Fuente: art. 364.II Anteproyecto Código Procesal Civil.

Conc.: arts. 257, 259.2, 260.II y 261 CPC, apelación devolutiva.

 

La resolución que rechace la diligencia admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo; empero, sin posibilidad de recurso de casación.

SCP 0818/2020-S4, del 15 de diciembre de 2020:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“En respuesta a los sustentos contenidos en el actuado anteriormente mencionado, el AS 621/2019, emitido por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró ilegal el recurso de compulsa, con las siguientes justificaciones: 1) Los alcances competenciales del tribunal que conoce la compulsa, se circunscribe únicamente a verificar si la negativa de la concesión del recurso es legítima o no, conforme a lo previsto por el art. 279 del CPC, y de ninguna forma otorga atribuciones para resolver temas sustanciales o de fondo; 2) El art. 270.I de la norma procesal civil, dispone la procedencia de la casación sólo respecto de autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente establecidos por la ley; 3) El antecedente de la causa radica en la diligencia preparatoria de demanda, cuyo eventual rechazo admite recurso de apelación en el efecto devolutivo, al tenor de lo establecido en el art. 309 del CPC; por ende, dicha resolución es apelable, empero, sin posibilidad de recurso de casación; y 4) Del mismo modo, ninguna resolución emitida en procesos preliminares, admitirá la interposición del referido recurso extraordinario, por tal, la impugnación presentada careció de sustento.

“De lo anotado, es posible concluir que la empresa impetrante de tutela, confundió las alegaciones efectuadas en su recurso de casación contra la Resolución 059, que desestimó el recurso impugnatorio –reposición con alternativa de apelación– interpuesto contra el Auto Interlocutorio Definitivo de 07 de junio de 2017, que anuló las actuaciones hasta la admisión de la diligencia preparatoria, con las argumentaciones contenidas en su recurso de compulsa, presentado contra la Resolución 080 de 5 de junio de igual año, que rechazó el recurso de casación antes referido, pues aunque son secuenciales, no responden a una misma consecuencia impugnatoria, sin advertir por ello, que la citada Resolución 059, desestimó propiamente su primer recurso impugnatorio, por tanto, debió interponer contra ella, el recurso de compulsa y no casación, como lo hizo; llevando ello a una concatenación de actos recursivos sin suficiente razonamiento y consecuencia procesal. Constatándose con todo ello, el erróneo entendimiento y aplicación por parte de los accionantes del instituto procesal de la compulsa.

“En ese sentido los Magistrados demandados indicaron con claridad que los alcances competenciales del tribunal que conoce la compulsa, se circunscribe únicamente a verificar si la negativa de la concesión del recurso es legítima o no, conforme lo previsto por el art. 279 del CPC, y de ninguna forma se otorga atribuciones para resolver temas sustanciales o de fondo; citando el art. 270.I de la Norma procesal civil, respecto de la procedencia de la casación sólo respecto de autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente establecidos por la ley; contextualizando, que la causa radica en la diligencia preparatoria de demanda, cuyo eventual rechazo admite recurso de apelación en el efecto devolutivo, al tenor de lo establecido en el art. 309 del Código adjetivo de la materia, por ende, dicha Resolución es apelable, empero, sin posibilidad de recurso de casación, entonces, la impugnación presentada careció de sustento; por ende y por todo lo analizado y estudiado, no existe falta de fundamentación y motivación en el citado AS 621/2019.”

(El resaltado es nuestro).

SCP 1064/2016-S3, del 3 de octubre de 2016:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita y a la “protección jurídica”; toda vez que, la autoridad demandada, confundiendo el alcance de una demanda con una diligencia preparatoria de demanda, por Auto 107 de 10 de marzo de 2016, declaró la improponibilidad y el rechazo de la solicitud de diligencia preparatoria de demanda, que había deducido a los fines de efectivizar el pago de una acreencia con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, sumado al hecho de haber emitido criterios sobre la efectividad del documento, decisión contra el cual solicitó aclaración y complementación, la misma que no fue atendida en los términos reclamados, viéndose impedida de cobrar el dinero de la mercadería entregada a dicha entidad pública.

“En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. “III.1. Jurisprudencia referida al carácter subsidiario de la acción de amparo:

“>La SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario y supletorio “…>en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”.

“Conforme al razonamiento antes señalado, el extinto Tribunal Constitucional en la citada Sentencia Constitucional, estableció reglas y subreglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”.

“III.2. Análisis en el caso concreto

“Conforme a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de amparo constitucional es un instrumento subsidiario para la protección de derechos fundamentales, por cuanto su utilización depende del previo agotamiento de las vías ordinarias de defensa, pero además, porque repara y repone la deficiencias de la vía indicada, a cuyo efecto y mediante reglas y subreglas establecidas por la jurisprudencia constitucional, no procede cuando las autoridades judiciales no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno, en procura del restablecimiento de sus derechos y en el marco de la competencia que detentan las autoridades de la jurisdicción ordinaria.

