El Derecho a la Prueba en la Jurisprudencia Nacional (TC y CSJ)

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Si bien en la CPE boliviana el derecho a la prueba no es reconocido expresamente y es prácticamente de creación jurisprudencial e inferido del derecho a la defensa en juicio (art. 16.II), no sucede lo mismo en el texto constitucional español, ya que allí el derecho a la prueba es reconocido expresamente en el art. 24.2 CE donde se indica que “todos tienen derecho (…) a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa…”.

 1.- Aspectos Previos

En ninguna de las dieciséis Constituciones que han regido Bolivia (desde la primera en 1826 hasta la de 1967), ni en las dos reformas acaecidas en las últimas décadas (la de 1994 y 2004) se reconoce explícitamente el derecho a la prueba. Sin embargo se planteó en la Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución, Ley Nº 2410, la inclusión, en el art. 16 constitucional, del “derecho a presentar pruebas”, situación que no llegó a plasmarse en la reforma constitucional del 2004. A pesar de lo anterior, el art. 16.II CPE de 1967 recoge por primera vez en un texto constitucional boliviano el derecho a la defensa; y es a partir de este articulado que el Tribunal Constitucional boliviano desarrolla jurisprudencialmente el derecho a la prueba.

A pesar de lo indicado, creemos con RAMOS 1 que las garantías constitucionales de administración de justicia contenidas en el art. 16 de la actual CPE tienen como antecedente remoto, aunque de modo incipiente, dentro del título séptimo referente al Poder Judicial, el art. 128 de la CPE de 1831 sancionada por la Asamblea General Constituyente de 14 de agosto del mismo año durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, el mismo que dispone que “en las causas criminales el juzgamiento será público, desde el momento en que se tome la confesión al reo”.

Si bien en la CPE boliviana el derecho a la prueba no es reconocido expresamente y es prácticamente de creación jurisprudencial e inferido del derecho a la defensa en juicio (art. 16.II), no sucede lo mismo en el texto constitucional español, ya que allí el derecho a la prueba es reconocido expresamente en el art. 24.2 CE donde se indica que “todos tienen derecho (…) a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa…”. Este reconocimiento expreso en el ordenamiento español, y con rango de derecho fundamental, lo encontramos por primera vez en la CE de 1978 2.

Actualmente el TC boliviano entiende que el derecho a la prueba es un derecho fundamental, y como tal tiene la calidad de “derecho subjetivo que faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional competente, cuando funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir” el mismo (SC 1082/2003-R). Como derecho fundamental que es, no se agota simplemente en su consagración en el texto constitucional, sino que está “urgido de realización material plena, y dentro de ello, de su efi caz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir por parte de funcionarios de cualquier jerarquía o de particulares” (SC 1581/2005-R). Dicha protección se otorga en vía constitucional a través del amparo. Pero para poder acceder a la tutela constitucional es necesario hacer notar al TC en qué se ha infringido el derecho supuestamente vulnerado y, para ello necesitamos conocer el contenido del mismo; razón por demás de sufi ciente para abordar el estudio del contenido esencial de derecho a la prueba. Es lo que haremos en las páginas siguientes.

Es necesario aclarar de antemano que el derecho a la prueba puede verse vulnerado principalmente por la autoridad judicial. Esto en el entendido de que la actividad probatoria es estrictamente procesal y compete al juez como director del proceso admitir o denegar la práctica de la prueba. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que, en los casos de tratarse de prueba ilícita, si bien la vulneración vendrá dada por la parte o persona que obtuvo tales pruebas, creemos que no se afecta directamente el derecho a la prueba sino los derechos específicos que se vulneraron para conseguirla (inviolabilidad de domicilio, tortura, etc.)

Pero además, el derecho a presentar pruebas en un determinado proceso es un derecho de carácter universal, por lo tanto se entiende que son titulares del mismo las partes del proceso, es decir, tanto el demandante como el demandado3. De la misma manera y por su universalidad éste se desarrolla en todo tipo de procesos ‘independiente el órgano jurisdiccional en el que se ejercite’ (vrg. penal, civil, etc.)4.

La característica de encontrarse reconocido, el derecho a la prueba, en todo tipo de proceso se debe principalmente a su íntima relación con el derecho a la defensa5. En este sentido, si bien el texto constitucional no lo dice expresamente, el hecho que el art. 16.II CPE reconozca el derecho a la defensa en juicio (en todo tipo de proceso), conlleva necesariamente, entre otros, la facultad de desarrollar la actividad probatoria pertinente en todo proceso.

Sobre los alances y contenido del derecho a la defensa indica el TC boliviano “la SC 1670/2004-R, de 14 de octubre, estableció la siguiente doctrina jurisprudencial: “(...) es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: ‘(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.’; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i)el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal” (SSCC 8/2006-RII y 1082/2005-R).

En segundo lugar, al integrar el derecho a la prueba, según la doctrina del Tribunal Constitucional boliviano, uno de los componentes del debido proceso6, y estar éste último reconocido también para todo tipo proceso (sea civil, penal o administrativo), a fortiori debemos concluir que el derecho a presentar prueba también debe ser respetado con el mismo alcance.

El Tribunal Constitucional afirma, en la SC 71/2002-R de 18 de enero, que el derecho a la prueba es uno de los elementos constitutivos del debido proceso: “…una de las garantías constitucionales más importantes a favor de la persona es el DEBIDO PROCESO, consagrado en las normas previstas por los arts. 16 de la Constitución Política del Estado y 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Esta garantía entre sus elementos constitutivos cuenta con el derecho a la defensa; el derecho a un Juez o Tribunal natural, independiente e imparcial; el derecho a la presentación amplia de la prueba pertinente del imputado o encausado”. (en el mismo sentido las SSCC424/2000-R, 92/2005-RHC, 62/2006-R y 119/2003-R)

Por otro lado, el mismo Tribunal ha indicado la necesidad de “inexcusable observancia y exigibilidad [del respeto a las garantías contempladas en el debido proceso] en toda actividad sancionadora sean en el ámbito judicial o administrativo” (SC 96/2006-R), argumento que no puede estar circunscrito solamente a la actividad sancionadora del Estado, sino que debe entenderse aplicable a toda la actividad jurisdiccional. Así, entiende el contralor constitucional que el “debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales” (SC 92/2005-RHC).

