Comentario sobre el art. 366 – Actividades en la Audiencia Preliminar en el Código Procesal Civil.
Por Alex Parada Mendía.
1. Introducción.
1.1. Finalidad de la audiencia preliminar.
Indicaba el ACPC que “en este nuevo régimen procesal juega un papel fundamental la llamada audiencia preliminar, estrictamente primera audiencia, la que, al contrario de lo que sugiere su nombre, aparentemente vinculado con una forma de actividad preprocesal, juega un rol de indiscutible trascendencia porque tiene como finalidad primordial evitar el proceso, limitar su objeto y depurar el procedimiento” (las cursivas son nuestras). De esta manera, el anteproyecto se refiere a las tres funciones fundamentales de la audiencia preliminar o previa, aunque no precisamente en el orden indicado.
En su fase conciliadora en la audiencia previa se busca evitar la continuación del juicio y por lo tanto concluir el proceso. Si no es posible conciliar, en su fase de depuración o saneamiento la audiencia preliminar busca eliminar los obstáculos procesales que pudieran impedir al juez dictar una sentencia válida sobre el fondo de la controversia. Y, por último, en su fase de limitación o fijación del objeto del proceso, se busca concretar, para el juez y las partes, el punto central de la controversia, sobre el que se desarrollará la actividad probatoria y sobre la que el juez deberá dictar sentencia.
1.2. Fecha de realización y tiempo de duración.
La fecha de realización de la audiencia preliminar dependerá del cronograma de audiencias del juzgado. En todo caso, el acto no podrá ser anterior a la contestación del demandado (o del demandado reconvenido), o cuando haya vencido el plazo para la contestación.
No se puede establecer un tiempo predeterminado de duración de la audiencia preliminar ya que esto dependerá de los resultados que se vayan obteniendo en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, si las partes deciden conciliar, la audiencia podrá concluir casi inmediatamente. De lo contrario se deberá continuar y el tiempo de duración de la siguiente fase (depuración o saneamiento) dependerá de la complejidad de las excepciones propuestas, y sobre todo de la actividad probatoria respecto de dichas excepciones. De la misma manera, el tiempo de duración de la fase de fijación definitiva del objeto del proceso dependerá de la claridad o no que exista sobre los términos de la demanda y la contestación, y si fueren necesarias aclaraciones o complementaciones.
1.3. Número de audiencias.
La audiencia preliminar es siempre una sola. Pero esto no impide que, dada la complejidad del caso, la audiencia pueda suspenderse (v.gr., porque las partes lo piden o porque la resolución de alguna excepción así lo exige) o declararse cuartos intermedios y continuar en un momento posterior. Pero aun en estos casos, la audiencia será siempre la misma.
1.4. Acto público.
La audiencia preliminar debe llevarse a cabo de forma oral y pública. Lo que implica que, salvo resolución fundamentada que así lo ordene, no solo las partes, sino cualquier interesado tiene derecho a asistir a ellas. Y esto no por concesión del juzgado o de las partes, sino como materialización del principio de publicidad en el que se sustenta la potestad jurisdiccional (art. 178.I CPE) y la jurisdicción ordinaria (art. 180.I CPE).
A diferencia del arbitraje (que se sustenta en la confidencialidad), el proceso civil se sustenta en el principio de publicidad “como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario cuando la Ley lo determine” (las cursivas son nuestras) (art. 1.7 CPC). En esto insiste la LOJ cuando establece que “los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley” (art. 3.5 LOJ, respecto a los principios que sustentan el Órgano Judicial).
El problema práctico es que los juzgados carecen de la infraestructura para la adecuada celebración de las audiencias, llevándose a cabo actualmente en el despacho del juez y, por diversos motivos (v.gr., espacio) la nota de publicidad se diluye notablemente cuando se impide el acceso de terceros a la audiencia.
En todo caso, esta publicidad no alcanza a la conciliación intraprocesal (en la que rige el principio de confidencialidad, art. 295 CPC) que podrá desarrollarse a puertas cerradas sólo con las partes y el juez.
1.5. El rol de juez en la audiencia preliminar.
El desempeño (en lo jurídico y en lo personal) del juez en la audiencia preliminar y complementaria es fundamental para su buen éxito.
Las actividades que el art. 366 CPC establece para la audiencia preliminar son de por sí ampulosas y, en ciertos casos complejas. Esto requiere del juez, como director del proceso, un impecable manejo de lo jurídico y humano en las distintas situaciones que deben ir resolviéndose en la audiencia.
El nuevo sistema adoptado en el CPC (proceso por audiencias) exige del juez un sólido conocimiento técnico de la Ley y el Derecho. En este sentido, la LOJ proclama la idoneidad (capacidad y experiencia) como la base para el ejercicio de la función judicial, cuyo “desempeño se rige por los principios ético – morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Plurinacional” (art. 3.6).
Pero esto no es suficiente. La autoridad judicial no debe olvidar que administrar justicia también exige de él una profunda convicción del servicio que presta en nombre del Estado: la resolución de conflictos intersubjetivos. Por lo tanto, debe actuar de acuerdo a ello.
Si las partes llegaron ante el juez es porque no pudieron solucionar sus conflictos de forma previa y privada. Es absurdo suponer que las partes llegan al juicio con ánimo de “disfrutar” del proceso y las audiencias e incluso la confrontación con el contrario. Sólo el hecho de desplazarse al juzgado significa para las partes un dispendio de dinero y tiempo, del que generalmente se carece o no se tiene lo suficiente.
Traigo esto a colación porque considero que lo mínimo que las partes pueden esperar dentro del ambiente de por sí complejo y muchas veces amargo del proceso, es que la persona que dirige la causa y juzga lo haga -evidentemente- conforme a Derecho, pero también con buen trato hacia los directamente afectados (las partes). Esto que es por demás de obvio y pareciera darse por sentado, muchas veces se olvida (abogados incluidos).
A pesar de la conflictividad que el proceso significa, este debe desarrollarse en un ambiente cordialidad y respecto, entre las partes y entre estas y el juez (y viceversa). Se puede objetar que estos aspectos que ahora tratamos no son materia de una Ley procesal, y el CPC debe enfocarse únicamente en las cuestiones técnicas del conflicto. Pero esto sería olvidar el verdadero y auténtico fin del proceso: lograr la paz social. La que solo puede obtenerse discutiendo los distintos puntos de vista de las partes y definiendo la controversia a favor de uno en detrimento de otro, pero, siempre, en el marco del respeto mutuo.
El CPC impone a las partes el deber de “guardar respeto y decoro a la autoridad judicial y a las partes, abogadas o abogados y servidoras o servidores auxiliares de la justicia” (art. 52.3 CPC). Y, por otro lado, otorga al juez el poder de “sancionar con arresto de hasta ocho horas” a los abogados y las partes “que falten manifiestamente el respeto a la autoridad judicial, servidores judiciales o parte contraria” (art. 24.8 CPC).
Pero el CPC olvida referirse a la conducta que debe observar otro de los actores principales del proceso (el juez), más allá de lo jurídico y como todo servidor público, con relación a las partes. Considero crucial este aspecto humano para el buen éxito de las audiencias preliminar y complementaria. Téngase en cuenta que una de finalidades de la audiencia preliminar es poner fin al conflicto logrando, por medio de un acercamiento entre las partes, una conciliación. El juez debe saber escuchar a las partes y, además, explicar con cordialidad y respeto las razones de su decisión. No se debe olvidar que generalmente una de las partes del proceso verá frustrada sus pretensiones y, es de esperar que, si pierde el juicio, sea por una decisión ajustada a Derecho, pero también con la satisfacción de haber sido oída por un juez atento a su problema y que respeta su calidad de persona.
Estas consideraciones están presentes incluso en la exposición de motivos del ACPC que, al referirse al nuevo rol del juez en el proceso por audiencias, indicaba que “el papel de director del proceso que se le reconoce al juez, dejando su función meramente pasiva, no lo convierte en un dictador, pues dispone las medidas de impulsión, sin autoritarismo ni prepotencia” (las cursivas son nuestras). Pero la actual norma procesal no indica nada al respecto. Lo que no debe ser obstáculo para entender que el juez deberá desempañar su función con un “comportamiento acorde con los buenos modales que demuestra buena educación y respeto hacia los demás”. Es lo que hace, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Civil brasileño, en sede de audiencia de instrucción (en cierto sentido similar a nuestra audiencia preliminar), al indicar que el juez debe “tratar con urbanidad a las partes, abogados, miembros del ministerio público o Defensoría Pública y a cualquier persona que participe en el proceso” (art. 360.IV CPC/Bra). Cuánto bien haría una norma como esta en nuestro Código Procesal Civil, pero sobre todo su aplicación práctica en el día a día de los juzgados.
2. Las actividades de la audiencia preliminar (Parágrafo I).
El artículo establece las actividades que se llevarán a cabo en la audiencia preliminar. En concreto las distribuye en seis numerales.
Sobre estas actividades el artículo deja varias interrogantes, entre algunas de ellas: si se deben llevar a cabo en el orden establecido en dicha norma o, si todas estas actividades se deberán desarrollar en una sola sesión.