“En el presente caso, la accionante hizo una exposición de los antecedentes de la diligencia preparatoria de demanda que formuló, la misma que fue rechazada por la autoridad hoy demandada; expresa citas del Código Procesal Civil inherentes al trámite de la solicitud ya indicada, realiza una trascripción textual del Auto 107 de 10 de marzo de 2016 y reiteradamente denuncia que la determinación de improponibilidad y rechazo de su petición es producto de un error de la Jueza de la causa, quien no distinguió que su solicitud no constituye una demanda y que arbitrariamente emitió criterio respecto a la efectividad del documento; por otro lado, tanto en la Resolución principal como en la complementaria, no estableció el recurso que debió interponer contra la decisión de rechazo.

“Del contexto expuesto, esta jurisdicción evidencia con claridad, que las vulneraciones argüidas por la parte accionante, pudieron ser impugnadas y resueltas por la autoridad superior en grado, a través del recurso de apelación previsto por el art. 309 del Código Procesal Civil, que refiere: “La resolución que rechace la diligencia admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo”, normativa que garantiza el ejercicio del derecho y principio de impugnación que le asiste a la accionante y que ciertamente, se encuentra previsto en el capítulo correspondiente a las diligencias preparatorias. En ese entendido, el hecho de no haber activado el citado recurso, impide a la justicia constitucional emitir un pronunciamiento sobre los hechos supuestamente lesivos, en razón a la competencia que ejerce y que de ninguna manera le permite formar parte de la jurisdicción ordinaria cual si fuera una instancia de impugnación. Consiguientemente, la omisión en cuanto a la impugnación señalada, deviene en la aplicación de la regla y subregla que determina el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y en la denegatoria de la tutela solicitada, por cuanto las autoridades judiciales no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, debido a la inacción de la accionante, quien dentro del término de ley pudo haber interpuesto el recurso de apelación, atendiendo sobre todo al principio de impugnación previsto por el art. 180.II de la CPE.

“Finalmente, es evidente la falta de congruencia entre la demanda de acción de amparo constitucional y la decisión emitida por el Tribunal de garantías, a través de la Resolución 25/2016, porque al margen de los derechos que la hoy accionante denunció como vulnerados los a derechos al trabajo, a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita y a la “protección jurídica”, el mencionado Tribunal fundó y concedió la tutela de los derechos al debido proceso, al acceso, a la justicia y a la tutela judicial efectiva, bajo el argumento principal de que la Jueza de la causa no determinó el recurso que la parte solicitante de la diligencia preparatoria de demanda -hoy accionante-, debió seguir; además, sin considerar que la ahora accionante pidió se disponga la admisión de su trámite y a lo que el Tribunal de garantías resolvió contradictoriamente dejar sin efecto el Auto complementario 131 de 21 de marzo de 2016, peor aún, reconociendo expresamente, cuando en audiencia, vía aclaración complementación y enmienda solicitada por la parte accionante, manifestó que: “…cualquier resolución puede ser impugnada, …nosotros aclaramos que interpretamos de manera clara inadmisión (rechazo) de entrada, así como lo realizó el Juez Público Civil y Comercial 23° de la Capital, en ese caso se le abre, según nuestra interpretación del art. 309 de la Ley 439, la posibilidad de apelar en efecto devolutivo contra esa resolución, para que el Tribunal superior considere someter la admisión y someterlo a procedimiento la solicitud de diligencia de preparatoria de demanda, además apoyándonos en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, que es el derecho a la impugnación…” (sic), argumento que expresamente supone la aplicación de las reglas y subreglas establecidas en la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Debiendo el Tribunal de garantías observar un orden sistemático, a tiempo de asumir su decisión en futuras acciones tutelares, que sean puestas a su conocimiento.

“Resulta pertinente establecer que, considerando la vigencia reciente del Código Procesal Civil, la regla procesal de impugnación por rechazo de una diligencia preparatoria está prevista en el art. 309 del Código Procesal Civil, en el mismo capítulo que regula el procedimiento de su tramitación, no siendo evidente una incorrecta sistematización normativa o una necesaria indagación del precepto legal que debió ser aplicado por la hoy accionante, para la protección de sus derechos, que además amerita una inexcusable determinación de la autoridad demandada, que informe a la hoy accionante sobre cómo debe ejercer el principio constitucional de impugnación.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente: art. 363 Anteproyecto Código Procesal Civil.

Conc.: art. 250 CPC, impugnación de las resoluciones judiciales; arts. 24.6 y 340 CPC, rechazo de incidentes; arts. 90 y 91 CPC, plazos procesales.

No todas las instancias recursivas se encuentran abiertas para las resoluciones Judiciales impugnables esto, con la finalidad de evitar la dilación innecesaria del proceso y que se busque que los mismos sean interminables.

AS 386/2020, del 03 de agosto 2020:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“Considerando la aplicación supletoria del Código Adjetivo Civil en la materia, es necesario considerarse el AS N° 272/2017 de 10 de marzo, emitido por la Sala Civil de este TSJ, que estableció:

“…preliminarmente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.”