Además de lo anotado, debemos indicar que, la posibilidad que las partes aporten la prueba necesaria que sustente los hechos alegados hace a la estructura misma del proceso, pues de nada serviría que demandante y demandado alegasen, sin más, los hechos que estimen convenientes como fundamento de su pretensión y resistencia, ya que el juez se vería imposibilitado de dictar sentencia sobre el fondo, pues carecería de elementos objetivos de juicio; de otro modo debería estar simplemente a las alegaciones subjetivas de las partes.

Esto se ve con mayor claridad en el proceso penal, ya que, en este tipo de proceso el derecho a presentar prueba está íntimamente relacionado con la presunción de inocencia7, por lo que se desconocería este último si se declara la culpabilidad prescindiendo de la prueba necesaria para desvirtuarla.

 

 1.- Contenido Esencial

a. Derecho de confi guración legal

Antes de analizar propiamente el contenido esencial del derecho a la prueba es necesario indicar que éste es un derecho de confi guración legal, es decir, “el legislador interviene activamente en la delimitación del contenido constitucionalmente protegido por este derecho”8. En este sentido, si bien se puede hablar de un contenido esencial aplicable o entendible para todo tipo de proceso en el que se lo intente hacer valer, existirán, en cada orden jurisdiccional, matices específi cos a los que necesariamente habrá que estar.

Como el legislador interviene en la delimitación del contenido esencial del derecho a la prueba y este lo plasma en la ley (CPC), se dice que la actividad probatoria está sujeta al principio de legalidad9. No nos olvidemos que, si aceptamos como cierto que las normas sobre la prueba tiene naturaleza estrictamente procesal10, al establecer el art. 90 CPC que: “las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salva autorización expresa de la ley”, las normas sobre la prueba (admisión, práctica, valoración, etc.) también estarán sujetas al mismo régimen de legalidad. Esto conlleva aspectos de innegable repercusión práctica como veremos a continuación.

Siguiendo a MONTERO11 podemos indicar que la legalidad de la actividad probatoria se refi ere principalmente a que: a) los únicos medios de prueba son los enumerados taxativamente por la ley y, b) cada medio probatorio debe proponerse y practicarse en la forma establecida por la ley. Lo explicamos a continuación.

En primer lugar, la legalidad a la que está sujeta la actividad probatoria, se refi ere a que las partes sólo podrán hacer uso de los medios de prueba expresamente previstos en la ley, esto conlleva un aspecto negativo, la imposibilidad de “acordar una actividad probatoria no prevista por la ley”12. Así, el art. 1285 CC indica que son medios de prueba los que se establecen en el Título I del Libro Quinto del mencionado cuerpo legal13, como los establecidos en el CPC. Este último los regula en su art. 374 estableciendo taxativamente cinco medios de prueba, a saber: documental, confesión, inspección judicial, peritaje y, testifi cal. Aunque el citado artículo menciona en su apartado 6) a las presunciones, no creemos que se trate en puridad de un “medio de prueba”.

En segundo lugar, al estar sometida la actividad probatoria al principio de legalidad, ésta deberá desarrollarse necesariamente en la forma establecida por ley. Razón por la que deberá proponerse y practicarse según lo establecido en el CPC para cada medio de prueba en concreto. No obstante, el CPC establece normas generales para la actividad probatoria, sea cual fuere el medio de prueba en cuestión. Establece por ejemplo que la proposición de la prueba se deberá hacer dentro de los cinco primeros días de la notifi cación con el auto que fi ja los hechos a probarse (art. 379 CPC) y que éstas se producirán –la actividad procesal en concreto- dentro del periodo establecido por el juez (art. 377). Analizaremos estos puntos con más detalle al tratar del derecho a la admisión de la prueba como contenido parcial del derecho en estudio.

En derecho español se entiende también que se trata de un derecho de confi guración legal, así se extrae de la jurisprudencia del TC español en la STC 246/2000, de 16 de octubre:

“Asimismo este Tribunal ha podido declarar en diversas ocasiones que el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa constituye un derecho de configuración legal, cuyo ejercicio ha de someterse a los requisitos de tiempo y forma dispuestos por las leyes procesales, (…) Consiguientemente, su ejercicio ha de acomodarse a las exigencias y condicionantes impuestos por la normativa procesal, de tal modo que es ‘condicio sino qua non’ para apreciar su pretendida lesión que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos… (…)”

b. El derecho a la prueba se refi ere principalmente a los “medios” de prueba

Creemos indispensable aludir que el derecho a la prueba se refi ere principalmente a los medios de prueba y no tanto a las fuentes de prueba14. Esto por una razón fundamental, que podemos apreciar desde una perspectiva positiva y otra negativa. Primero, porque la prueba es una actividad procesal, es decir, se desarrolla en el marco de un proceso en curso; así, el derecho a la prueba se debe referir a la actividad descrita en la ley y que puede ser desarrollada en el proceso: el medio de prueba. En sentido negativo, podemos afi rmar que, si las fuentes de prueba son una actividad extraprocesal o extraña al proceso, mal puede formar parte o ser contemplada dentro del contenido esencial de un derecho a ser ejercido en un proceso en curso.