Sobre la primera cuestión, el legislador no estableció expresamente la obligatoriedad de llevar a cabo las actividades indicadas en el art. 365 CPC en el orden establecido en la norma. Incluso puede ser aconsejable alterarlo a fin de lograr la mayor eficiencia en la audiencia. Por ejemplo, es más útil intentar la conciliación intraprocesal (núm. 2) antes que la ratificación de la demanda y contestación (núm. 1). De la misma manera, parece más prudente resolver primero las cuestiones relativas al saneamiento procesal (núm. 4) antes que recibir la prueba sobre las excepciones (núm. 3).
Sobre la segunda interrogante, no es necesario llevar a cabo una sesión de la audiencia por cada actividad del art. 365.I CPC. La norma no lo exige y, por el contrario, tal proceder puede considerarse dilación indebida ya que, si dos o más actividades (e incluso todas) pueden ser resueltas en la misma audiencia deben sustanciarse todas ellas, en cumplimiento del principio de celeridad (art. 1.10 CPC).
Por último, y como consecuencia de lo anterior, es posible que el proceso concluya en una sola audiencia. Lo que sucederá, por ejemplo, en casos de escasa complejidad donde no se requieran otros medios probatorios más allá de las documentales y en los de puro derecho.
Apreciación de su propia competencia.
Antes de entrar a realizar alguna de las actividades indicadas en el art. 366 CPC el juez deberá apreciar su propia competencia. Si el demandado opuso la excepción de incompetencia, deberá resolver esta primero y así evitar realizar actos nulos.
Si el demandado no alegó incompetencia mediante inhibitoria o declinatoria, y tampoco la opuso como excepción, de todas maneras, el juez debe apreciar de oficio si tiene competencia para conocer del objeto deducido en la demanda. Esta apreciación conviene que la haga, antes de cualquier actividad en la audiencia preliminar.
2.1. Ratificación de la demanda.
Conforme la numeración correlativa del art. 366 CPC la ratificación de las alegaciones iniciales, así como la alegación de hechos nuevos, y aclaración de extremos oscuros o contradictorios, debe ser la primera actividad de la audiencia preliminar. Pero parece más acorde al buen fin de esta audiencia que la primera actividad sea el intento de conciliación intraprocesal (indicada en el numeral 2), y que los numerales 1 y 6 del art. 366 CPC sean tratados como una de las últimas actividades de esta audiencia.
Justifican este orden el hecho que, si las partes concilian -o si habiendo llegado a la audiencia preliminar ya han resuelto la controversia de manera privada (mediante una transacción, por ejemplo)- ya no tendrían sentido el desarrollo de las demás actividades (numerales3 al 6), incluidas las del numeral 1.
Por otro lado, el desarrollo de las actividades indicadas en el art. 366.1CPC antes del saneamiento procesal y la resolución de las excepciones tampoco tiene mucha utilidad para el proceso -e incluso puede redundar en un dispendio innecesario de tiempo y recursos por parte de las partes y el juzgado- cuando el proceso concluye por motivos procesales sin resolución sobre el fondo.
Por último, la alegación de hechos nuevos (así como la proposición de prueba respecto de ellos), y la aclaración de extremos oscuros y contradictorios guarda íntima relación con la fijación definitiva del objeto del proceso y la admisión de prueba respecto de ellos. Lo que aconseja que sean tratados como una sola actividad, al final de la audiencia preliminar.
Por las razones expuestas comentaremos el contenido del art. 366.1 CPC de manera conjunta a la fijación definitiva del objeto del proceso establecida en el numeral 6 del art. 366 CPC.
2.2. Conciliación intraprocesal.
Indicaba el ACPC que “el cumplimiento de la función conciliadora o de exclusión de proceso (…) plantea el tema de la llamada justicia conciliadora, que, sin ser una novedad, sino más bien una forma de solución antigua, en la actualidad se ha revalorizado cumpliendo una elevada función social que se traduce en el avenimiento que se logra de las partes en torno a sus específicas pretensiones”.
Como se observa, la finalidad de esta actividad es intentar la conclusión extraordinaria del proceso, que la Ley propone hacerlo con un nuevo intento de solución pactada entre las partes. Esta vez, en presencia y bajo la dirección del juez. A pesar que el CPC deja muchas lagunas sobre esta conciliación intraprocesal, debemos considerara lo siguiente:
(a) Antes de la “tratativa de conciliación”, como la denomina el art. 366.I.2 CPC el juez deberá comprobar que las partes estén presentes o, no estando ellas, y acreditado el justo motivo de su inasistencia personal, que el poder de representación indique facultades para conciliar, y por supuesto disponer del objeto del proceso.
(b) Ninguna norma exige que la conciliación se haga sin presencia de abogado. Y decimos esto, porque es habitual constatar que en muchos casos se obliga a las partes a participar de esta conciliación sin la asistencia de su abogado. La presencia de las partes sin abogado, sólo se justifica si estas están de acuerdo y así lo consienten.
El abogado no es, necesariamente, sinónimo de obstaculización a la conciliación. Además, las partes tienen derecho a estar asistidas en todo momento por su abogado, aun en la conciliación. Por ello, aplaudimos el art. 41.I del Protocolo/2017 que aclara que las partes que concilian pueden estar en sala con sus abogados.
Cuestión distinta será, si las partes piden conciliar sin abogado o, si a sugerencia del juez, ambas partes están de acuerdo en ello. Pero esto es bien diferente a entender, de entrada, que la conciliación debe desarrollare sin la presencia de los abogados de las partes, y por lo tanto vetar su presencia en la audiencia porque se entienda que son un obstáculo para lograr la conciliación.
(c) Para dirigir de forma satisfactoria la conciliación el juez ya debe estar en pleno conocimiento de la demanda y la contestación. Lectura previa que, además, es indispensable para la correcta y acertada dirección de la audiencia preliminar y todo el proceso.
(d) La participación del juez en la conciliación intraprocesal, así como las opiniones que emita, no son causal de excusa y recusación y tampoco importan prejuzgamiento (art. 238 CPC).
(e) Al igual que en la conciliación preprocesal, las partes podrán conciliar todo o parte de las pretensiones discutidas. En el primer caso, el proceso concluirá con la suscripción del acta de conciliación, por las partes, el juez y el secretario judicial, adquiriendo efecto de cosa juzgada entre las partes (art. 237 CPC). En el segundo, continuará sobre los aspectos que las partes no logaron a un acuerdo (art. 236 CPC).
(f) Por último, para su validez el Acta de Conciliación debe estar firmada por las partes, el secretario y el juez. Como indica el art. 41.II del Protocolo: “la firma de la autoridad judicial y la secretaria o secretario sobre el acta de conciliación intraprocesal bastará para dar a la conciliación la calidad de aprobada, no precisándose la emisión de una resolución” (el resaltado es nuestro). La firma de las partes es fundamental, porque son ellas las que deciden el contenido del acta. El juez en este caso actúa de forma distinta que cuando dicta una sentencia, lo hace simplemente como fedatario del acto.
(g) De no llegarse a una conciliación, se proseguirá el proceso. Esto no impide que las partes, en cualquier momento y estado del proceso, puedan promover la conciliación (art. 235.III CPC) intra o extraprocesal. La preclusión no alcanza a cualquier nuevo intento de conciliación.
En resumen, la primera actividad que debe llevar a cabo el juez en la audiencia, luego de analizar y decidir sobre su competencia, y antes de realizar cualquier otra, es la de intentar una solución del conflicto pactada o conciliada entre las partes. A pesar que el art. 366.I.2 CPC coloca a la conciliación en el numeral 2, por lo tanto, no como la primera actividad a realizar, no se debe olvidar que el art. 235 CPC establece la conciliación intraprocesal al inicio del proceso. Pierde sentido la alegación de hechos nuevos, e incluso la aclaración de extremos oscuros o contradictorios de la demanda (art. 366.I.1 CPC), si el proceso concluirá mediante conciliación.
2.3. Saneamiento procesal, prueba y resolución de excepciones (núm. 3, 4 y 5).
Uno de los momentos más importantes de la audiencia preliminar es el saneamiento del proceso. Con esto se busca que no existan obstáculos procesales que impidan al juez dictar una sentencia valida sobre el fondo de la controversia.
Esta actividad de la audiencia preliminar debe realizarse luego de una infructuosa conciliación y antes de la fijación definitiva del objeto del proceso (incluida la alegación de hechos nuevos y aclaraciones sobre extremos oscuros, contradictorios e imprecisos) y el diligenciamiento de la prueba.
Como indicaba la exposición de motivos del ACPC, esta función saneadora del proceso “tiene por objeto la depuración de cuestiones no referidas al méritum causae, o sea, resolver todas las cuestiones no referidas al mérito de la demanda, para facilitar la futura labor del juez, de manera que este no se encuentre trabado con cuestiones vinculadas a incidentes, excepciones, nulidades u otras ajenas a la específica finalidad de la demanda y la contestación”.