“Entendiendo lo expuesto, las partes tienen el Derecho Constitucional de impugnación; sin embargo, este derecho como todos se encuentra regulado y normado en cuanto a su amplitud, entendiendo que no todas las instancias recursivas se encuentran abiertas para las resoluciones Judiciales impugnables esto, con la finalidad de evitar la dilación innecesaria del proceso y que se busque que los mismos sean interminables, en el entendido de ello se debe considerar que el art. 250-I del CPC-2013, establece que las resoluciones judiciales son impugnables; salvo disposición expresa en contrario, estableciendo de esta forma un límite del ejercicio del derecho.” (El resaltado es nuestro).

(En sentido similar: AASS 404/2020, 262/2018, 585/2020, 461/2020, 463/2020, 451/2020, 462/2020, 470/2020, 469/2020, 468/2020, 445/2020, 473/2020, 453/2020, 454/2020, 467/2020, 447/2020, 444/2020, 446/2020, 0458/2020, 460/2020, 459/2020,417/2020, 666/2018).

Fuente: art. 362 Anteproyecto Código Procesal Civil; arts. 320 a 326 Código De Procedimiento Civil Abrogado.

Fuente: art. 361 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 319 Código De Procedimiento Civil Abrogado.

Conc.: arts. 65 y 66 Ley del Notariado Plurinacional, reconocimiento notarial de firmas; art. 202 CPC, valoración del dictamen pericial; art. 1295 CC, documentos de personas que no saben o no pueden firmar; art. 1299 CC, documento otorgado por analfabeto; art. 1300 CC, reconocimiento y comprobación de la letra o firma; arts. 58 a 61 Código de Comercio, exhibición de documentos mercantiles; art. 483.II CPC, nombramiento de curador en caso de desaparición; art. 31 CC, nombramiento de curador en caso de ausencia; arts. 59.II y 63 Código de las Familias y del Proceso Familiar, tutor en caso de interdicción; art. 151 CPC, documentos en oficinas públicas en poder de la contraparte o de tercero.

La declaración jurada como medida preparatoria busca en específico delimitar los alcances de la legitimación del demandado y no así respecto del fondo de la controversia.

AS 260/2020, del 06 de julio 2020:

“FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“(…) Previamente, es menester realizar algunas precisiones de orden jurídico procesal sobre la medida preparatoria de declaración jurada, del cual, algunos autores expresaron que: “Con esta medida preparatoria se autoriza al actor a pedir que la persona contra quien se propone dirigir la demanda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo a su personalidad sin cuyo conocimiento no puede entrarse en el proceso, es decir, la declaración sólo puede versar sobre aquellas circunstancias relativas a la legitimación del futuro demandado, con prescindencia de los hechos relativos al fondo del litigio. La medida es admisible, por ejemplo para determinar si el demandado es mayor o menor de edad, casado, si aquél es propietario del edificio que amenaza ruina o del animal que causó el dañó, o heredero de determinada persona, etc (...). Como se denota esta diligencia preparatoria debe responder en sus interrogantes a declaraciones de situaciones relativas a su personalidad y no al fondo del proceso, en cuyo caso perdería su naturaleza que radica en preparar el proceso para una futura acción, puesto que de ninguna manera pueden ser equiparadas a un proceso como tal, criterio claramente expresado en la doctrina aplicable punto III.2.

“En el caso concreto, el testimonio judicial sobre medida preparatoria de declaración jurada adjunta, declaró por confesa solo a P. A. de T., ante su inasistencia, es así, que de acuerdo al sistema de valoración probatoria de la sana critica, no se constituye en prueba, porque en su análisis se denotó que dicha pieza procesal en sus interrogantes refiere a hechos no conducentes a su personalidad, sino relativos al fondo de la presente sub litis, tales como: la pregunta primera, entre otras, –no se firmó ningún contrato de trabajo (construcción de mi inmueble, sitio en Cota Cota) y si existe contrato cuando se firmó y en qué circunstancias y/o presencia de qué personas?, que es referente a un hecho relativo al fondo del litigio; o la interrogante séptima –a cuánto asciende el valor de la obra que realizaron en su inmueble-, que es relativo al costo de la obra, cuyo valor debiera determinarse dentro del proceso y no en una declaración jurada, además, si se pretendía comprobar el estado del inmueble, que habría de ser objeto de juicio, debió practicarse una inspección judicial previa, con la intervención de un perito, cuya medida preparatoria es también reconocida en nuestro ordenamiento jurídico; o la pregunta octava, donde la parte declarante debió responder –si conoce que el citado inmueble fue terminado en la obra por albañiles contratados en forma particular por la actora, quienes colocaron puertas de garaje, ingreso, cadenas, tanque de agua y otros-, aspectos que no son de índole personal atribuible a la declarante, sino que deriva del accionar de otra persona, por lo que, mal puede afirmar la recurrente que por esta declaración jurada los demandados aceptaron que la obra no se construyó tal cual se convino, con fierro, arena, cemento y zapatas que garanticen su estabilidad, cuando en dicha medida preparatoria sus interrogantes nunca describieron de forma textual materiales a usar, la ejecución de zapatas como lo manifiesta la recurrente, por el contrario, solo señalo de forma general entrega de llave en mano.

