechos alegados por el actor, el juez no tenga que dictar sentencia a su favor, por no corresponder estos a la pretensión que interpone (v.gr., por no ser jurídicamente relevantes). Pero en todo caso la prueba más patente respecto a que la incomparecencia no constituye allanamiento es que el propio artículo 365.III CPC lo supedita a que en el proceso no conste prueba en contrario. Siendo indiferente si quien la aportó fue el demandado al contestar o el mismo demandante. Es decir, el juez no podrá dictar sentencia favorable al actor solo por la inasistencia del demandado a la audiencia preliminar. Lo hará, cuando los hechos que sustentan la causa de pedir (jurídicamente relevantes) de la pretensión del actor estén plenamente probados.