A pesar de lo indicado se puede objetar que de alguna manera el derecho a la prueba se refi ere también a las fuentes, ya que se refi ere a ellas al regular la “la prueba ilícitamente obtenida”. Sin embargo, el derecho procesal se ocupa de la fuente (realidad extraña al proceso) en la medida en que ésta se intenta introducir en un determinado proceso; y es en esta medida que se analiza la fuente ilícita como un elemento determinante para rechazar su inclusión en el proceso.

c. Derecho de contenido complejo

Como indicamos al comenzar esta parte del presente trabajo, el derecho a la prueba no está reconocido expresamente en el texto constitucional, sino que es inferido por el TC boliviano del art. 16.II CPE. De esta manera el TC reconoce jurisprudencialmente el derecho a la prueba en proceso, sin embargo, poco o nada indica sobre lo que debe entenderse por contenido esencial del mismo; para ello debemos recurrir a la doctrina comparada. Lo vemos a continuación.

La doctrina comparada entiende en líneas generales que el derecho a la prueba comprende principalmente el derecho a la proposición de la prueba y el derecho a la producción de la prueba (práctica de la prueba)15. Y esto debe ser así, ya que, si concordamos con la idea que este derecho es de confi guración legal, en el sentido que es la ley la que fi ja los parámetros sobre los cuales debe ejercerse, forzosamente debemos afi rmar que el contenido del mismo lo encontramos regulado en la legislación ordinaria. Así, en el caso del proceso civil, podemos afi rmar que el derecho a la prueba comprende principalmente: a) el derecho a la proposición de la prueba (art. 379 CPC), b) el derecho a la producción de la prueba y, c) el derecho a la valoración de la prueba (art. 397).

A pesar de lo indicado, se dice que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa tiene un contenido complejo. Y esto porque cada uno de los elementos indicados como integrantes de su contenido esencial en el párrafo anterior, son etapas o momentos distintos del mismo derecho y, cada una de esas fases puede descomponerse en otras; pero principalmente por la complejidad que conlleva la terminología exacta para describir el contenido de este derecho (veremos más adelante el signifi cado de pertinencia, utilidad, etc.; términos que hacen al derecho a la prueba, pero que no se encuentran muy bien delimitados legislativa ni jurisprudencialmente).

 

 A) El derecho a proponer prueba

Como es evidente, el del derecho a la prueba está establecido por el CPC como el derecho a la proposición de la misma. Es decir, el primer acto procesal en el que las parten hacen uso de su derecho a probar consiste en proponer los medios de prueba que estimen necesarios para el convencimiento del juzgador sobre la veracidad de las afi rmaciones vertidas en la demanda, contestación o reconvención.

Este aspecto del derecho a la prueba lo encontramos regulado en los arts. 379 y 380 CPC. Como indicamos líneas arriba, toda la actividad probatoria está sujeta a la legalidad, por lo que la proposición de la prueba deberá ajustarse a lo establecido en el artículo citado y las normas específi cas de cada medio de prueba en concreto. Así, las partes necesariamente deberán proponer “sus pruebas por escrito dentro de los primeros cinco días de la notifi cación con el auto que fi jare los hechos a demostrarse”. Caso no se proceda según lo estipulado por el CPC la prueba propuesta debe tenerse como inexistente y no presentada.

Así lo entendía la CSJ con la vigencia de la Comp. Abrg.: “los jueces no tienen atribución para prorrogar términos ya fenecidos; la prueba ofrecida con posterioridad es nula en absoluto, de conformidad al art. 222 del PC” (G.J. No. 1364, A.S. No. 22)

Pero la CSJ entiende también que la prueba debe proponerse en el periodo establecido por el art. 379 CPC y no antes cuando dice que: “no puede proponerse antes que se encuentre en vigencia el término probatorio, o sea fuera del término establecido por el art. 379 del CPC”.

La forma en la que debe proponerse la prueba está regulada en el CPC en art. 380 que expresa que las pruebas deberán proponerse por escrito que contendrá: a) el hecho que se tratare de demostrar, con indicación de los medios de prueba que se ofrecieren, b) la solicitud para citar al adversario, adjuntando el interrogatorio en sobre cerrado, si se pretendiere provocar su confesión, c) La lista de testigos con designación de nombres y apellidos, estado civil, profesión, ofi cio u ocupación habitual, lugar de trabajo, casa o localidad de habitación, d) Los datos relativos al perito, incluyendo nombre y apellido, número de matrícula profesional, lugar de trabajo, calle y número de casa o localidad de habitación y, e) la solicitud para la comisión, si la prueba debiere producirse en lugar distinto al asiento del juez o fuera de la República.

Es necesario hacer notar la falta de norma que regule la proposición de la prueba en el ACPC. Creemos que no se debe dejar pasar la oportunidad para establecer normas concretas y coherentes sobre la proposición de la prueba en el nuevo CPC que en su caso se promulgue, para así evitar lagunas legales.

 

a. Derecho a que la prueba propuesta sea admitida

Como indicamos en los aspectos previos de este trabajo, la CPE no contempla en forma expresa el derecho a la prueba, y el TC lo deduce del art. 16 del texto constitucional; por lo que el citado artículo no expresa mucho que pueda servir para delimitar el contenido del derecho en estudio. A pesar que el art. 16.III.e) de la Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución, Ley Nº 2410, sugería la inclusión del derecho a ‘presentar pruebas’, tampoco agregaba nada más que pudiera dar mayores luces sobre el contenido de este derecho.

Por lo anotado, debemos recurrir una vez más al CPC. De este cuerpo legal podemos deducir que el derecho a la prueba no se agota con la posibilidad de proponer la prueba que se estime conveniente, sino que conlleva necesariamente el derecho a la admisión de la prueba propuesta. Este aspecto lo encontramos regulado en el art. 381 CPC. Así, el citado artículo establece que la prueba propuesta deberá ser admitida por el juez dentro de la veinticuatro horas de recibida la proposición de la misma. Por supuesto, con noticia contraria.