“Concretizando, no todas las interrogantes fueron dirigidas a decantar en una respuesta asertiva, por su forma de redacción, sino más bien, pretendieron exceder los alcances de la medida preparatoria de declaración jurada, tergiversando su naturaleza, misma que versa sobre interrogantes de la personalidad del sujeto a declarar, con prescindencia de hechos referentes al fondo del litigio, puesto que para que esta prueba genere un efecto de presunción simple, no debió ser producida como medida preparatoria, sino dentro la prosecución del juicio, es decir, el probar la existencia o no del contrato verbal como objeto de controversia correspondió ser propugnado en el presente contradictorio, y no así desde dicho medio preliminar, cuyos aspectos impiden a este Tribunal a considerarla por si sola como prueba simple y comprobar los hechos controvertidos del proceso afirmados por la recurrente.”

(El resaltado es nuestro).

Las diligencias preparatorias -en donde se encuentra el reconocimiento de firmas- no condiciona la tramitación de la causa principal.

AS 166/2022, del 18 de marzo 2022:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“(…) debe tenerse presente los procesos preliminares que se encuentran normados en los arts. 292 al 309 del Código Procesal Civil, dentro de los cuales se hallan comprendidas las diligencias preparatorias de reconocimiento de firmas, no condicionan la tramitación de la causa principal al Juez que conoce los procesos preliminares, ni mucho menos determinan la competencia de la autoridad judicial, no pudiendo ser confundidos con los procesos cautelares que tienen otro tratamiento y distinta finalidad.”

(El resaltado es nuestro).

La diligencia preparatoria - de exhibición de documentos- en el marco de la prescripción tiene un efecto interruptivo únicamente cuando es declarada probada.

AS 816/2015 - L, del 16 de septiembre 2015:

“De los documentos de fs. 22 a 28, consta la medida preparatoria de demanda cuyo memorial dirigido al Juez Instructor de Turno en lo Civil, de 28 de diciembre de 1993, de solicitud de exhibición de documentos incoado por el co demandante en vía de demanda preparatoria, señalando: “He adquirido un lote de terreno en la zona de Ticti…de su anterior propietario J.O. y que se halla registrado…en fecha 19 de agosto de 1980…resulta que en este mi dicho lote he encontrado una ya casa construida por S.R., por lo que solicito que se notifique a este señor la Exhibición de documentos porque yo poseo los demás documentos…dirigiendo en la vía preparatoria de demanda…pidiendo que se le conmine a la exhibición de los documentos de propiedad si los tuviere…”, a cuyo efecto de citación a S.R.R., se dispuso a fs. 25 vta., la citación por cédula la misma que tuvo lugar el 5 de mayo de 1994, conforme se acredita de la diligencia de fs. 26.

“(...) En ese sentido, se tiene que dentro de ese plazo o término de prescripción, S.B.Q. demandó en calidad de medida preparatoria (diligencia preliminar propiamente), la notificación del demandado con la finalidad de que exhiba documentos de propiedad del indicado lote de terreno, si tuviere, diligencia con la cual fue notificado mediante cédula el 5 de mayo de 1994. Si bien no se dio cumplimiento a la exhibición ordenada porque finalmente la citación con la medida preparatoria no fue personal sino mediante cédula, que como alega el demandado en su confesión provocada de fs. 125, nunca le notificaron ya que se encontraba fuera del país, pese a que esta cuestión en obrados no fue alegada por el demandado, no es menos cierto que con posterioridad el co actor planteó demanda interdicta de adquirir la posesión el 20 de enero de 1995, contra el demandado y J.O., habiéndose suscitado oposición a la misma por parte de la esposa de S.R.R., E.B., declarándose en Sentencia de 28 de noviembre de 1995, probada la demanda interdicta e improbada la oposición.

“Dentro de las causas que interrumpen la prescripción, el Código Civil señala en el parágrafo I del art. 1503 que: “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente”, la interrupción destruye la prescripción porque borra retroactivamente todo plazo transcurrido hasta el momento de la interrupción, es decir, los actos que interrumpen la prescripción borran totalmente el plazo transcurrido el cual deberá computarse nuevamente por completo. Aplicable al caso de autos, se tiene que los co-demandantes, a través de la diligencia preliminar la que finalmente no prosperó por los antecedentes señalados, y si se considerase que por dicha causa este acto no tuvo efecto interruptivo, no puede soslayarse la demanda interdicta de adquirir la posesión cuya sentencia declaró probada la misma, proceso que se impetró dentro del término de la prescripción que corría a favor del demandado, de los cuales se advierte que aquéllos, en su calidad de titulares ejercieron su derecho de reclamo de la propiedad del indicado bien inmueble sin que se denote de manera alguna inactividad de su parte en el entendido de que los mencionados actos de naturaleza jurídica se constituyeron en causales que interrumpieron la prescripción, pues, de acuerdo al momento y fecha en que se demandaron, en principio la medida preparatoria, y seguidamente el interdicto, se evidencia no haber transcurrido el tiempo establecido para la usucapión señalado en el art. 138 del Código Civil, más allá de que las construcciones y mejoras existentes fueran realizadas de buena fe.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente: art. 360 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 272 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; art. 319 Código De Procedimiento Civil Abrogado.