A esta función de la audiencia preliminar es a la que el art. 366 CPC dedica mayor atención, regulando este aspecto en los numerales 3 al 5 del parágrafo I:
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a) Recepción de la prueba relativa a excepciones (núm. 3).
Generalmente muchas excepciones requieren una sustanciación de puro derecho o, pueden resolverse sólo con prueba documental preconstituida. Sin embargo, la norma autoriza la recepción de prueba sobre excepciones, cuando existieren hechos que así lo requieran.
Sobre el particular conviene advertir que la prueba que se admitirá será aquella que ya fue propuesta con la interposición de la excepción. En cuyo caso, ya debió ser ordenada por el juez, y no esperar esta audiencia para su diligenciamiento. Lo contrario es retrasar indebidamente el proceso. Por ejemplo, esto sucederá cuando la parte propone como prueba de su excepción algún documento que no cursa en su poder o pide informe, para lo que indica al juez el lugar en que se encuentra y pide ordene su remisión. En este caso el juez no debe esperar la audiencia preliminar para ordenar el diligenciamiento de dicha prueba, ya puede hacerlo inmediatamente, valorando su pertinencia, utilidad y licitud (con relación a la excepción interpuesta), ante el pedido de la parte. Máxime si la audiencia preliminar es el momento procesal oportuno para resolver las excepciones.
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b) Saneamiento del proceso: excepciones y nulidades procesales (núm. 4).
En ambos casos (excepciones y nulidades) el juez podrá pronunciarse de oficio o a petición de parte. Por un lado, está la facultad de las partes de hacer notar al juez el vicio o el defecto procesal. Por otro, la obligación del juez de velar por la válida constitución de la relación jurídico procesal y porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad; en definitiva, porque se pueda dictar una sentencia sobre el fondo que sea válida y eficaz.
Con relación a las excepciones, el juez deberá resolver las opuestas por las partes al momento de la contestación a la demanda o reconvención, sin que sea posible interponerla directamente en audiencia. Además de precluir su derecho a hacerlo, es un claro acto de mala fe (salvo que sea sobre un hecho sobrevenido). Lo que sí es posible es que el juez pueda apreciar de oficio las de incompetencia, incapacidad, cosa juzgada y transacción (art. 128.II CPC). Pero en todo caso, antes de resolver sobre ellas, y si no fueron de las propuestas por las partes, el respeto al principio de contradicción y el derecho a la defensa exigen que el juez escuche los argumentos de las partes al respecto.
En cuanto a las nulidades, igualmente deberá pronunciarse sobre las propuestas por las partes, ajustadas a las reglas de los arts. 105 y ss. CPC, así como declarar de oficio la que considere pertinente (art. 106.I CPC).
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c) Resolución de saneamiento o prórroga de la audiencia (núm. 5).
Como resultado de esta actividad saneadora el juez se pronunciará sobre las excepciones y las nulidades en una sola resolución, la que variará su contenido según las circunstancias. Podrá declarar la extinción del proceso, la nulidad de actuaciones, o la suspensión del mismo.
Respecto a la prórroga de la audiencia, el único caso en el que el art. 366 CPC autoriza diferir la audiencia es cuando no se ha podido producir la totalidad de la prueba. Ahora bien, la norma no aclara si se está refiriendo a la prueba sobre las excepciones o las nulidades, o la que guarda relación con el objeto del proceso principal. Pero todo indica que el legislador se está refiriendo a la prueba sobre las excepciones, porque hace referencia a la imposibilidad de dictar resolución de saneamiento. La siguiente audiencia deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez días.
2.4. Fijación definitiva del objeto del proceso (núm. 6 y 1).
Luego de la apreciación de su propia competencia, y ante el intento fallido de concluir el proceso mediante una conciliación intraprocesal, así como el saneamiento de las cuestiones procesales que impedían una resolución sobre el fondo de la controversia, corresponde entrar en la siguiente fase en la audiencia preliminar:
(1) la fijación definitiva del objeto del proceso y,
(2) el diligenciamiento de la prueba propuesta en relación a ese objeto.
En este y el siguiente acápite veremos ambas actividades.
Respecto a la fijación del objeto del proceso, debemos ceñirnos a las reglas de los numerales 1 y 6 del art. 366.I CPC. Si bien dicho artículo las enumera en forma separada y distante (una al comienzo y la otra al final), estas actividades deben ser tratadas en conjunto y como una de las últimas de la audiencia preliminar.
No tiene sentido hablar de fijación del objeto procesal si este ya fue conciliado, o si el proceso no puede proseguir por algún vicio o defecto procesal.
Por otro lado, la delimitación del objeto del proceso es más precisa cuando se aclaran los extremos oscuros, contradictorios o imprecisos de la demanda; la que incluso puede verse alterada (pero no modificada) con la alegación de hechos acaecidos con posterioridad a la demanda y contestación.
Ahora bien, entender la “función delimitadora” de la audiencia preliminar exige partir de considerar que:
(1) En atención al principio dispositivo, quien introduce el objeto del proceso es el demandante.
(2) El demandado, al contestar, no altera dicho objeto, sólo delimita los aspectos del debate procesal (cuando el demandado reconviene introduce un nuevo objeto que, a su vez, será delimitado por el demandante al contestar la reconvención).
(3) Las aclaraciones que se hagan en la audiencia preliminar sobre hechos afirmados en las alegaciones iniciales (demanda, contestación, reconvención) no podrán modificar la causa de pedir y,
(4) Los hechos nuevos que pudiesen alegarse en dicha audiencia, no podrán modificar las pretensiones o peticiones iniciales.
Bajo estos parámetros analizaremos a continuación las normas contenidas en los numerales 1 y 6 del art. 366.I CPC.
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a) Ratificación de la demanda, contestación y reconvención.
La ratificación exigida por la norma es importante para que:
(1) Las partes puedan explicar al juez de forma oral el contenido de sus pretensiones y contestaciones y,
(2) El juez pueda aprovechar esta oportunidad para pedir aclaraciones sobre algún aspecto que así lo necesite.
Incluso así lo establece el propio artículo que indica que en esta ratificación se podrán “aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes”.
De esta manera, se contará con mejores elementos para fijar definitivamente el objeto del proceso, el que condicionará la actividad probatoria y, obviamente, la sentencia.
El numeral 1 del art. 366.I CPC debe ser entendido más allá de su tenor literal. No se trata de una simple ratificación, o de exigir a las partes que simplemente respondan si ratifican sus alegaciones iniciales presentadas por escrito. La simple ratificación carece de todo sentido si se considera que si se llegó hasta la audiencia preliminar es porque el conflicto subsiste. Por lo tanto, salvo manifestación expresa de las partes sobre algún acuerdo (v.gr., transacción), la sola comparecencia de ellas a la audiencia preliminar debe entenderse como ratificación de la demanda, contestación y reconvención, aunque las partes no hayan ratificado oralmente las alegaciones iniciales. Incluso, la Ley no establece ninguna sanción para la parte que se abstuviese de dicha ratificación.
También debe considerarse que nuestro CPC no arbitra mecanismos de réplica y dúplica sobre las alegaciones iniciales (v.gr., contestación de la contestación) y, sin embargo, pueden haber hechos alegados por el demandado sobre los que el juez quiera alguna aclaración o incluso escuchar lo que el demandante tiene que decir sobre ellos. La ratificación, entendida como exposición oral de la demanda, contestación y reconvención, permite esta posibilidad. El problema en todo caso será discernir hasta qué punto estos hechos alteran el objeto del proceso y, si así fuere, en qué medida podrán ser usados por el juez para dictar sentencia. Si así sucediere, el juez no podrá utilizar alguno de estos hechos so pena de dejar en indefensión a la otra parte (sobre todo respecto de la posibilidad de ofrecer prueba que contradiga tales hechos).
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b) Aclaración de extremos oscuros, contradictorios o imprecisos.
La norma que comentamos permite que las partes realicen aclaraciones de extremos oscuros, contradictorios o imprecisos. Por aclaración debemos entender no la introducción de un hecho nuevo, sino la explicación y/o delimitación de los hechos ya alegados.
El límite de estas aclaraciones es la mutatio libelli, es decir, la misma prohibición de modificación de la demanda ya contenida en el art. 115 CPC. En ello no existe contradicción entre los arts. 115 y 366.I.1 CPC. La ampliación o modificación de la demanda solo podrá hacerse hasta antes de la contestación. Y la ratificación del art. 366.I.1 CPC no puede transgredir este límite.
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c) Alegación de hechos nuevos.
Sobre la alegación de hechos nuevos indicada en el art. 366.I.1 CPC estos pueden ser introducidos al proceso en la audiencia preliminar, pero el artículo en comentario no indica qué o cuándo un hecho debe considerarse como nuevo.
No comparto el criterio del Primer Conversatorio CPC de septiembre de 2014, según el cual estos (los hechos nuevos) serían los que se suscitaron “ante de interponer la demanda -o contestación- y la parte tenía pleno conocimiento del mimo y que no fue argumentado en su oportunidad” (las cursivas son nuestras). De asumir esta conclusión se daría pie a la mala fe y se vaciaría de contenido el deber de veracidad del art. 62.1 CPC. Tampoco comparto la distinción que hacen las conclusiones de dicho Conversatorio respecto a que estos hechos serían distintos de los hechos nuevos del art. 115.II CPC. En mi criterio ambos artículos se refieren al mismo tipo de hechos.