Pero el derecho a la admisión de la prueba propuesta no es un derecho incondicionado, es decir, no se tiene derecho a una admisión de toda y cualquier prueba que se intente proponer, ni en la forma que se proponga. En este sentido, el mismo art. 381 CPC se encarga de establecer dos condiciones para que la prueba sea admitida: a) que se ajuste a los requisitos formales establecidos en el art. 380 CPC y, b) que se refi era a los puntos de hecho fi jados por el juez en el auto correspondiente, según lo establecido en los arts. 371 y 376 CPC.

La adecuación o no de la proposición de la prueba a los requisitos de forma establecidos en el art. 380 CPC no conlleva mayores problemas interpretativos; por lo que, para cumplir con esta primer condición, simplemente habrá que estar a los cinco puntos fi jados en el art. citado. La situación se complica a la hora de cumplir la segunda condición de admisión establecida en el art. 381 CPC: ya que de la interpretación combinada del art. citado y del 376 CPC se deduce que será rechazada la prueba que no sea “pertinente” a los puntos de hecho fi jados por el juez. El hecho se complica un poco más cuando la jurisprudencia constitucional nacional agrega otros dos requisitos para la admisión de la prueba propuesta: que la prueba sea válida e idónea. Es sobre estos aspectos que hablaremos a continuación.

Efectivamente, el TC boliviano entiende que existen tres requisitos (además, claro está, de los de forma) para la admisión de la prueba propuesta:

“… en el marco normativo y jurisprudencial referido, se entiende que la proposición u ofrecimiento de la prueba, así como su respectiva producción dentro del proceso penal, son medios esenciales de defensa para el procesado, puesto que con ello podrá desvirtuar la acusación que pesa en su contra, de manera que el procesado tiene derecho a presentar prueba amplia y pertinente, lo que significa que el único límite a la presentación y producción de la prueba de descargo es la validez, idoneidad y la pertinencia de la misma…, condiciones éstas que deberán ser sopesadas debidamente por el Juez o Tribunal para admitir o rechazar la prueba de descargo, ello tomando en cuenta que, con miras a la realización de la justicia, la práctica y producción de toda la prueba necesaria para ilustrar el conocimiento y criterio del juez sobre la verdad histórica del delito, se constituye en el elemento esencial de la Sentencia que vaya a emitir. (SC 119/2003-R, FJ III.3)

A pesar de lo indicado el TC boliviano no explica en forma categórica lo que entiende por validez, idoneidad o pertinencia de la prueba. Razón por la que recurriremos a la doctrina comparada y a la jurisprudencia del la CSJ.

- Validez

Cuando el TC se refi ere a la validez de la prueba, en el fondo no se está refi riendo al medio de prueba sino a la fuente de prueba; y principalmente a la forma en que ésta ha sido obtenida. Esto es lo que la doctrina denomina licitud de la prueba o en sentido negativo, obtención ilícita de la fuente de prueba16. Así, si bien la fuente es un concepto extraprocesal tiene sus repercusiones en la esfera del proceso en la medida en que se intenta introducir, a través de un medio concreto, una fuente ilícitamente obtenida. Por está razón, y a pesar de no estar mencionado en el CPC, la prueba “inválida”, o mejor dicho, hablando con más propiedad, la fuente ilícita no podrá ser introducida al proceso.

Si bien queda claro que no se podrá aportar al proceso una fuente ilícita, nuestra legislación procesal no contempla normas expresas sobre quién, cómo y en qué momento se la debe rechazar. Creemos sin embargo, que la parte contraria, que en este caso será la que mejor conozca de la ilicitud de la fuente, dentro del tercero día de notifi cado con la prueba propuesta, deberá hacer notar esta situación al juez. Esto lo deducimos del art. 382.I.2) CPC, el que faculta a la parte a objetar la prueba cuando existen óbices legales en los “medios” ofrecidos. Si bien el art. citado se refi ere a los medios y no a la fuente, creemos que éste el único vehículo procesal por el que se podrá hacer notar esta situación.

La objeción a la fuente ilícita por existir óbices legales, se deberá hacer protestando probar, junto “con la causa principal, los óbices legales que opondrá a las pruebas contrarias, pero deberá señalar en forma precisa y explícita esos óbices, los cuales serán resueltos en sentencia” (art. 382.III CPC). Esta disposición acarrea como se puede observar, el inconveniente que, la fuente ilícita, necesariamente tendría que producirse, lo que conlleva la contaminación del juez respecto de ésta, en caso que se determine su obtención ilícita.

- Idoneidad

La segunda condición indicada por el TC boliviano para la admisión de la prueba se refi ere a la idoneidad de la misma. Creemos que cuando el TC prescribe como requisito de admisión de la prueba la idoneidad de la misma, en el fondo está haciendo referencia a que ella sea la adecuada para probar el hecho concreto, es decir, en caso de ser rechazada por no ser idónea, lo estará haciendo por inútil, o más precisamente a lo que MONTERO llama inutilidad por inadecuación.

Efectivamente, MONTERO17 indica que, para que la prueba sea admitida debe ser útil. En este sentido, la utilidad de la prueba vendría referida al medio de prueba considerado en si mismo. Por lo que la inutilidad de un medio de prueba se podrá verificar cuando:

“1.º) El medio probatorio no es el adecuado para verificar con él las afirmaciones de hecho que pretenden probarse por la parte… [inutilidad por inadecuación]

“2.º) Cuando el medio de prueba es superfluo… [inutilidad por exceso]”.

