La intervención de terceros en el proceso civil de conocimiento tras el nuevo Código Procesal Civil boliviano (Parte III)

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(Intervención voluntaria litisconsorcial)

En la intervención voluntaria litisconsorcial (también conocida como adhesiva litisconsorcial), el tercero es titular (o, por lo menos, así lo afirma) de la relación jurídico-material deducida u objeto del proceso entre quienes fueron partes iniciales. En este supuesto el interviniente o tercero que solicita la intervención afirma que es cotitular de la relación jurídico-material deducida en el proceso, esto es, del derecho o de la obligación, pero no intervino en el proceso desde su inicio porque su presencia no era imprescindible.

 

Lee también: Citación de evicción: arts. 58 y 59 CPC  

 

1.2. Litisconsorcial: concepto, procedimiento y desistimiento. 

En la intervención voluntaria litisconsorcial (también conocida como adhesiva litisconsorcial), el tercero es titular (o, por lo menos, así lo afirma) de la relación jurídico-material deducida u objeto del proceso entre quienes fueron partes iniciales. En este supuesto el interviniente o tercero que solicita la intervención afirma que es cotitular de la relación jurídico-material deducida en el proceso, esto es, del derecho o de la obligación, pero no intervino en el proceso desde su inicio porque su presencia no era imprescindible.

Este tipo de intervención sí que está regulada en el ordenamiento jurídico español (art. 13 LEC, al que nos referiremos infra, en el epígrafe III. 1. C), y también en el boliviano (el anterior CPC no lo contemplaba). En concreto, el art. 55 trata la “tercería coadyuvante litisconsorcial” bajo los siguientes términos:

 

  1. Quien como titular de una relación jurídica substancial considere que presumiblemente puedan extenderse en su contra los efectos de una sentencia, por cuya razón se encuentre legitimada o legitimado en el proceso como demandante o demandado, podrá intervenir como litisconsorte de una parte, reconociéndosele las mismas facultades y obligaciones que a ella. 
  2. Esta intervención puede admitirse incluso en segunda instancia.

 

Este precepto viene a acoger, casi literalmente, los términos del art. 60 del Anteproyecto de Código del Proceso Civil boliviano de 1997; precepto que, sin embargo, resultaba mucho más afortunado en su rúbrica, a saber, “intervención litisconsorcial”. El art. 60 presentaba la siguiente redacción:

 

“Quien en su condición de titular de una relación jurídica sustancial considere que presumiblemente puedan resultar en su contra los efectos de una sentencia, por cuya razón se encuentre legitimado para intervenir en el proceso como demandante o demandado, podrá intervenir como litisconsorte de una parte, econociéndoles las mismas facultades y obligaciones que a ella.

Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia”.

 

Fíjese que esta intervención voluntaria litisconsorcial puede oponerse en primera o segunda instancia, como también permitía el Anteproyecto de Código del Proceso Civil boliviano de 1997. Nótese que nada hemos dicho al respecto sobre la intervención voluntaria principal, porque el CPC guarda silencio acerca de si cabe o no en segunda instancia. A diferencia, el anterior CPC sí la preveía en su art. 3591, mientras que el Anteproyecto de 1997 limitaba su aplicación a la primera instancia (art. 62. II).

 

 Lee también: Llamamiento en causa y denuncia de tercero: arts. 60 y 61 CPC

 

El ejemplo típico de intervención litisconsorcial es el supuesto de las obligaciones solidarias, en que sabemos no es necesario demandar a todos los deudores. Entonces, si el demandante decide demandar tan sólo a uno de ellos (si hubiese dos deudores), el otro deudor solidario podría solicitar su intervención en el proceso (si hubiera demandado a los dos deudores, estaríamos ante un supuesto de litisconsorcio cuasi-necesario). En este caso nos encontraríamos ante una intervención litisconsorcial porque el tercero afirma que es cotitular de la obligación que se imputa. Y lo mismo cabría decir con respecto del acreedor solidario que no demandó en un inicio.

 

O, por ejemplo, también sería el caso del coheredero en el supuesto del art. 10842 del Código Civil español (en lo sucesivo, CCE), aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889; del accionista que interviene en el proceso de impugnación de acuerdos sociales (de sociedades de capital) para mantener la validez de los mismos (art. 206.43 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) o del consumidor que interviene en el proceso instado por asociaciones de consumidores o un grupo de consumidores, de acuerdo con el art. 15.1 y 24 LEC.