Si consideramos que al realizar las alegaciones iniciales (demanda, contestación, reconvención, excepciones) las partes tienen la carga de alegar los hechos que sustentan su pretensión y sus defensas, cualquier hecho posterior a estos momentos procesales debe considerarse un hecho nuevo que, en principio ya no puede ser incorporado al proceso.
Las únicas posibilidades de introducir tales hechos al proceso, a título de excepción, es que (1) el hecho sea posterior a tales momentos procesales e influye decisivamente en el objeto del proceso (hecho nuevo propiamente dicho) o que, (2) siendo anterior, se permite su alegación en atención a las aclaraciones y complementaciones del contrario. Pero, en ambos casos, no pueden modificar la pretensión.
El art. 366.I.1 CPC permite que tales hechos (los conocidos o suscitados hasta ese momento) sean alegados en la audiencia preliminar a fin de delimitar el objeto del proceso. Estos hechos ya no podrán ser alegados después de esta audiencia, sobre ellos pesará la preclusión, salvo, claro está, que su conocimiento sea reciente. En todo caso, el respeto a los principios de defensa y contradicción exigen que la contraparte tenga la posibilidad de contestarlos, e igualmente proponer y producir prueba sobre ello, si así lo estima conveniente.
Luego de la exposición de la demanda, la aclaración de extremos oscuros, contradictorios o imprecisos, así como la alegación de hechos de nueva noticia (si los hubiese), se habrá delimitado definitivamente el objeto del proceso.
2.5. Ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba.
La última actividad contenida en el art. 366.I.6 CPC es la determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisibles. Es decir, fijados los términos del debate procesal, la actividad probatoria, y sobre todo la sentencia (en lo relativo a la congruencia), está condicionada al objeto del proceso deducido en la demanda y fijado definitivamente en la audiencia preliminar.
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a) Determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible.
Indica el art. 366.I.6 CPC que en la audiencia preliminar se determinará, ordenará y diligenciarán los medios de prueba admisibles. Lo que no prohíbe, en mi criterio, que, si fuere posible, el juez ya haya ordenado (cuando posible) el diligenciamiento de prueba propuesta en la demanda. Es decir, conviene llegar a la audiencia preliminar con la mayor cantidad de prueba posible (siempre que esta sea útil y permitente). Esperar solo a la audiencia preliminar para ello, dilata innecesariamente el proceso. Apoyan esta interpretación los siguientes argumentos:
- La proposición de prueba se hace con la demanda y la contestación. En estos dos momentos procesales se deberá aportar al proceso toda la documental que se encuentre el poder de las partes, o indicar el lugar en el que están. Además, en estos mismos momentos procesales, si se pretende producir cualquier otro medio de prueba, la parte “deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar” (art. 111 CPC).
- El juez podrá evaluar, desde el inicio mismo del proceso, la pertinencia y utilidad de la prueba propuesta, ya que podrá contrastarla con el objeto deducido en la demanda.
- El diligenciamiento de prueba desde el inicio del proceso permite avanzar con mayor rapidez y, de ser posible, llegar a la audiencia preliminar con la mayor prueba posible, lo que permitirá, en algunos casos, dictar sentencia en dicha audiencia.
- Si la prueba diligenciada desde el inicio resultare impertinente por haberse conciliado sobre la pretensión discutida, o declarado probada alguna excepción que excluya alguna pretensión, bastará con que el juez no la tome en cuenta al momento de dictar sentencia (art. 142 CPC in fine CPC), fundando su resolución en la impertinencia de la misma.
- El mismo art. 366.I.6 CPC permite la recepción de prueba en la audiencia preliminar. Y puede entenderse que no se refiere solamente a la prueba sobre las excepciones (art. 366.I.3 CPC), sino aquella que servirá para resolver el fondo de la controversia discutida.
- Por último, no existe norma expresa que prohíba al juez ordenar y diligenciar prueba antes de la audiencia preliminar. Obviamente, conforme las reglas de los arts. 134 y ss. CPC.
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b) Recepción de los medios de prueba cuyo diligenciamiento fuere posible en la audiencia.
En este punto el legislador se está refiriendo principalmente a la confesión provocada (arts. 156 y ss. CPC). La documental ya habrá sido adjuntada a la demanda (o en todo caso requerida por el juez al momento de admitirla); la testifical y pericial, requerirá la convocatoria de los testigos y la designación y aceptación del cargo del perito. Igualmente, las inspecciones y reconstrucciones de hechos, salvo en los lugares donde fuere posible hacerlo inmediatamente, requerirán alguna preparación previa (v.gr., notificación con un día de antelación, concurrencia de asesores técnicos de las partes).
2.6. Convocatoria a audiencia complementaria.
El legislador diseñó un proceso en el que, de ser posible, puede llegar a concluir directamente en la audiencia preliminar (cfr., art. 367.IV CPC), por lo que la realización de la audiencia complementaria no es obligatoria, sino sólo en aquellos casos en los que las circunstancias (v.gr., diligenciamiento de prueba) requieran su realización.
3. Proposición de nuevos medios de prueba (Parágrafo II).
Si bien toda la prueba se debe proponer con la demanda y la contestación, el advenimiento de un hecho nuevo o sobreviniente (posterior a la fecha de la presentación de la demanda) abre la posibilidad de proponer y producir prueba sobre el mismo (arts. 115.II y 366.II CPC). En todo caso, siempre sujeto a las reglas generales sobre la prueba (v.gr., utilidad y pertinencia).
Al interponer la demanda (o reconvención) y realizar la contestación, las partes tienen la carga de adjuntar la prueba documental que tuviesen en su poder o, en ausencia de ello, indicar el contenido y lugar donde se encontraban pidiendo su incorporación al proceso (art. 111.I CPC). Igualmente, respecto de los demás medios de prueba, las partes tienen la carga de proponerla en los escritos iniciales (art. 111.II CPC). Pasados estos momentos procesales la preclusión se impone a fin de resguardar el derecho a la defensa. Esta es la regla.
Pero el legislador también es consciente que después de la demanda y la contestación, y en general en el transcurso del proceso, las partes pueden tener conocimiento de hechos nuevos (razón por la que no pudieron ser alegados al inicio del proceso) que puedan servir para dictar una sentencia lo más justa posible, y permite que sobre ellos la partes propongan prueba. Es la excepción.
Una vez definido por el juez que los nuevos hechos son jurídicamente relevantes respecto de las pretensiones deducidas en el proceso, la prueba aportada y ofrecida debe cumplir los criterios de utilidad, pertinencia y licitud para que el juez ordene su diligenciamiento.
Si la prueba ofrecida es documental el juez deberá admitirla o rechazarla en la audiencia. Si la prueba se refiere a testificales o periciales, decidirá sobre su diligenciamiento y posterior producción en la audiencia complementaria.
Las mismas reglas sobre admisión, diligenciamiento y producción de prueba sobre hechos nuevos se aplica a la que verse sobre las rectificaciones realizadas en la audiencia preliminar. La norma no indica cuál el alcance o qué debe entenderse por rectificación. Pero en todo caso puede entenderse que el artículo hace referencia a las aclaraciones del numeral 1 art. 366.I CPC.
COMENTARIO ART. 366.I.6.
Luis Alberto Arias Lazcano
1. Introducción.
El Código Procesal Civil (CPC) a tiempo de modificar el procedimiento —antes escrito y ahora oral— con el que se sustanciaban los procesos, entendiendo la actividad procedimental como forma de la actividad judicial y necesaria para el desarrollo del proceso, y al proceso como cauce por donde se desarrolla la jurisdicción, también ha destacado institutos procesales que, existiendo antes de la vigencia de la nueva legislación, no se les prestaba la debida atención que ahora tienen. Así, si antes el Código de Procedimiento Civil (CPCA) fundaba el desarrollo de los procesos sobre el concepto de la acción, ahora el CPC lo hace sobre el de la pretensión. Reitero, no es que antes existía uno en lugar del otro, se trata de que, coexistiendo ambos —antes y ahora—, la nueva legislación centra su atención en la pretensión.
Como se sabe, si la acción es “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”[1], su objeto es y siempre será un acto de tutela a prestar por el Juez (puede ser declarativo, mero declarativo o de condena). Por eso ahora se dice que la acción como derecho a la jurisdicción sólo puede ser una y sólo puede existir en un concepto que en su acepción moderna es unitario. En este entendido, no es útil —o al menos es poco útil— hablar de clases de acciones, sino de una única acción. Lo contrario significa haberse quedado en el concepto romano o de mediados del siglo XIX: en el primero, sistema de acciones cuyas fuentes creadoras del Derecho eran la jurisprudencia y el Edicto del Pretor, que no contenían catálogos de derechos subjetivos sino catálogos de formas de reclamar procesalmente, de acciones; en el segundo, la concepción monista de la acción que identificaba el derecho subjetivo con el derecho de acción (Savigni).