Si bien el texto constitucional no se refi ere la prueba útil, si lo hace el art.171 del CPP por lo que el TC entiende incluido el requisito de la utilidad dentro del derecho a la prueba:

“CONSIDERANDO: Que, el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal de 1972 [hoy 117 NCPP] sobre cuyo procedimiento se viene tramitando el proceso contra los recurrentes señala “... es la fase esencial del proceso. Se realiza sobre la base del auto de procesamiento, en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación de los elementos de convicción recogidos en la etapa de la instrucción, la recepción de otras pruebas pertinentes y útiles, y establecer en sentencia la culpabilidad o inculpabilidad del encausado, con plenitud de jurisdicción”.

“Que, la referida disposición procesal en un sentido interpretativo correcto, debe entenderse que las pruebas y elementos de convicción recogidos en la etapa sumarial deben ser comprobados en la etapa del plenario y que el director del proceso, tiene además la facultad de recepcionar otras pruebas pertinentes y útiles; de manera que en el caso de autos, al existir cinco informes periciales sobre el mismo documento, lo decidido por el recurrido es acertado, pues lo que cabe es que como Juzgador contraste los mismos y sólo en caso de duda podrá en su criterio solicitar uno nuevo, sin que las partes puedan solicitar de manera indefinida y reiteradamente la producción de la misma prueba, pues es deber de dicha autoridad también velar por el principio de celeridad procesal.

“….aunque es cierto e irrefutable que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto, empero éste debe ser necesariamente conciliado con el principio de celeridad que también es un presupuesto esencial del derecho al debido proceso.

“…el artículo 16 constitucional tiene entre su ámbito de protección varios derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho al debido proceso y por ende el derecho a la defensa…” (SC 1046/2001-R, de 27 de septiembre)

En el AC 51/2003-CA, de 31 de enero, el TC es más categórico al indicar que el juez deberá rechazar la prueba inútil por exceso:

“…pues la norma de manera general no es más que una reproducción de lo establecido en las normas de naturaleza procesal, donde se establece que la aprueba que se admite es aquella que se refiere directa o indirectamente al hecho, al objeto de la investigación y aquella que es conducente al esclarecimiento del hecho, SIENDO FACULTAD DE TODO JUEZ, RECHAZAR CUANDO LA PRUEBA SEA EXCESIVA O IMPERTINENTE. Por ejemplo, el juez no aceptará veinte testigos sobre un mismo punto.”

- Pertinencia

El juez, al sujetar la causa a prueba, deberá fi jar mediante auto expreso y en forma precisa, los puntos de hecho a probarse (art. 371 CPC). Estos puntos, deberán ser deducidos por el juez de los hechos aportados por las partes al proceso (no nos olvidemos que sólo éstas pueden introducir hechos al proceso). Las partes al proponer la prueba, deberán ceñirse a los puntos de hecho fi jados por el juez, es decir a los alegados por demandante y demandado y que resulten controvertidos (los hechos del objeto del proceso y del objeto del debate). Esta relación de correspondencia entre lo fi jado por el juez y lo propuesto por las partes se denomina pertinencia.

Así como el actual CPC (art. 376) exige el requisito de pertinencia para la admisión de la prueba propuesta, igualmente lo hacía el CPSC (art. 260) y la Comp. Abrg. (art. 161); este último cuerpo de leyes citado se refería a la pertinencia en éstos términos: “Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre que se litiga; y las que no le pertenezcan serán rechazadas de oficio”.

Como la pertinencia se refi ere a la relación entre lo fi jado por el juez en el auto correspondiente y lo propuesto por las partes, se hace necesario aclarar qué es lo que puede o debe fi jar el juez como punto de hecho a probarse. En este sentido, la jurisprudencia de la CSJ explica que los puntos de hecho deberán estar compuestos por los hechos manifestados en la demanda y contestación, es decir, los hechos constitutivos de la pretensión y resistencia. Así se expresa la CSJ:

“Se hace necesario que la jurisprudencia establezca para los jueces inferiores lo que debe entenderse por ‘puntos de hecho a probarse’ de un proceso ordinario, y evitar la confusión y error del presente juicio; donde, por punto de hecho se consigna un aspecto estrictamente legal que no corresponde ser objeto de la prueba procesal, sino de la valoración y apreciación del criterio profesional del juzgado.

“Que, debe entenderse por ‘puntos de hecho’ de una causa o proceso, los hechos materiales constitutivo articulados tanto en la demanda como en la reconvención, y en sus respectivas respuestas; esto es, los hechos (no aspectos de derecho) que cada parte alega y expone como fundamento del derecho que reclama en la litis. Generalmente, todo derecho reposa o se genera en un hecho que le da vida o nacimiento; o sea, que, el hecho es primero y el derecho después, y en todo proceso ordinario primeramente deben averiguarse y establecerse los hechos que son el contenido de la relación procesal. En suma, el juez no puede ignorar ni sustituir los hechos constitutivos alegados por las partes, y suplantarlos por otros diferentes, porque eso sería un arbitrio inconcebible en todo proceso legal. O dicho de otro modo, el juez inferior, al examinar la demanda y su contestación, y la reconvención y su réplica, más los escritos de ampliación, deberá contemplar todo el cuadro o contenido ‘de hechos’ de la relación procesal, y extraer de ella los hechos que deben someterse a prueba, por que respecto de ellos no hay acuerdo entre las partes, o son dudosos y controvertidos. En cambio, los aspectos netamente ‘de derecho’, los aplicará el juez en su sentencia, al juzgar la causa, y, precisamente en el momento en que tendrá que ver cuestiones técnicas como ‘cuál es la ley aplicable al caso’, ‘su vigencia’, ‘cuál la interpretación correcta de esa ley’, ‘integración de leyes’, etc., etc.”