Conc.: art. 69.5 Ley del Órgano Judicial, competencia para las diligencias preparatorias; arts. 46.II y 67.I. 3 LCA, diligencias preparatorias por vía judicial en el arbitraje; arts. 310.II CPC, medidas cautelares antes de la demanda.

Las diligencias preparatorias, son situaciones jurídico-procesales, tienen la finalidad de resolver cuestiones que surgen antes del origen del proceso principal.

AS 1241/2016, del 28 de octubre 2016:

“III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.3.- De la irrecurribilidad en casación de las resoluciones dispuestas en una medida preparatoria.

“El autor Lino Enrique Palacio en su obra “Derecho Procesal Civil” Tomo VI, Proceso de Conocimiento (PLENARIOS) segunda reimpresión, respecto a las diligencias preliminares señaló: “El proceso de conocimiento resulta de tal modo integrado por tres etapas: la introductiva, la probatoria (que puede no verificarse frente al allanamiento del demando o a la admisión total de los hechos alegados por el actor), y la decisoria.

“a) En casos excepcionales, sin embargo, cabe la posibilidad de que con anterioridad a la interposición de la demanda, y en algunos supuestos con posterioridad, se realicen actos procesales tendientes a asegurar la eficacia e incluso a evitar la frustración de las etapas introductiva o probatoria, previniendo las consecuencias negativas que esa eventualidad puede producir con respecto a la fase decisoria…(sic).

“b) Son diligencias preparatorias en términos generales aquellas que tienen por objeto asegurar a las partes la idoneidad y precisión de sus alegaciones, permitiéndoles el acceso a elementos de juicio susceptibles de delimitar con la mayor exactitud posible los elementos de su futura pretensión u oposición, o a la obtención de medidas que faciliten los procedimientos ulteriores.”

“De lo expuesto se advierte que si bien resulta viable en todos los procesos la interposición de medidas preparatorias, sin embargo, esta etapa preparatoria no debe confundirse con el juicio en sí, puesto que la finalidad de las diligencias preparatorias no es más que preparar el futuro juicio, por lo que cualquier reclamo sobre actuados realizados en dicha etapa, deberán ser reclamados en la misma, en esa lógica, este Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo Nº 238/2015 de 14 de abril, razonó lo siguiente: “… es necesario referirse a que la medida preparatoria está orientada precisamente a preparar un posterior proceso con la provisión de los elementos de prueba obtenidos lícitamente para sustentar el mismo, consiguientemente, por regla general, cualquier irregularidad procesal que se suscite en el trámite de medida preliminar o medida preparatoria debe ser reclamada y resuelta dentro del mismo trámite, razón está por la que no se apertura la posibilidad de activar en el proceso principal y menos en etapa casacional la revisión de determinaciones asumidas dentro del trámite de medida preparatoria, …”

“IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“De conformidad a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable al caso de autos, corresponde a continuación ingresar a considerar los reclamos que fueron objeto del Recurso de Casación.

“1. Sobre el hecho de que el Tribunal de Alzada no habría tomado en cuenta el memorial cursante a fs. 77 donde solicitó nuevo peritaje, como tampoco el de fs. 149 donde habría solicitado aclaraciones al peritaje, memorial que fue rechazado por Auto Interlocutorio de fs. 152; sobre este reclamo y de conformidad a la revisión de obrados, se advierte que la recurrente pretende que el Tribunal de Alzada, al momento de emitir resolución, tendría que haber considerado actos procesales suscitados en la etapa preparatoria, cuando por lo expuesto en el punto III.3 de la doctrina aplicable al caso de Autos, se señaló que al ser las diligencias preparatorias procedimientos judiciales encaminados a asegurar la eficacia jurídica de un futuro proceso, cualquier observación respecto a las actuaciones realizadas en dicho acto procesal, debieron realizarse precisamente dentro de dicho trámite; de igual forma, si la recurrente consideró que en el presente proceso de exclusión de paternidad, existía una urgente necesidad de aperturar el término probatorio, era obligación de esta parte, contestar a la demanda principal y negar los extremos ahí expuestos, empero de la revisión de obrados, se tiene que la recurrente no contestó a la demanda, por lo que fue declarada rebelde por Auto de fs. 184 y vta., de igual forma se advierte que ante la emisión del Auto de fecha 24 de junio de 2014 cursante a fs. 187 vta., que calificó el proceso como ordinario de puro derecho, si considerada que existían hechos controvertidos hacer demostrados en etapa probatoria, debió objetar dicha Resolución, sin embargo, pese a la legal notificación con dicho Auto (fs. 187 vta.), esta se limitó únicamente a purgar su multa por rebeldía sin realizar impugnación alguna contra el Auto que calificó el proceso como ordinario de puro derecho, por lo que el reclamo que trae a casación quedó convalidado, por lo tanto cualquier reclamo posterior a la etapa procesal pertinente donde correspondía impugnar dicha resolución queda precluído (sic).”

