La cancelación de gravamen prendario por sí sola no interrumpe la precripción

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Interrupción de la prescripción

[La recurrente] acusa errónea valoración de la prueba (léase fs. 154-156, 91-92) pruebas que no habrían sido valoradas en su integridad por el Juez A quo a tiempo de emitir su injusta Sentencia y menos por el Ad quem a tiempo de emitir su incorrecto e ilegal Auto de Vista, llegando a la convicción que la prescripción inventada por los demandados no resulta procedente en el presente caso, vulnerando de esta forma el inc. II) del art. 1.503 del Sustantivo Civil.

En ese entendido de la revisión de obrados se tiene que la actora J.C.O. habría cancelado la deuda de R.Z.C. al Banco Mercantil S.A. de la suma de $us. 12.582,71, en fecha 08 de abril de 1998, tal como se videncia de la certificación emitida por la entidad bancaria antes mencionada, cursante a fs. 4 de obrados; fecha desde la cual se convierte la accionante en acreedora del nombrado deudor; es decir que desde aquella fecha la parte actora tenía todo el derecho de realizar todo acto y acciones legales tendientes a recuperar su acreencia, tales como pedir medidas precautorias contra los bienes de su deudor, requerimientos en mora, acción de repetición y todo cuanto fuere necesario, actos que van a interrumpir la prescripción.

En el caso la demanda recién es interpuesta el día 10 de enero del 2004; es decir después de los cinco años que prevé la ley; por lo que en aplicación del art. 1.507 del Código Civil los Jueces de instancia declaran probada la excepción de prescripción, en virtud a que la actora no habría ejercido su derecho de demandar en la vía correspondiente el pago de su acreencia. Resolución que es confirmada por el Auto de Vista bajo los mismos fundamentos.

Ahora, si bien la recurrente refiere que la documental de fs. 154-156 interrumpe el computo de la prescripción con el fundamento de que el mismo habría constituido en mora al deudor, por lo que el término de la prescripción debería correr desde la fecha de suscripción del documento (02 de octubre de 2000); al respecto  debemos aclarar que la Escritura Pública Nº 816/2000, con la que se procedió a cancelar el gravamen prendario que pesaba sobre el vehículo Minibús, marca Asia, con Placa de Circulación Nº CRL-982 de propiedad de Remberto Zeballos Calatayud, otorgado al mismo por el Banco Mercantil, siendo esa su finalidad.

Sin embargo debemos tener en cuenta que para que pueda hacerse efectivo el art. 1503-II) del Código Civil, la parte recurrente debe acreditar que el acto o documento por el que constituye al deudor en mora, como ser una Carta Notariada, medida preparatoria u otros documentos que determinen o señalen la mora en el que el deudor hubiera caído; en el caso presente la Escritura Pública Nº 618/2000 descrita supra, donde la recurrente no participa documental que tiene como única finalidad la liberación del gravamen del vehículo Minibús de propiedad del deudor principal y que no hace referencia alguna al crédito emergente de la deuda cancelada por Juana Campos de Ortuño en favor de Remberto Zeballos Calatayud al Banco Mercantil S.A. Consecuentemente de ninguna manera este documento constituye en mora al deudor como erradamente pretende la recurrente, no siendo correcto pretender aplicar lo prescrito en el parágrafo II del art. 1503 del Código Civil.

En consecuencia el razonamiento realizado por los Jueces de Instancia resultan correctos, en razón de que correspondía tomar como fecha de inicio para el computo de la prescripción el siguiente día de haber sido cancelada la deuda por la demandante J.C.O. al Banco Mercantil S.A. en beneficio de R.Z.C., cuya data es de fecha 08 de abril de 1998, según certificación de fs. 4 de obrados emita por la entidad financiera, habiendo operado la prescripción a la fecha de la interposición e la demanda de fecha 10 de enero de 2004.

 

No puede ejercitarse acción pauliana sobre deuda prescrita.

Lo mismo ocurre con la prueba documental de fs. 91-92 Escritura Pública Nº 188/98 de 05 de mayo de 1998, relativa a la compra venta del lote de terreno en cuestión suscrita entre R.Z.C. en su condición de vendedor y los esposos C.C.B. y H.Z.C. en su condición de compradores, documento que tiene una finalidad distinta a la constitución de mora descrita en el parágrafo II) del art. 1503 del Código Civil, deviniendo en infundado lo acusado en este punto.