Expresado lo anterior, queda claro que el juez no podrá “fi jar otros puntos de hecho a probarse que no sean los articulados por las mismas partes en la controversia; porque lo contrario sería admitir al juez lo que no se admite a las partes, o sea modifi car los términos de la demanda y reconvención, los que se encuentran comprendidos en el auto de relación procesal…” (A.S. Nº 109, de 10 de mayo de 1990, SC I).

Pero la anterior no es la única razón por la que el juez no puede fi jar como puntos de hecho a probar otros hechos que no sean los alegados por las partes. La razón fundamental estriba en que, concordante con el principio de aportación, los únicos que pueden aportar hechos al proceso son las partes y no el juez. Lo contrario sería otorgar al juez facultades de dirección que, como se indicó, corresponde sólo a las partes, determinando éstas el objeto del proceso y el objeto del debate.

Además, la CSJ se encarga de aclarar que no basta con que el juez indique como puntos de hecho a probar “los expresados por las partes en sus ‘demandadas’, “sino que cabalmente, en atención a lo que indican en las demanda principal y reconvencional, le [corresponde] señalar y precisar los hechos que debían ser discutidos y averiguados en la contienda judicial” (A.S. Nº 91, de 19 de abril de 1982, SC I).

Con todo lo indicado, se hace necesario recurrir a la doctrina comparada para ahondar en el concepto de pertinencia. Así, para MONTERO, la pertinencia de la prueba se refi ere “no tanto al medio en sí mismo (…), cuando al hecho que pretende probarse con el medio de prueba concreto, y exige que ese hecho tenga relación con el objeto del proceso”18. De lo anterior aclaramos que la pertinencia se refi ere principalmente al hecho que se pretende probar con el medio de prueba en concreto, y que ese hecho debe tener relación con los alegados como fundamento de la pretensión, es decir, con la causa petendi.

Según lo indicado en el párrafo anterior, para el citado autor serán inadmisibles por impertinentes:

1.º) Los medios de prueba que se dirijan a probar hechos que no fueron afi rmados por las partes en los actos de alegación.

2.º) Los medios de prueba que se propongan por las partes para probar hechos no controvertidos.

3.º) Los medios de prueba que pretendan probar hechos notorios

4.º) Los medios de prueba cuya verifi cación no está permitida por la ley”19.

Sobre la pertinencia de la práctica de la prueba de un hecho notorio la CSJ indica que por economía procesal, ésta no deberá practicarse:

“… por principio de economía procesal, frente a ciertos hechos, tan evidentes e indiscutibles, se exceptúa la prueba, ya que exigirla no aumentaría en lo más mínimo el grado de convicción que el juez tiene acerca de la verdad de los mismos. La decisión de alzada se funda en ese hecho notorio, cuyo alcance está determinado por la ciencia, el pueblo conoce y ‘todos saben’. (A.S. Nº 224, de 3 de diciembre de 1997)

Para concluir este punto es necesario aclara que si bien “las pruebas deben ceñirse a los puntos de hecho fi jados en el correspondiente auto rechazando de ofi cio las que no fueren impertinentes” (A.S. Nº 188, de 30 de julio de 1982, SC I), “la omisión de pruebas que no infl uyen en lo principal del litigio no es causal de nulidad” (G.J. Nº 754, p. 8).

Una vez comentados los conceptos de validez, idoneidad y pertinencia, se hace necesario comentar dos cosas: quién puede objetar que la prueba presentada no se ajusta a las condiciones indicadas y a quién corresponde determinar si efectivamente la prueba propuesta se ajusta a los requisitos exigidos. Es lo veremos en los siguientes puntos.

 

b. Objeción de la proposición de la prueba

La prueba propuesta por la parte que se crea inválida, impertinente o que no es idónea, puede ser objetad por la parte contraria (art. 382 CPC) o en su caso de ofi cio por el juez.

Si bien el art. 382 CPC regula la oposición a la proposición de prueba (artículo colocado dentro de las normas generales sobre la prueba), no creemos que éste aspecto forme parte integrante del derecho a la prueba. Para MESÍA20 sin embargo, este derecho incluye también el de impugnar las pruebas de la parte contraria. Nosotros creemos que este aspecto forma parte del derecho a los recursos y no propiamente del derecho a proponer prueba.

Así como la CSJ entiende que el juez puede rechazar de ofi cio las pruebas que considere impertinentes (A.S. Nº 188, de 30 de julio de 1982) creemos que puede proceder de igual manera con la que no considere idónea. No sucederá lo mismo con la prueba inválida, ya es muy difícil que tenga conocimiento de su invalidez, entonces, será la parte interesada la que se lo hará notar al juez.

 

c. Rechazo de la prueba

El sujeto procesal facultado de rechazar la prueba que no se ajuste lo establecido por el CPC o la jurisprudencia constitucional, necesariamente es el juez, en su calidad de director del proceso (art. 376 y 381 CPC). Pero al rechazar la prueba propuesta, deberá hacerlo de forma motivada.