(El resaltado es nuestro).

Las diligencias preparatorias persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible.

SCP 0007/2022, del 21 de febrero de 2022:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“Para el caso que nos ocupa, en cuanto al planteamiento de conflictos de competencias entre las jurisdicciones agroambiental y ordinaria civil en etapa de procesos preliminares, la SCP 0012/2019 de 27 de febrero, señaló que: “…las medidas preparatorias ‘Son diligencias preliminares que tienden a preparar el proceso. En consecuencia, corresponde admitir aquellas que sean manifiestamente necesarias para asegurar la defensa de las partes o tiendan a allegar a la causa elementos que posibiliten su adecuado cause (…) Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear alegaciones en la forma más precisa y eficaz, es decir, persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en el proceso en forma correcta, precisa y con el mayor éxito posible la pretensión jurídica o la defensa de la causa’ …en ese sentido, las medidas preparatorias o preliminares -que difieren de las medidas conservatorias- no determinan el nacimiento del proceso, pero si buscan sentar las bases del mismo; es decir, lo que se solicita en la medida preliminar, luego convergerá en una acción real o personal, por ende deben solicitarse ante el juez que sea competente para conocer del proceso que se pretende promover”

“Basando en consecuencia el análisis del juicio competencial en procesos preliminares, en la solicitud de la medida y su convergencia en el futuro proceso –sea que se trate de una acción real, personal o mixta–, de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional para analizar en su integralidad los conflictos de competencias entre las jurisdicciones agroambiental y ordinaria civil, según las particularidades de la naturaleza y objeto de las acciones a las que dará origen.”

(El resaltado es nuestro).

Las diligencias preparatorias no definen el litigio.

La finalidad de las diligencias preparatorias es preparar el futuro juicio.

SCP 0039/2020, del 16 de diciembre de 2020:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“III.2.Análisis del caso concreto:

“En este punto, corresponde señalar que si bien al inicio del análisis del presente caso, se justificó la procedencia del trámite de conflicto competencial dentro de la tramitación de medidas preparatorias aludiendo la naturaleza jurídica de estas últimas, por la cual se determina inclusive la competencia del Juez que conoce el proceso a partir de la labor jurisdiccional ejercida en la tramitación de las diligencias preparatorias, este extremo a los fines de la resolución del conflicto competencial planteado ante esta jurisdicción constitucional, no constituye un elemento que pueda consolidar la competencia del Juez agroambiental que hubiere ejercido durante el trámite de las medidas preparatorias, ya que por su misma naturaleza no crean derechos ni obligaciones, y menos definen el litigio, de ahí que no puede equipararse a un proceso como tal. En ese sentido ya se pronunció este Tribunal en la SCP 722/2013 de 6 de junio, cuando señaló que: “…en cuanto al fundamento sostenido por la autoridad judicial que suscito el conflicto de competencias en análisis; en sentido de que la medida preparatoria de demanda de reconocimiento de firmas sobre cuya base se inició la demanda ordinaria de simulación de contrato de compra venta, fue conocida por el Juez Agroambiental de S. L., y en cuya consecuencia esta misma autoridad debiera conocer esta demanda al haber admitido de inicio su competencia. Al respecto corresponde manifestar que este razonamiento, en mérito a las conclusiones precedentes no constituye un elemento que pueda definir y menos consolidar la competencia de una autoridad judicial para conocer de una determinada demanda; por cuanto una medida preparatoria de demanda tiene por objeto determinar la legitimación procesal de quienes intervendrán en un futuro proceso o en su caso la comprobación de alguna circunstancia imperiosa, vale decir que son diligencias preliminares que tienden a preparar el nacimiento de un proceso, en consecuencia estas por su naturaleza no crean derechos ni obligaciones tampoco definen el litigio, de ahí que no pueden equiparse a un proceso como tal.”

(El resaltado es nuestro).

La ley del órgano judicial nos establece la competencia para las diligencias

preparatorias.

SCP 0003/2020, del 18 de marzo de 2020:

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“III.2. En relación a las competencias de la jurisdicción ordinaria civil y agroambiental

“Corresponde de igual manera, referirse a la competencia tanto de la jurisdicción ordinaria civil como de la agroambiental, para resolver la problemática planteada; en ese entendido, el art. 69 de la Ley Órgano Judicial (LOJ) dispone:

“(COMPETENCIA DE JUZGADOS PÚBLICOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL). Las juezas y jueces en materia Civil y Comercial tienen competencia para:

“1. Aprobar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores;

“2. Rechazar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores, cuando considere que la conciliación vulnera derechos constitucionales;

“3. Conocer en primera instancia de las pretensiones señaladas en el numeral anterior que no hubieran sido conciliadas;

“4. Conocer y resolver todas las acciones contenciosas;

“5. Intervenir en las medidas preparatorias y precautorias;

“6. Conocer los procesos de desalojo;

“7. Conocer los procedimientos interdictos que señala la ley;

“8. Conocer los actos de reconocimiento de firmas y rúbricas;

“9. Conocer y decidir de los procesos de rectificación o cambio de nombre, ordenando la inscripción en el registro civil, así como en la oficina de identificación respectiva, conforme a ley;

“10. Conocer los procedimientos voluntarios; y,

“11. Otros señalados por ley".