Respecto a la violación, aplicación indebida y errónea del art. 1.446 del Código Civil, la recurrente alega que el Tribunal de Alzada no habría considerado doctrinalmente el significado de la Acción Pauliana y que la parte actora habría demostrado los cinco requisitos jurídicos exigidos por el citado artículo, pero que sin embargo el Tribunal de Alzada distorsionando su aplicación correcta habría confirmado la injusta e incorrecta Sentencia, cuestionando la Resolución de primera instancia confirmada por el Auto de Vista ahora impugnado, cuyo fundamento central se basa en el hecho de que la parte actora no habría dado cumplimiento a todos los requisitos que hacen viable a la Acción Pauliana, en particular el numeral 3) de la citada norma.

En el caso que presente, el criterio de los Jueces de Instancia  es que la parte demandante no habría dado cumplimiento al requisito señalado en el numeral 3) de la citada norma, en el entendido de que: “…en obrados se advierte que, no existe prueba objetiva de que los compradores del bien inmueble C.C.B. y H.Z.C. hubieran tenido conocimiento de la deuda que R.Z.C. tiene con la señora J.C.O., puesto que cuando se realizó la transferencia del lote de terreno NO existían gravámenes sobre el mismo que puedan llevar a la convicción de que los nuevos propietarios hubieran tenido conocimiento de la existencia de alguna deuda del Sr. R.Z.…”

Sin embargo no se tomó en cuenta la deuda pendiente que tenía R.Z.C. en favor de J.C.O. garante del deudor a la fecha de la interposición de la demanda se encuentra prescrita conforme se declaró al acogerse la excepción de prescripción, que en el caso de Autos fue dispuesto por los Jueces de Instancia  en merito a los argumentos de orden legal descritos en la respuesta al primer punto, hecho que hace inexigible el pago de la acreencia pretendida por la actora.

En tal sentido, debemos señalar que el quinto y último requisito del art. 1446 del Código Civil, exige que el crédito sea líquido y exigible; si bien sobre el particular la  recurrente indica que la prescripción no habría operado en el presente caso, dicho extremo ha sido resulto por los Jueces de Instancia al haber declarado probada la excepción de prescripción, en consecuencia no se habría dado cumplimiento al num. 5) del citado artículo; es decir que la acreencia se tornó en inexigible.

En conclusión para ejecutar el cobro de una deuda esta debe tener esa condición de exigibilidad con la finalidad que pueda hacerse efectiva materialmente la obligación y siendo este uno de los requisitos que hacen a la procedencia de la acción pauliana, conforme lo establece el numeral 5) del art. 1446 del Sustantivo Civil, como es la exigibilidad del crédito; sin embargo siendo que en el caso presente  la deuda que se pretende repetir se encuentra prescrita, deuda de la cual depende la existencia de la acción pauliana, cuya finalidad es proteger al acreedor de posibles disposiciones que pudiera realizar el deudor en perjuicio de propio patrimonio, así se tiene señalado en punto III.1 de la doctrina aplicable.

Se debe tener presente que al ser la acción Pauliana es una acción de protección de crédito del acreedor conforme antes se expuso, la misma no puede ser procedente cuando el crédito que precisamente genera el derecho de accionar la revocatoria de una supuesta transferencia fraudulenta se convierte en inexigible, esto por efecto de la prescripción del mismo; es decir, no se puede a través de la acción pauliana proteger  un crédito prescrito, ya que dicha prescripción decanta en el incumplimiento del quinto requisito del art. 1446 del Código Civil, aspecto que da lugar a la inviabilidad de la acción pauliana, cuya existencia depende de la obligación señalada supra, razonamiento que no fue desarrollado por los de instancia , pero que si bien establece en esta etapa el motivo correcto de la improcedencia de la acción pauliana dicho yerro no modifica la decisión de fondo de los Jueces de Instancia. Deviniendo en infundado lo acusado en este punto.

(...)

De lo explicado se colige que el recurso de casación en estricta observancia de los puntos planteados, no tiene el suficiente fundamento para revertir la decisión asumida por el Ad quem, fundamentalmente si se considera que la deuda se encuentra prescrita, aspecto que invalida la procedencia de la acción pauliana, en el entendido de que la misma surge como consecuencia de la deuda oblada por la garante en favor del deudor principal.

Por lo manifestado corresponde resolver el recurso de casación en la forma prevista por el art.  220.II del Código Procesal Civil.

(Auto Supremo 271/2017, del 09 de marzo del 2017)

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