Otra cosa muy diferente sucede con la pretensión, como “declaración de voluntad petitoria que se caracteriza porque ha de estar fundamentada, esto es, que tiene que hacer referencia a un acontecimiento determinado de la vida”[2], cuya trascendencia con el objeto del proceso permite hablar de clases de pretensiones y hasta afirmar que estas pueden ser infinitas en cantidad. Mientras la acción se dirige frente al Estado (Juez), la pretensión se dirige contra el demandado.
Es bajo estos conceptos que, merced a la generosa invitación de mi amigo, Dr. Alex Parada Mendía, me propongo comentar el art. 366.I.6 del CPC cuya redacción transcribo:
“En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades: (…)
“6. Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible; recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión”.
2. Audiencia preliminar.
La dogmática procesal coincide en que el concepto —Audiencia preliminar— se refiere a la etapa procesal en la que habrán de depurarse todos los defectos y óbices impeditivos para que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto, así como la preparación del juicio y la cobertura hacia una posible conciliación entre las partes. Si la palabra audiencia proviene del latín audientia y significa: acto de oír, previa concesión, a las personas, a quienes exponen razones o pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o expediente; la palabra preliminar proviene del latín “prae” que significa “antes” y “liminaris” del umbral de la puerta; es decir: antes de ingresar.
Resulta que nuestra Audiencia preliminar además de autorizar la realización de actuaciones propias de la etapa preliminar del juicio, también lo hace respecto de las del propio juicio y hasta permite que éste termine, que se dicte sentencia. Para el caso de que esto último no ocurra, el CPC prevé una Audiencia complementaria, “complementaria” de la Audiencia preliminar. Resulta que la segunda vendría a ser el complemento de la primera, de la preliminar (antes del juicio).
En resumen, nuestra audiencia “preliminar” es algo más que la antesala del juicio. Como existe la posibilidad que en ella concluya el proceso con una sentencia sobre el fondo, es ya el juicio propiamente dicho.
3. Fijación definitiva del objeto del proceso.
El objeto del proceso es la pretensión y ésta está contenida en la demanda e individualizada con referencia a un conjunto fáctico preciso. El demandado, al contestar, no la puede modificar —si lo hiciera estaría introduciendo una nueva pretensión, un nuevo juicio (v.gr., la reconvención)—, pero sí puede introducir hechos que ampliarán el debate del juicio y vincularán al juez a tiempo de resolver la causa. Modificará la congruencia de la sentencia.
La “fijación definitiva del objeto del proceso” no significa que éste —o lo que es lo mismo: la pretensión— se modifique. Se trata que desde que se interpuso la demanda y hasta la celebración de la Audiencia preliminar pudieron haber sucedido hechos nuevos que es posible alegarlos en esta audiencia siempre, claro está, que no modifiquen la pretensión. Conforme dispone el art. 366.I.1 del CPC: “alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas”. Así, la “fijación definitiva del objeto del proceso” significa precisarlo, identificarlo o, lo que es lo mismo: precisar o identificar la pretensión.
La identificación del objeto del proceso —o de la pretensión— es muy importante porque individualiza al proceso, lo distingue de los demás procesos. Su relevancia se revelará cuando aparezcan los casos de litispendencia (juicio o litigio pendiente con la misma pretensión) o cosa juzgada o res iudicada (juicio resuelto, terminado y con la misma pretensión).
4. Determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible.
En principio es necesario aclarar que no es acertado hablar de “medios de prueba admisible”. Bajo el principio de legalidad (art. 1.2 CPC), en los medios de prueba está regulada la actividad que es preciso realizar para incorporar la fuente de prueba al proceso. Éstos —los medios de prueba— pueden ser idóneos o inidóneos (no idóneos) pero no admisibles o inadmisibles porque estas son categorías propias de la prueba (fuente de prueba) que será admisible cuando se la introduzca al proceso por el medio de prueba idóneo o inadmisible si el medio de prueba utilizado es inidóneo.
El CPC confunde los conceptos de medios de prueba y fuente de prueba y, como resultado de la confusión, hasta legisla sobre los primeros como numerus apertus. El art. 144.III autoriza a las partes a “valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley”, recomienda aplicar la “analogía”. El art. 366.II faculta a las partes a proponer medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. Pareciera que se está “facultando” a las partes a modificar el CPC creando, inventando e introduciendo nuevos medios de prueba. Si se estuviera tratando de la fuente de prueba el articulado tendría sentido, habida cuenta que, como se sabe, el paso del tiempo, los cambios, la tecnología, etc., va descubriendo nuevas e ilimitadas fuentes de prueba que se van a poder incorporar al proceso por uno de los medios de prueba ya previstos por la ley, v.gr. el documento cuyo soporte no es un papel sino una cinta magnetofónica o un disco, una videograbación. etc.
A esto hay que agregar que los medios de prueba no se diligencian, se diligencia la fuente de prueba observando los mecanismos y siguiendo las actividades prevista en el medio de prueba idóneo para que aquella ingrese al proceso. Un ejemplo ayudará a clarificar los conceptos: en la prueba testifical, el testigo y su conocimiento de los hechos es la fuente de prueba, que deberá seguir el procedimiento previsto en el medio de prueba testifical para que su declaración ingrese al proceso.
El CPC usa las denominaciones de medio de prueba y fuente de prueba indistintamente, como si fueran sinónimos. Así el art. 144.I describe los medios de prueba. Medios “legales” de prueba, dice, como si pudiera haber “ilegales” e incorporados al Código por el mismo legislador. Si se refiriera a la fuente de prueba estaría correcto, ésta puede ser legal, ilegal, lícita, ilícita, etc., pero no es necesario decirlo, se sobreentiende.
Finalmente dejamos sentado que las presunciones no son medios de prueba. No cumplen la función de regular la actividad tendente a incorporar la fuente de prueba al proceso.
Pero, para “determinar, ordenar y diligenciar los medios de prueba” —la fuente de prueba— es menester saber sobre qué recaerá la prueba, saber en concreto qué deberá probarse.
Como se sabe, la primera carga procesal que el demandante tiene al demandar es afirmar hechos, después vendrá la segunda que es probar los hechos afirmados. Ahora bien, no todos los hechos afirmados por el demandante y demandado deben ser probados. Existen hechos admitidos o no controvertidos que no necesitan ser probados (art. 137.1 CPC); tampoco los hechos notorios ni los evidentes (art. 137.2 y 3 CPC); los hechos favorecidos por las presunciones no necesitan ser probados por la parte a quien favorece la presunción, sí por la parte contraria para destruir la presunción.
Los hechos que necesitan ser probados, según reconocen la doctrina y las legislaciones procesales, son los hechos controvertidos. Carnelutti[3] dice: “Entre los hechos no afirmados por ninguna de las partes, hechos que no existen para el juez, y los hechos afirmados por todas las partes, que para él existen sin más, se encuentra la zona neutra de los hechos afirmados tan sólo por una o alguna de las partes, es decir, hechos afirmados pero no admitidos, que pueden existir o no. Son los hechos controvertidos, que constituyen la regla en materia de prueba”.
Pero, ¿Quién sabe, quién dice o, mejor, quién decide cuándo un hecho es controvertido y en consecuencia debe ser probado? El legislador se olvidó o no sabía que este tema es elemental e ineludible en el desarrollo del proceso: la fijación de los puntos de hecho a probarse. El art. 142 —en relación al rechazo de la prueba— dispone que “Determinados los hechos a probar, la autoridad judicial rechazará de oficio o a petición de parte, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho”. Pero, ¿cuándo es el momento procesal para la fijación o determinación de los hechos a probar?
Es sin duda es en la propia Audiencia preliminar, en el numeral 6 del art. 366.I, después de la “fijación definitiva del objeto del proceso” y antes de la “determinación, ordenamiento y diligenciamiento” de la prueba, por los medios probatorios que corresponda. Pero, el silencio o la omisión en relación a la fijación de los puntos de hecho a probar se extiende al tratamiento procesal de tal acto procesal. ¿Cuál será la naturaleza de la resolución que fijará tales puntos de hecho a probarse? ¿Cuál será el mecanismo idóneo para impugnar tal resolución, buscar su modificación o dejarla sin efecto?
El Código de Procedimiento Civil abrogado manejó el tema de mejor manera. Su art. 371 disponía que, “al sujetarse la causa a prueba el juez fijará, en auto expreso y en forma precisa, los puntos de hecho a probarse. Este auto podrá ser objetado por las partes dentro de tercero día y dará lugar a pronunciamiento previo e inmediato. Podrá ser apelado en efecto devolutivo sin recurso ulterior” decía. Después —ya se sabe— por mandato del art. 24.3 de la LAPCAF el efecto del recurso de apelación devino en diferido.