“(…).

“III.3. El conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinarias y agroambiental en razón de materia. Entendimiento reiterado

“Al respecto, la SCP 0695/2013 de 3 de junio, citando la SCP 2257/2012 de 8 de noviembre, estableció que: "...en un caso donde se resolvió un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o en el área rural, sostuvo:

“La competencia para conocer las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles puede ser de los jueces y tribunales en materia civil o de jueces y tribunales en materia agroambiental dependiendo del régimen propietario, sea éste de naturaleza urbana o rural.

“En efecto conforme al art. 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE) «La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley»; en este sentido, el art. 134.1 de la Ley de Organización Judicial (LOJ.1993) dispone que los jueces de partido en materia civil-comercial tienen competencia para «Conocer en primera instancia, de las acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores cuya cuantía será determinada por la reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia cada dos años»; por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: «…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores..»; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de «Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria».

“Ahora bien, la delimitación entre lo urbano y lo rural se determinaba mediante ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana mismas que conforme al art. 8 de la Ley 1669 de 30 de octubre de 1995, debían ser homologadas por el Poder Ejecutivo -ahora Órgano Ejecutivo- a través de Resolución Suprema, pese a ello, esta forma de diferenciar los referidos ámbitos se observó y complementó en la SC 0378/2006-R de 18 de abril, que estableció que era necesario que: «...el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural», y se concluyó en que además de considerar las resoluciones municipales, toda autoridad judicial: «...a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios...»”

(El resaltado es nuestro).

La diligencia preparatoria es de carácter prejudicial, por lo que es necesario constatar un hecho o verificar una prueba para evitar que pudiera desaparecer por la acción del tiempo o de la persona que va a ser demandada.

AS 352/2021, del 28 de abril de 2021:

“CONSIDERANDO IV: DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“c. De acuerdo al primer punto acusado, la impugnante manifiesta que se aplicó indebidamente la ley, puesto que la actora habría incumplido seguir el proceso con la correcta competencia del juez conforme el art. 305 del CPC, y tampoco formalizó su demanda en el plazo de seis meses ante el juez que conoció la solicitud de conciliación, tal como lo manda el art. 296.X del CPC.

“Cabe aclarar que este agravio deviene de la excepción de incompetencia planteada por la demandada, declarada improbada por el Auto de 24 de noviembre de 2020 a fs. 76 y vta. y confirmada por el Auto de Vista en análisis, en el entendido que la realización de la conciliación previa no determina la competencia y que la actora cumplió con el art. 292 del Código Adjetivo al adjuntar el acta de incomparecencia a conciliación a fs. 23.

“En ese entendido, la recurrente cita el art. 305 del CPC, entendiendo que la demanda debió ser presentada ante el juez que conoció la solitud de conciliación; sin embargo, la norma en referencia se encuentra establecida a las diligencias preparatorias, cuya finalidad enumerada del 1 a 4 del art. 305 es distinta a la de conciliación previa, ya que en palabras de Hugo Alsina estas diligencias son necesarias antes de la interposición de la demanda: “…porque el que ha de intentarla carece de algún antecedente, sin cuyo conocimiento la cuestión podría ser erróneamente planteada, ya porque sea necesario constatar un hecho o verificar una prueba para evitar que pudiera desaparecer por la acción del tiempo o de la persona que va a ser demandada.”

(El resaltado es nuestro).

Las medidas preparatorias, no constituyen procesos como tal, son simplemente diligencias preliminares encaminadas a facilitar el ejercicio de determinadas acciones para asegurar la eficacia jurídica de estas y de ninguna manera pueden ser equiparadas a un proceso.

AS 749/2019, del 02 de agosto de 2019:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.4. De la finalidad del proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas: “Las medidas preparatorias están orientadas precisamente a preparar un posterior proceso con la provisión de los elementos de prueba obtenidos lícitamente para sustentar el mismo, pero debe tenerse en claro que las medidas preparatorias no deben exceder su ámbito de aplicación previsto en el ordenamiento jurídico, ya que en ningún caso a través de las mismas podía definirse situaciones jurídicas por ser la naturaleza propia del proceso contradictorio al que deben dar lugar.