 

Hay que decir que en el ordenamiento jurídico español (no así en el boliviano) la intervención voluntaria litisconsorcial se puede producir tanto dentro de lo que se denomina litisconsorcio cuasi-necesario o impropio como en relación con lo que la doctrina ha venido llamando litisconsorcio voluntario, si bien advirtiendo que no todos los autores tratan o conciben de igual forma dichos tipos de litisconsorcio5.

 

 Lee también: Intervención de terceros en el CPC: Introducción

 

Por lo que respecta al procedimiento, nos remitimos a lo expuesto al tratar la anterior intervención voluntaria, dado que ya sabemos en el art. 359 CPC se recoge el procedimiento común a toda intervención voluntaria, y para la litisconsorcial dicho precepto no contempla reglas especiales. Tenga en cuenta el lector que a la forma de plantear y resolver este tipo de intervención voluntaria en el ordenamiento jurídico español nos referiremos infra en el siguiente epígrafe, al ser común o igual para los dos tipos de intervención voluntaria previstos en el art. 13 LEC, a saber, la litisconsorcial y la adhesiva simple

 

Por último, por lo que se refiere al desistimiento, tampoco dice nada el CPC sobre el mismo en esta “terceríacoadyuvante litisconsorcial, es decir, no contempla ninguna regla o norma especial. En consecuencia, hay que estar a lo dispuesto en el art. 241 (para el caso de desistimiento del proceso) y 242 (para el supuesto de desistimiento de la pretensión).

 

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1. Rezaba este precepto: “Toda tercería excluyente interpuesta en segunda instancia será tramitada en la forma indicada en el parágrafo III del artículo precedente. Para ser admitida deberá estar acompañada precisamente de un documento público o privado reconocido que demuestre el dominio sobre el inmueble o mueble sujeto a registro debidamente inscrito en la repartición que correspondiere con anterioridad a la inscripción del embargo o del título contra el cual se opusiere”.

2. Esto es, en el caso de que hecha la partición hereditaria, el acreedor o acreedores exijan el pago de sus deudas por entero a cualquiera de los herederos que no hayan aceptado la herencia a beneficio de inventario, tal y como posibilita el párrafo 1º del art. 1084.

3. Este precepto, que trata la “legitimación para impugnar”, presenta el siguiente tenor literal:
“1. Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital. Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital indicados y, en todo caso, los socios que no los alcancen tendrán derecho al resarcimiento del daño que les haya ocasionado el acuerdo impugnable.
2. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo, administrador o tercero.
3. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad. Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviese designado a nadie a tal efecto, el juez que conozca de la impugnación nombrará la persona que ha de representarla en el proceso, entre los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.
4. Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.
5. No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho”.

4. Por su parte, este precepto, que regula la “publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios”, señala lo siguiente:
“1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses. El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personación.
2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que el Secretario judicial determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios”.

5. A modo de ejemplo, vid. V. Cortés Domínguez: “Lección 4ª”, en V. Cortés Domínguez, V. Gimeno Sendra y V. Moreno Catena: Derecho Procesal Civil. Parte general, Editorial Colex, Madrid, 3ª Ed., 2003, p. 113, para quien el supuesto de los acreedores y deudores solidarios da lugar a un litisconsorcio voluntario. Para más detalles sobre el particular, puede verse nuestra obra “El litisconsorcio”, cit.

 

Acerca de la Autora

  Diana Marcos Francisco


Licenciada (premio extraordinario) y doctora en Derecho (premio extraordinario) por la Universitat de València.
Es autora de 4 monografías (entre ellas, de un libro en Bolivia, sobre las partes en el proceso civil boliviano) y de numerosos capítulos de libro y artículos en revistas científicas de impacto, habiendo obtenido distintos reconocimientos y premios por su actividad investigadora, centrada en el área del Derecho Procesal así como en las Alternative Dispute Resolution. Fue profesora invitada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), impartiendo clases sobre Derecho Procesal Boliviano durante la 6ª edición del Máster en Derecho Civil y Procesal Civil, organizado por tal Universidad en cooperación con la Universitat de València (2010). Desde 2010 es profesora de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y en la actualidad ocupa el puesto de Directora del Departamento de Derecho Público de dicha Facultad.
Correo elctrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

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