Estimo que —aunque nos apartemos de nuestra tradición jurídica— bajo los conceptos de las resoluciones judiciales y medios de impugnación previstos en la actual legislación, la resolución que fije los puntos de hecho a probarse debería ser un Auto interlocutorio (art. 210) que faculte a las partes a impugnar tales puntos de hecho mediante Recurso de reposición (art. 253 y ss.), pidiendo (1) que se excluyan algunos de ellos (v.gr. por ser hechos admitidos o no aportados por ninguna de las partes); o (2) que se agreguen otros (v.gr. por ser relevantes y controvertidos); o, finalmente, (3) que la resolución quede sin efecto habida cuenta que no existen puntos de hecho para probar porque el juicio es de puro derecho. La resolución que resuelva el recurso admitiría, subsidiariamente, Recurso de apelación en efecto diferido y bajo el procedimiento previsto por el art. 262 del CPC.
5. Conclusión.
El numeral en cuestión, desde mi parecer, debió ser redactado así:
Art. 366.I.6: “(ACTIVIDADES EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR).
- En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades: (…)
- Fijación definitiva del objeto del proceso; fijación, mediante Auto interlocutorio, de los puntos de hecho a probarse. Este auto podrá ser impugnado mediante Recurso de reposición y subsidiario de apelación en efecto diferido; determinación, ordenamiento y diligenciamiento de la prueba; recepción de las pruebas ya diligenciadas o que no necesitan diligenciamiento, o convocatoria a audiencia complementaria para producir la prueba que no se hubiera diligenciado, hasta su conclusión.
Pero habría que cambiar también:
- El art. 65.2: ya que los medios probatorios no se producen, se produce la prueba;
- El art. 111.II: por la misma razón;
- El art. 134: por la misma razón;
- El art. 144.II: porque los documentos y firmas digitales, etc. son prueba no medios de prueba;
- Y un muy largo etcétera que sigue por el art. 144.III, pasando por el art. 145.III (porque los medios de prueba no se valoran, ahí los puso el legislador y listo, se valora la prueba), art. 187.I, etc., etc.
[1] COUTURE, Eduardo J.: Fundamentos del derecho procesal civil, 4ta edición, Ed. IBdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2005, p. 47.
[2] MONTERO AROCA, Juan, GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, MONTÓN REDONDO, Alberto, BARONA VILAR, Silvia: Derecho Jurisdiccional, Volumen II, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 118.
[3] CARNELUTTI, Francesco: La Prueba Civil, 2da edición, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 15.
Jurisprudencia sobre el art. 366 – Actividades en la Audiencia Preliminar en el Código Procesal Civil.
En la audiencia preliminar se determinará, ordenará y diligenciarán los medios de prueba admisibles.
El referido art. 366 I.6 permite la recepción de prueba en la audiencia preliminar, no se refiere solamente a la prueba sobre las excepciones, sino aquella que servirá para resolver sobre el fondo de la controversia discutida.
AS 261/2020, del 6 de julio 2020:
“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“La normativa preceptuada por el art. 106 de la Ley Nº 439 en concordancia con el art. 17 de la Ley Nº 025 establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, tal cual se expresó en el punto III.1 de la doctrina aplicable, en cuyo marco corresponde enunciar las siguientes consideraciones:
“En el presente caso, tras una revisión exhaustiva de los antecedentes procesales, en particular de la determinación asumida en el Auto de Vista Nº 26/2020 de 28 de enero, se observa que el Tribunal de apelación tomó una decisión que revoca parcialmente la sentencia de primer grado. El fundamento con el cual se asume esta determinación, radica en el hecho de que en el presente caso, el Juez de grado no habría tomado en cuenta que la comprobación de la existencia física de los bienes muebles enlistados en la demanda de división y partición fue obstruida por el demandado, ya que así se observaría en los informes periciales de fs. 344, 402 y 409 de obrados, donde el perito asignado a dicha tarea, habría manifestado que no pudo realizar el trabajo encomendado por negativa del demandado, ya que éste le habría impedido el ingreso a los inmuebles donde se encontrarían los muebles pretendidos.
“Entonces, para enmendar tal situación, el Ad quem instruyó que en ejecución de sentencia el juez de primera instancia aperture una etapa incidental para que el perito realice la verificación de los bienes muebles en cuestión, incluso con facultades de allanamiento, en caso de nueva negativa del demandado y partir de ello se pueda definir la situación de estos muebles, en sentido de establecer si estos existen o no.
“Dentro de ese marco, se infiere que la decisión del Tribunal de alzada tiene por fin que en el presente caso, se aperture un periodo incidental probatorio dentro la etapa de ejecución del proceso, para luego recién definir la situación de los bienes muebles pretendidos por el actor.
“Así planteada esta determinación, resulta errada, ya que la misma desnaturaliza la esencia del proceso ordinario de conocimiento, donde los pronunciamientos que se emiten tienen por objeto establecer una declaración de certeza respecto a la existencia o inexistencia de los derechos reclamados por las partes; declaración que sin duda exige del órgano deliberador un examen cognoscitivo tendiente a evaluar los elementos de juicio que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas, y si bien en esta labor el juzgador puede tropezar con situaciones que impidan una apreciación concreta de la realidad jurídica de los derechos debatidos, ello no debe imposibilitar, mucho menos impedir un pronunciamiento definitivo, ya que es para ello que nuestra legislación ha incorporado una serie de disposiciones normativas que otorgan facultades y/o poderes a la autoridad judicial, destinadas a que éste, independientemente de la actividad desarrollada por las partes, pueda establecer por diferentes mecanismos la verdad de los hechos y derechos debatidos en el proceso. Esto se debe a que a diferencia de lo que ocurre en otros procesos judiciales, en el proceso de conocimiento existe una incertidumbre jurídica inicial que es necesaria despejar a través del contradictorio.
“Si esto es así, no cabe duda que en el proceso de conocimiento, la autoridad judicial, al momento de emitir la decisión definitiva, debe ser clara en establecer a quien pertenece el derecho cuestionado o la cosa litigiosa, lo que significa que el mismo no puede diferir tal determinación a otras atapas(sic.) del proceso bajo excusa de ausencia de elementos probatorios o actuaciones pendientes, sino que ésta debe ser definida en la fase decisoria del litigio a efectos de otorgar certeza a la situación jurídica de las partes; de ahí la importancia del respeto de las etapas o fases que componen el juicio, pues solamente comprendiendo éstas, el juzgador podrá encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordenar a las partes el cumplimiento de las disposiciones judiciales que emerjan del proceso.
“A ese efecto, se tiene que el juicio civil ordinario diseñado a la luz del Código Procesal Civil está conformado por una etapa previa a juicio y una etapa de juicio. La etapa previa está compuesta por la conciliación previa, las diligencias preparatorias, las medidas anticipadas de prueba, las medidas cautelares, entre otras tendientes a preparar el juicio. Por otro lado, la etapa de juicio se subdivide en dos fases: la fase escrita y la fase oral de juicio.
“La fase escrita puede estar presente en las diferentes etapas del proceso, tales como la fase de impugnación a tiempo de interponer el recurso de apelación, aunque en términos concretos ésta se presenta con mayor rigor al comienzo del juicio y antes de entablarse la relación jurídico procesal (que se da en la audiencia preliminar). De esa manera, la fase escrita se hace manifiesta con la interposición de la demanda que contiene una petición de actuación dirigida al juez; así como con las excepciones tendientes a la regularización del proceso o a impedir la constitución del proceso; de igual forma es parte de esta fase la contestación a la demanda y la reconvención opuesta por el demandado con otra pretensión en contra del actor, cerrándose de esa forma el momento o la etapa propiamente escrita, pues posterior a la contestación o reconvención (en caso que existiera la misma), de acuerdo al art. 363 del Código Procesal Civil, el juez deberá señalar día y hora para el desarrollo de la audiencia preliminar y de ser necesaria la complementaria, dando inicio a la fase oral de juicio, que comprende las actividades señaladas en los arts. 366 y 368 del mencionado Código.