“En el trámite de reconocimiento de firmas y rúbricas, entonces bajo ese enfoque el reconocimiento de las mismas desarrollado vía judicial, únicamente tiende a establecer si la firma estampada en el documento corresponde o no al emplazado, este solo puede reconocer la firma por haberla suscrito o negarla por no haberla asentado, solo en este último caso se admite la vía incidental de generar prueba para demostrar su autenticidad; siendo la finalidad del reconocimiento de firmas el de establecer si el emplazado firmó o no el documento, resta toda posibilidad de generar reclamos por el emplazado en sentido de que existía alguna condición, una obligación pendiente, o que el contrato fue modificado con otro documento o verbalmente, tampoco puede reconocer la firma sujetándolo a alguna condición, es por ello que el reconocimiento judicial solo establece la fe que refleja el contenido del documento objeto de emplazamiento, el mismo que podría estar modificado por otro documento o extinguido mediante otro acto de ambas partes o alguna de ellas, razonamiento expresado del contenido del inc. c) numeral 2 del art. 319 del Código de Procedimiento Civil, incorporado por el art. 19 de la Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997.

“Respecto a la finalidad del trámite de reconocimiento de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió reiterada jurisprudencia, entre ellas se tiene al Auto Supremo N° 149/2014 de 16 de abril expresando que: “En cuanto a la medida preparatoria, corresponde señalar que no puede considerase como prueba plena en el marco del art. 319 del Código de Procedimiento Civil en atención a que el artículo 321 del citado Adjetivo Civil señala que, si el emplazado no concurre se lo da por confeso, pero, se refiere a la declaración jurada sobre algún hecho relativo a su personalidad y no sobre el contenido de documento alguno, en razón a que las medidas preparatorias, no constituyen procesos como tal, son simplemente diligencias preliminares encaminadas a facilitar el ejercicio de determinadas acciones para asegurar la eficacia jurídica de estas y de ninguna manera pueden ser equiparadas a un proceso, por lo que el Tribunal Ad quem al considerarla como prueba plena ha incurrido en infracción del art. 319 inc. 1) del precitado Adjetivo Civil”.

“En el razonamiento se emitió el Auto Supremo N° 530/ 2013 de 21 de octubre, donde señaló: “Por otro lado, las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus alegaciones en la forma más precisa y eficaz, es decir, persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible; en ese entendido el reconocimiento de firmas y rubricas sirve al proceso principal solamente para verificar si las firmas y rúbricas estampadas en el documento objeto de la litis, corresponde o no al demandado y esta medida preparatoria al igual que las demás no son introductivas de la instancia principal, no determinan la competencia del juez y su aplicación comprende a todos los procesos de conocimiento como también a los procesos especiales y voluntarios”.

(El resaltado es nuestro).

Lo que se solicita en la medida preparatoria, luego convergerá en una acción real o personal, por ende, deben solicitarse ante el juez que sea competente para conocer del proceso que se pretende promover.

AS 260/2020, del 06 de julio 2020:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“Las medidas preparatorias están orientadas precisamente a preparar un posterior proceso con la provisión de los elementos de prueba obtenidos lícitamente para sustentar el mismo, pero debe tenerse en claro que las medidas preparatorias no deben exceder su ámbito de aplicación previsto en el ordenamiento jurídico, ya que en ningún caso a través de las mismas podía definirse situaciones jurídicas por ser la naturaleza propia del proceso contradictorio al que deben dar lugar, por ejemplo y bajo ese enfoque el reconocimiento de firmas y rubricas realizado como medida preparatoria es relativo e inherente a la firma y no sobre el contenido del documento. “Asimismo, la SCP Nº 0012/2019, 27 de febrero de 2019, ha establecido que: “Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear alegaciones en la forma más precisa y eficaz, es decir, persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en el proceso en forma correcta, precisa y con el mayor éxito posible la pretensión jurídica o la defensa de la causa” en ese sentido, las medidas preparatorias -que difieren de las medidas conservatorias- no determinan el nacimiento del proceso, pero sí buscan sentar las bases del mismo; es decir, lo que se solicita en la medida preparatoria, luego convergerá en una acción real o personal, por ende deben solicitarse ante el juez que sea competente para conocer del proceso que se pretende promover.

“Siguiendo el mismo lineamiento se puede citar el AS Nº 149/2014 de 16 de abril refrendando el criterio ha señalado: “En cuanto a la medida preparatoria, corresponde señalar que no puede considerase como prueba plena en el marco del art. 319 del Código de Procedimiento Civil en atención a que el artículo 321 del citado Adjetivo Civil señala que, si el emplazado no concurre se lo da por confeso, pero, se refiere a la declaración jurada sobre algún hecho relativo a su personalidad y no sobre el contenido de documento alguno, en razón a que las medidas preparatorias, no constituyen procesos como tal, son simplemente diligencias preliminares encaminadas a facilitar el ejercicio de determinadas acciones para asegurar la eficacia jurídica de estas y de ninguna manera pueden ser equiparadas a un proceso, por lo que el Tribunal Ad quem al considerarla como prueba plena ha incurrido en infracción del art. 319 inc. 1) del precitado Adjetivo Civil”. (El resaltado es nuestro).