Para el TC boliviano el rechazo inmotivado de la prueba constituye una vulneración al derecho a la presentación de prueba para la defensa21, aunque llega a esa conclusión por la vulneración al debido proceso:

“Que, de lo referido se concluye que la omisión o rechazo inmotivado de una prueba objetivamente conducente al descubrimiento de la verdad histórica del delito y desvirtuar plenamente la acusación, constituye una violación al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa y la presentación de la prueba amplia y pertinente del procesado”. (SC 119/2003-R, de 28 de enero, FJ III.3)

Y es que el TC entiende que debido a la importancia del derecho en cuestión, el rechazo de la prueba no puede hacerse mediante una simple providencia, sino que debe ser a través de auto motivado:

“…en cuanto a la decisión adoptada en la audiencia de 25 de agosto en la que el Tribunal, excluyó la prueba producida por la defensa del recurrente, actuado que si bien resulta indebido y coarta el derecho a la defensa por cuanto NO ES ADMISIBLE LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA MEDIANTE UNA PROVIDENCIA SINO A TRAVÉS DE UN AUTO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO” (SC 297/2004-R, de 5 de marzo)

No es que se deba motivar solo la pertinencia o no de la prueba, sino que también debe hacerse la utilidad de la misma:

“…el rechazo de la prueba debe sustentarse o ser la consecuencia directa de su conocimiento previo, en cuyo caso, deberá motivarse debidamente su impertinencia o inutilidad, lo que no ocurrió en este caso”. (SC 684/2005-R, de 20 de junio)

 

B) Derecho a la producción de la prueba admitida

No tendría sentido admitir un medio de prueba para luego no hacer efectiva la producción de la misma, pues así, el derecho a la prueba perdería toda virtualidad práctica22. En este sentido, el derecho a la prueba incluye el derecho a la práctica de la prueba legalmente admitida, caso contrario debemos entender vulnerado este derecho. Así lo entiende la jurisprudencia del TC español:

“Sobre un supuesto de falta de práctica de prueba, pese a su admisión previa, se ha pronunciado este Tribunal en su STC 147/1987, de 25 de septiembre, advirtiendo que ‘el efecto de la inejecución de la prueba es o puede ser el mismo que el de su inadmisión previa’ (fundamento jurídico 3º). La no práctica equivale, pues, objetivamente a una inadmisión y, dadas las circunstancias, lógicamente no motivada ni fundada. (STC 50/1988, FJ 3º)

La prueba propuesta debe ser producida dentro del período fi jado por el juez, por lo que fuera de ese período será rechazada de ofi cio por la autoridad judicial (art. 377 CPC). En lo que se refi ere a la práctica propiamente, se deberá estar a lo estipulado para cada medio en concreto.

 

C) Derecho a la valoración de la prueba

Si el objetivo de la prueba es lograr el convencimiento psicológico del juzgador para con ello lograr una sentencia favorable en el fondo, es obvio que las pruebas presentadas y que sustentan la pretensión del actor deben ser oportunamente valoradas en la sentencia.

Así, rige en nuestro sistema procesal un sistema combinado de valoración de la prueba: legal, según la valoración que le otorgue la ley y, la sana crítica (art. 397 CPC).

Bibliografía

R AMOS, J., Derechos humanos, Constitución Política del Estado de Bolivia y textos internacionales, Academia de Estudios Constitucionales, La Paz, 2005, pág. 38

SEOANE SPIEGELBERG, J. L., La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, Aranzadi, Navarra, 2002

P ICÓ I JUNOY, J., Las garantías constitucionales del proceso, Ed. Bosch, Zaragoza, 1997

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P ÉREZ ROYO, J., Curso de derecho constitucional, 7ª Ed., Marcial Pons, Barcelona, 2000

SÁNCHIS CRESPO, C., con Chaveli Donet, E.A., La prueba por medios audiovisuales e instrumentos de archivo en la LEC 1/2000, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002

D URÁN RIBERA, W., Principios, derechos y garantías constitucionales, El País, Santa Cruz de la Sierra, 2005

ÁLVAREZ CONDE, E., Curso de derecho constitucional, Vol. I, Tecnos, Madrid, 1992

MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 3ª Ed., Civitas, Madrid, 2002

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M ESÍA, C., Derechos de la persona. Dogmática constitucional, Fondo Ed. Del Congreso del Perú, Lima, 2004

SÁNCHIS CRESPO, La prueba por soportes informáticos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999

 

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1. RAMOS, J., Derechos humanos, Constitución Política del Estado de Bolivia y textos internacionales, Academia de Estudios Constitucionales, La Paz, 2005, pág. 38

2. SEOANE SPIEGELBERG, J. L., La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 127

3. PICÓ I JUNOY, J., Las garantías constitucionales del proceso, Ed. Bosch, Zaragoza, 1997, pág. 145; RUBIO LLORENTE, F., Derechos fundamentales y principios constitucionales, Ariel S.A., Barcelona, 1995, pág. 348; PÉREZ ROYO, J., Curso de derecho constitucional, Marcial Pons, Barcelona, 2000, pág. 509

4. PICÓ I JUNOY, J., Las garantías constitucionales del proceso, ob. cit., pág. 144; RUBIO LLORENTE, F., Derechos fundamentales y principios constitucionales, ob. cit., pág. 348; PÉREZ ROYO, J., Curso de derecho constitucional, ob. cit., pág. 509; SÁNCHIS CRESPO, C., con Chaveli Donet, E.A., La prueba por medios audiovisuales e instrumentos de archivo en la LEC 1/2000, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 23

5. La doctrina nacional (DURÁN RIBERA, W., Principios, derechos y garantías constitucionales, El País, Santa Cruz de la Sierra, 2005, págs. 140 y 141) entiende que “el derecho a la defensa se constituye, indudablemente, en el plexo sobre el que se articulan las garantías judiciales mínimas a que se refi ere el art. 8.2 del Pacto de San José relativas al debido proceso, donde todos sus institutos, de alguna manera, se conectan y convergen con el derecho a la defensa.
“En Bolivia, el derecho a la defensa se constituye en una garantía expresamente establecida en la Constitución en el art. 16.II, conforme al siguiente texto: “El derecho a la defensa de la persona en juicio es inviolable”; garantía que se robustece al tenor de lo establecido en los arts. 8.1 del Pacto de San José y 14 del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos. “Atento lo expresado, es posible conceptuar el instituto en análisis, como la facultad irrestricta que tiene todo imputado de ser oído, impugnando las pruebas de contrario, proponiendo y aportando las que estime convenientes, con el fi n de desvirtuar o enervar la acusación, o atenuar la responsabilidad que se le atribuye”.