“Dentro de la fase oral de juicio resaltan otras etapas que son desarrolladas justamente dentro de las actividades señaladas por los artículos mencionados, entre las que tenemos: a) la etapa probatoria, que es la fase en la cual cada una de las partes deberá demostrar sus alegaciones a través de los diferentes medios probatorios reconocidos por el ordenamiento jurídico. Esta etapa comúnmente comprende dos sub etapas: la de ofrecimiento de la prueba, y la de producción de la prueba; la primera, en el caso del proceso civil boliviano concurre con la presentación de la demanda y la contestación, donde de acuerdo a lo establecido por los arts. 111 y 125 núm. 4) del Código Procesal Civil, las partes deben ofrecer los medios probatorios tendientes a demostrar sus pretensiones y alegaciones, y cuya producción y/o diligenciamiento, es decir la segunda sub etapa, se lleva a cabo durante el desarrollo de la audiencia preliminar y complementaria, conforme prescriben los arts. 366 núm. 6) y 368.II del mencionado Código. Si bien esta atapa(sic) en apariencia pareciera ser mixta, ya que en ella concurre tanto el sistema escritural (en el ofrecimiento) como el sistema oral (en la producción y diligenciamiento), nuestro Código es claro al señalar que toda la actividad probatoria debe ser desarrollada durante las dos audiencias que comprende el juicio (ver art. 138 del CPC), actos que por su naturaleza son de carácter oral, por tanto, la etapa probatoria se enmarca dentro de la fase oral; b) la etapa conclusional y decisoria, en esta etapa actúan las partes para presentar ante el juez las conclusiones sobre el mérito de sus pretensiones y la validez de las pruebas presentadas y producidas en el proceso y el deber del juez de dictar la sentencia. Esta etapa se desarrolla durante la audiencia complementaria conforme refiere el art. 368.VI y VII del Adjetivo civil, que claramente indican que una vez producidos los elementos probatorios, la autoridad judicial, por su turno, oirá los alegatos de las partes y a continuación pronunciará sentencia. Cabe señalar que dentro del proceso de conocimiento, esta etapa, particularmente la decisoria, constituye la fase más importante del juico, pues la misma es la razón de ser del proceso ya que es ahí donde el juez, tras un examen lógico volitivo, opta por una de las proposiciones fundamentadas y probadas en el desarrollo del proceso, razón por la cual esta fase no puede ser diferida a otras etapas del procedimiento, ya que ello involucraría no cumplir con la máxima dispuesta en el art. 213.I del Código Procesal Civil, que claramente dispone que la Sentencia es el acto procesal que pone fin al litigio; c) la etapa impugnativa, esta etapa materializa el principio legal de doble instancia, pues es en ella donde la parte que considere agraviado sus derechos, puede interponer los recursos que la ley le franqueé (apelación), para que una autoridad o Tribunal superior, que cuenta con las mismas prerrogativas que juez inferior, pueda examinar el trámite y la decisión asumida en primera instancia y de esa manera dilucidar el conflicto suscitado en el proceso. Esta etapa también forma parte de la fase oral, pues conforme refiere el art. 264 del Código Procesal Civil, una vez que el Tribunal de apelación ha recibido el cuaderno o expediente de apelación, debe señalar día y hora de audiencia para el diligenciamiento de la prueba a la que se refiere el art. 261.III del mismo Código, la formulación de conclusiones y el nombramiento de vocal relator; de igual forma deberá señalar audiencia para la lectura del Auto de Vista correspondiente. Cabe resaltar que en esta atapa,(sic) el Tribunal de apelación, a objeto de emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo, también puede producir, de oficio, los elementos probatorios que crea convenientes para así descubrir la verdad material de los hechos postulados por las partes, ello en el marco de la prerrogativa estipulada en el art. 24 núm. 3) del Adjetivo Civil. Finalmente encontramos a la etapa ejecutoria, que si bien no corresponde propiamente a la fase escrita u oral, es complementaria de ambas ya que está ligada al sentido finalístico del proceso, pues la búsqueda de una declaración judicial es, en sentido estricto, la necesidad de contar con un instrumento que produzca un cambio o defina la situación de quienes acuden ante el órgano jurisdiccional; de manera que si la sentencia no pudiera cumplirse, el proceso carecería de sentido, puesto que no se podría efectuar tal objetivo, por tanto, la etapa ejecutoria cumple esa función, es decir, la de convertir en eficaz la decisión definitiva obtenida en el proceso y con ello definir o modificar la situación jurídica de quienes postularon una o más pretensiones ante la autoridad judicial.”
(El resaltado es nuestro).
La norma autoriza la recepción de prueba sobre excepciones, cuando existieren hechos que así lo requieran la prueba que se admitirá será aquella que ya fue propuesta con la interposición de la excepción.
AS 147/2021, del 01 de marzo de 2021:
“CONSIDERANDO IV: DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“Expuestos como están los fundamentos que hacen a la doctrina aplicable al caso, corresponde a continuación ingresar a considerar los reclamos expuestos en el recursos de casación interpuesto por la demandada ahora recurrente.
“En ese entendido, se tiene que los reclamos vertidos en el recurso de casación, en lo principal, reclama que el auto de vista impugnado ha vulnerado el debido proceso en todas sus vertientes, es atentatorio contra derechos a la seguridad jurídica y el derecho a la sucesión hereditaria legal, es incongruente, falta de motivación, vulneración del principio de verdad material sobre los hechos facticos del proceso.
“A este efecto, de la revisión del Auto de Vista Nº 76/2020 de 21 de octubre, que cursa en fs. 338 a 340 vta., se tiene que el Tribunal de alzada de conformidad a lo establecido por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial asumió una decisión anulatoria de obrados, argumentando que el Juez de la causa cumplió únicamente los puntos 1 y 2 del art. 366 del Código Procesal Civil y en la audiencia preliminar de 3 de diciembre de 2019 no se pronunció en absoluto sobre la recepción de prueba relativa a las excepciones, no resuelve las excepciones planteadas por las partes, ni de la demandada reconvencionista y menos fija el objeto del proceso, resolviendo directamente sin cumplir con el procedimiento la parte resolutiva de la sentencia declarando improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional, entre otros aspectos, que la Sentencia de primer grado incumple con los principios de congruencia y motivación que atañe a toda resolución judicial, toda vez que el a-quo a tiempo de emitir dicha resolución no evaluó los presupuestos que hacen a cada una de las pretensiones invocadas en la demanda aspecto que en criterio del Tribunal de apelación importaría el incumplimiento de lo establecido por el art. 366 del Código Procesal Civil.
“Sobre este particular, corresponde remitirnos a los argumentos esbozados en el fundamento de los puntos III.1 y III.2 de la presente resolución, donde se ha establecido que la falta de congruencia y motivación en la Sentencia, no son consideradas como una causal de nulidad, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 de la Ley 439 es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo, pues las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.
“A partir de ello, se puede concluir, que en el caso de Autos, la decisión de anular obrados hasta fs. 294, por incurrir el A quo en vulneración del debido proceso, asumida en Segunda Instancia no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del juez A quo y fallar en el fondo de lo debatido, sobre todo si existen reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular el Auto de Vista para que resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación conforme al art. 265-I de la Ley N° 439. Siendo evidente la nulidad a disponerse, no corresponde pronunciarse sobre los restantes puntos de agravio expuestos en el recurso de casación de la parte demandada.”
(El resaltado es nuestro).
La audiencia preliminar es la expresión que puede caracterizar a la reunión de las partes y juez, ya iniciado el proceso y antes de la etapa de prueba y de alegatos de conclusión, a efectos de excluir el proceso mismo, reducir o precisar su objeto y denunciar y adelantar pruebas.
AS 70/2020, del 23 de enero de 2020:
“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“(…).
“Habiendo aclarado dicho panorama, se infiere que el recurrente plantea como problema jurídico incidental, -que las excepciones previas no pueden ser resueltas en sentencia-, entonces para absolver el presente problema, corresponde el estudio de las normas jurídicas que ostentan el régimen de las excepciones previas desde el punto de vista gramatical, sistemático y teleológico o finalista, para determinar la esencia y fin del legislador, para lo cual se realiza las siguientes precisiones.
“El art. 126 de la Ley 439 sobre la forma de interposición de las excepciones expresa: “La parte demandada podrá, conforme a sus intereses, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir una actitud de mera expectativa, contestar negativamente o deducir reconvención. Si optare por más de una de estas actitudes, lo hará en forma simultánea y en el mismo acto.” Complementando la citada norma legal el art. 129 del referido código, en lo inherente al momento de su análisis estipula “I. Planteadas las excepciones previas serán corridas en traslado al demandante para que las conteste en quince días, salvo que mediare reconvención, en cuyo caso el plazo será el previsto para la contestación a la reconvención.
“II. Las excepciones previas serán resueltas en la audiencia preliminar a tiempo del saneamiento del proceso”, de manera armónica el art. 366.I. numerales 3 y 4 del mismo código en cuanto a los actos a realizarse en la audiencia preliminar a la letra reza: “3.- Recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido pedida juntamente con las excepciones.
“4. Saneamiento del proceso, pronunciándose auto interlocutorio para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación.”.
“De la literalidad de las referidas normativas o de su interpretación gramatical resaltan dos aspectos: 1) el momento de presentación de las excepciones y 2) el momento de su consideración, análisis o resolución, en cuanto a la primera continuando con ese régimen de análisis gramatical, las excepciones por su naturaleza deben ser interpuestas al momento de contestar a la demanda dentro del plazo determinado por la ley, debiendo ser planteadas todas en un mismo actuado, tal como estipula el art. 126 del CPC, regla que no es absoluta pues de acuerdo a una interpretación sistemática puede variar; lo cual será considerado en líneas siguientes, y su consideración o análisis de acuerdo al esquema procesal es en la audiencia preliminar (Art. 129 y 366 del adjetivo de la materia).
“Ahora de una interpretación sistemática, es decir de todo el apartado normativo concatenado al tema de las excepciones, se tiene que si bien por regla general todas las excepciones bajo el principio de concentración deben ser interpuestas en un solo actuado; no obstante, dicha regla puede variar en los casos de la excepción de prescripción, pudiendo ser interpuesta fuera del marco antes referido, aun en ejecución de sentencia siempre y cuando sea planteada como primer actuado, criterio que ya fue definido por este Tribunal Supremo en ejercicio de su función uniformadora , en cuanto al momento del estudio y resolución de las excepciones, de ninguna manera varía al realizado al momento del análisis desde el punto de vista de la literalidad normativa, pues para ser más precisos estas serán analizadas al momento de sanear el proceso, correspondiendo aclarar los casos cuando se trate de excepciones de puro derecho, es decir aquellas que para su decisión no merecen mayor elemento probatorio que el documental adjunto a la demanda, en tanto no es necesaria la producción de medios de convicción, sin mayor obstáculo deben ser analizadas y resueltas de manera inmediata en la audiencia citada, pero cuando estas no puedan ser catalogas de esa manera (de puro derecho) la normativa contenida en el art. 366 de la Ley 439 estipula que dentro de la referida audiencia previo al estudio de las excepciones el juez de la causa está facultado a producir -prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido pedida juntamente con las excepciones-, entonces ante la eventualidad de requerir la producción de elementos probatorios para definirlas (excepciones previas) deberán ser producidos en la misma audiencia preliminar donde también serán absueltos, no existiendo cabida de diferir hasta el momento de dictar sentencia por un tema de ausencia de medios probatorios.
“Siguiendo con el estudio del momento de resolución de las excepciones, bajo un modelo de interpretativo teleológico, es decir analizando la finalidad del cuerpo normativo, debemos entender que nuestro actual modelo procesal civil adoptó el sistema de procesos por audiencias, es decir asumiendo la oralidad, inmediación y concentración como principios elementales para el desarrollo del juicio; sobre todo en los procesos ordinarios, estando dividida su estructura en fase previa o escrita, fase de juicio y la fase recursiva, enfocándonos en la segunda, o sea la fase de juicio se encuentra subdivida en l) audiencia preliminar y 2) audiencia complementaria, a los fines de la presente resolución corresponde centrar nuestro análisis en la primera.
“El art. 366 del CPC establece que en este actuado se desplegarán los siguientes actos: “I. En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:
“1. Ratificación de la demanda y de la contestación, y en su caso, de la reconvención y su contestación; igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes.
“2. Tentativa de conciliación que deberá realizar la autoridad judicial respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos.
“3. Recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido pedida juntamente con las excepciones.
“4. Saneamiento del proceso, pronunciándose auto interlocutorio para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación.
“5. Prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido producir la totalidad de la prueba o dictar resolución de saneamiento. En el primer caso, podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de diez días.
“6. Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible; recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión.”, acudiendo a la doctrina algunos autores sobre este modelo de juicio por audiencias en cuanto a la audiencia preliminar han sostenido : “ que la audiencia preliminar es la expresión que puede caracterizar a la reunión de las partes y juez, ya iniciado el proceso y antes de la etapa de prueba y de alegatos de conclusión, a efectos de excluir el proceso mismo, reducir o precisar su objeto y denunciar y adelantar pruebas. También sirve para curar o limpiar el proceso de los defectos de presupuestos y de nulidades, de subsanar la falta de información de las partes en relación con los hechos y el derecho, evitando sorpresas, de proporcionar oportunidad para que el juez conozca el material procesal y participe en su formación, antes de que su intervención resulte extemporánea, y de corregir errores cometidos en el enfoque jurídico inicial, superando los efectos de la preclusión”.
“En base a la cita normativa y al criterio doctrinario expuesto, podemos advertir que en la audiencia preliminar se asumen una serie de funciones que tienen un único fin; de purgar el proceso superando aquellos obstáculos o vicisitudes que impidan a futuro que la autoridad judicial dicte una sentencia resolviendo el problema de fondo, entre las funciones que se asume (audiencia preliminar) se tiene la: a) aclarativa, b) conciliadora, c) saneadora, d) delimitación y e) ordenadora.
“En la aclarativa la autoridad judicial solicita la ratificación de los memoriales de demanda y contestación, en su caso la aclaración de algún argumento o en su defecto la alegación de hechos nuevos que no modifiquen lo sustancial del proceso. En la conciliadora el titular de la función jurisdiccional en apego a la cultura de paz que emana por efecto irradiador de la Constitución Política del Estado debe procurar una solución pacífica a la causa previniendo que se sustancie el proceso mitigando la litigiosidad en la causa. La función saneadora es una de las más importantes porque tiene por fin analizar y resolver todo tema previo o incidental, es decir busca la purificación procesal de la causa resolviendo todos aquellos asuntos que puedan impedir que la causa llegue a finalidad de la administración de justicia que es resolver el conflicto jurídico. La delimitadora tal como su nombre lo indica busca poner límites precisos al tema debatido al fijarse el objeto del proceso. La ordenadora vinculada a la admisión de los elementos de prueba que han de ser producidos en la audiencia complementaria.
“Entonces las citadas funciones asumidas en la audiencia preliminar nos permiten concluir que dicho actuado tienen por un único fin purgar o depurar todos los temas procesales, para así en la audiencia complementaria la autoridad judicial produzca prueba única y exclusivamente relativa al fondo de lo debatido y nada impida ni obstaculice emitir sentencia sobre el fondo de la causa, ya sea en sentido positivo o negativo.
“En el sub lite de obrados se desprende que el juez de la causa en la audiencia preliminar de fs. 233 a 236 vta. en cuanto a la excepción de prescripción que es motivo de análisis, la declaró PROBADA encontrando desde su óptica prescrita la demanda. El Auto de Vista de fs.365 a 371 vta. sobre esta excepción determinó que debe ser resuelta en sentencia, so pretexto que la excepción citada está sustentada únicamente en el convenio de hace 56 años ahora cuestionado, donde los solicitantes expresan inició el computo de la prescripción, pero la actora demandante alega que recién tuvo conocimiento del acto fraudulento a la muerte de I.F. S.C. ocurrido el año 2014, entonces ante esa divergencia una vez conocida la verdad material del proceso podrán resolver de forma correcta la excepción. En base a los fundamentos jurídicos y facticos que hacen a la presente causa, este Tribunal concluye que la decisión asumida por el Tribunal de apelación de diferir la resolución de las excepciones para sentencia desde ninguna óptica es correcta, debido a que desconocen lo normado en el Código Procesal Civil, es decir los arts. 129 y 366 antes descritos que enmarcan la ingeniera procesal que regenta la materia, quebrando inclusive la finalidad de los procesos por audiencia que tiene por fin purgar todos los temas accesorios e incidentales al tema de fondo, con la finalidad que la autoridad judicial al momento de dictar sentencia no tenga óbice alguno que le impida resolver la problemática de fondo, no pudiendo desligarse de su obligación de resolver la causa sobre los temas subordinados so pretexto de insuficiencia probatoria, pues de acuerdo a lo explicado supra existen momentos oportunos para su producción, resultando irrisorio distorsionar o desnaturalizar el procedimiento que ya establece los mecanismos de solución ante tales situaciones.”
(El resaltado es nuestro).
El art. 366 núm. 4) del Código Procesal Civil, establece la facultad a la autoridad judicial para sanear la improponibilidad del proceso ordinario.
AS 996/2018, del 05 de octubre de 2018:
“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“2. Refirió que al amparo de los art. 1, 2, 3 y 8 con relación a los arts. 375, 376, 378, 379.1) y 380.1) todos del Código Procesal Civil, el presente caso de autos debió tramitarse como un proceso de estructura monitoria, tratándose de una obligación liquida exigible con plazo vencido en el título (Testimonio 203/2016).
“Toda vez que los contratos de anticresis no son sinalagmáticos, sino simplemente un contrato real de garantía, consiguientemente es un contrato accesorio de otro principal porque el actor el acreedor entrega una suma de dinero al deudor propietario del inmueble, es una variedad de pignoración regulado por el código después de la prenda, asimismo el art. 366 núm. 4) del Código Procesal Civil, establece la facultad a la autoridad judicial para sanear la improponibilidad del proceso ordinario, toda vez que su tramitación está regulado por la ley especial como proceso de estructura monitorio.
“El proceso instaurado fue peticionado con base en el art. 568 del Código Civil, en la que se exige cumplimiento de una obligación que dio curso al proceso ordinario, cuyo trámite reviste solemnidad, contiene medios de defensa con la posibilidad de plantear excepciones, contestación a la demanda (consideración de hechos por la defensa), e inclusive planteamiento de acción reconvencional, con los que el demandado puede asumir defensa en forma amplia.
“En cambio el proceso monitoreo es exclusivo para buscar la ejecución de obligaciones impagas que debió ser activado por el demandante o en su caso modulado por el Juez en aplicación al principio de saneamiento procesal, sin embargo, el cauce o la activación de este trámite como proceso ordinario no incide en el derecho de la defensa de los demandados, no vulnera el debido proceso de los recurrentes en cuanto al ejercicio del derecho a la defensa, a contrario sensu, el proceso ordinario otorga mayores mecanismos de defensa para los demandados. De ahí que la postura de los actores de iniciar un proceso ordinario, no reviste afectación para los demandados. No contiene trascendencia para la nulidad procesal.
(El resaltado es nuestro).