6. DURÁN RIBERA, Principios…, ob. cit., pág. 140. El TC boliviano (SC 1581/2005-R) defi ne el debido proceso como “el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…)”

7. ÁLVAREZ CONDE, E., Curso de derecho constitucional, Vol. I, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 361

8. P ICÓ I JUNOY, J., Las garantías…, ob. cit., pág. 143

9. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 3ª Ed., Civitas, Madrid, 2002, pág. 113

10. No pretendemos discutir en este trabajo sobre la naturaleza procesal o no de las normas sobre la prueba, que entendemos la mayor parte de la doctrina procesal moderna adopta la postura de la naturaleza procesal de las mismas (MONTERO, La prueba…, ob. cit., pág. 42). Sin embargo, queremos hacer notar que, si bien CARNELUTTI, F., (La prueba civil, Trad. de la 2ª ed. Italiana (1947) por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Buenos Aires, 1955, págs. XXIII a XXV) en las primeras ediciones de su obra estaba convencido que las normas sobre la prueba eran de naturaleza procesal; como hace notar AUGENTI, G. P., (CARNELUTTI, F., La prueba civil, ob. cit., pág. 214), en obras posteriores del maestro italiano expone un pensamiento diverso, ya que se puede leer en su Teoría General del Derecho que: “de las pruebas tiene normalmente necesidad el juez, pero pueden tener necesidad también las partes... [y que basta] ‘esta refl exión para excluir que las pruebas operen sólo en el proceso y que, por tanto, constituyan exclusivamente una institución procesal. Si al comienzo de mis estudios creí que fuese así, éste es uno de los puntos acerca de los cuales hace tiempo que debí cambiar mi opinión’”. En cuanto al derecho nacional, siguiendo a su modelo el Codice di procedura civile de 1940, las normas sobre la prueba se encuentran dispersas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil; así, en el primer cuerpo legislativo se encuentran las normas relativas a la admisibilidad y efi cacia de los medios de prueba (arts. 1283 a 1334) y mientras que en el CPC se encontramos lo relativo al procedimiento probatorio (arts. 370 a 485).

11. MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pág. 113

12. MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pág. 113

13. Prueba documental (arts. 1287 a 1316), confesión (arts. 1321 a 1323), juramento (arts. 1324 a 1326), testifi cal (arts. 1327 a 1330), informes periciales (arts. 1331 a 1333) e inspección ocular (art. 1334).

14. Damos por sentada la distinción entre fuente y medio de prueba apuntada por CARNERLUTTI (La prueba civil…, ob. cit., págs. 67 y ss) y desarrollada por SENTÍS MELENDO (Estudios de Derecho Procesal, Vol. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1967, págs. 557 y 597 y ss)

15. PÉREZ ROYO, J., Curso de derecho constitucional, ob. cit., pág. 510; ÁLVAREZ CONDE, E., Curso de derecho constitucional, Vol. I, ob. cit., pág. 362; PICÓ I JUNOY, Las garantías constitucionales…, ob. cit., pág. 143; MESÍA, C., Derechos de la persona. Dogmática constitucional, Fondo Ed. Del Congreso del Perú, Lima, 2004, pág. 336; SÁNCHIS CRESPO, La prueba por soportes informáticos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 27; SEOANE SPIEGELBERG, J.L., La prueba…, ob. cit., págs. 127 a 131

16. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pág. 124

17. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pág. 122

18. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pág. 118

19. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pág. 118

20. MESÍA, C., Derechos de la persona. Dogmática constitucional, ob. cit., pág. 336

21. SÁNCHIS CRESPO (La prueba por soportes informáticos, ob. cit., pág. 36) entiende que el rechazo inmotivado de un medio de prueba no forma parte del derecho a la prueba sino del derecho a la tutela judicial efectiva: “En mi opinión, si bien es cierto que el justiciable posee el derecho a una inadmisión con las características señaladas [motivación de la resolución que inadmite la prueba], no lo es menos que ese derecho no forma parte del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, sino del más amplio de tutela judicial efectiva. La conclusión parece lógica. Si el órgano jurisdiccional entiende que debe inadmitir un medio de prueba es porque considera que no se tiene derecho a utilizarlo. Cualquier consecuencia ulterior –como es la de inadmitir motivada, razonable y no arbitrariamente- está presuponiendo la inexistencia del derecho, por lo que mal puede integrar su contenido”.

22. SANCHÍS CRESPO, La prueba por soportes informáticos, ob. cit., pág. 37

 

Acerca del autor

  Alex Parada Mendía, PhD


Alex Parada, abogado, Director de su propia firma legal. Culminó con méritos sus estudios de Derecho, en una de las universidades más prestigiosas de nuestro país.

 

 

 

 


 

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Comentarios   

juan peñafiel
La jurisprudencia es uno de los aspectos importantes para el abogado, por lo que sirve de mucha ayuda los presentes artículos.
ORLANDO CARDENAS NUÑEZ
Escribo desde la Ciudad de Potosí. Muy valisos el contenido de Dercho a la prueba. Fui despedido de mi fuente de trabajo el 2013 con acusaciones de haber comerido delitos penales, sin prueba alguna ni el resultado de un proceso administrtivo interno ni una imputación legal formal. el año 2016 la entidad concreta una demanda penal en mi contra del cual por sentencia salgo absuelto de tales acusaciones penales y con esta prueba en el Tribunal Supremo de Justicia (en casación) y ultimamente con el Tribunal de Garantías (Sucre) se denego mi amparo consticuional. Mi duda es el haber salido absuelto en proceso penal ordinario, no es suficiente prueba? Perdon por transmitirles mii caso, me encuentro indignado por el procedimiento para con mi pesona. Mil gracias por esta oportunidad

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