Fuente: art. 382 Anteproyecto Código Procesal Civil.

Conc.: arts. 1341 y ss CC, privilegios; arts. 1392 CC, orden de preferencia de las hipotecas; art. 1432 CC, preferencia del anticresista; art. 1436 CC, preferencia entre acreedores; arts. 57 Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales (DS 27957, del 24 de diciembre de 2004), prelación de la anotación preventiva.

La posesión que se ejerce como consecuencia permite recibir frutos de la cosa y la retención de ella hasta hacerse integro el pago de su crédito-, esta retención genera seguridad al acreedor que el débito será saldado.

AS 653/2019, del 05 de julio de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“El anticrético en su definición amplia conforme al parámetro anteriormente expuesto, es el contrato por el cual se da en calidad de garantía un bien inmueble para satisfacer el cumplimiento de una obligación, definición de la cual resaltan una gama de características entre las más resaltantes tenemos : a) Derecho real y b) accesoria, en cuanto al primero existe una ponencia mínima de algunos autores donde establecen que el fruto y la obligación son aspectos que impedirían asimilarlo como un derecho real sino personal, sin embargo autores de la talla de Musto en cuanto a esta característica expresan que: “la prenda que se constituye por el anticresis es sobre una parte de la propiedad del inmueble, y no puede negarse que hay una desmembración del derecho de propiedad ,” criterio que es compartido al estar en estudio la garantía como tal, los efectos y repercusiones que recaen sobre él, en cuanto a que es accesoria dicho tema no merece mucha discusión en el entendido que esta emerge como consecuencia de un tema principal, es decir que cuando desaparece la obligación principal también la garantía, entonces para su extinción debe partirse de ese principio.

“Este derecho real de garantía genera dos efectos jurídicos principales como ser la retención y preferencia, los cuales se encuentran plasmados en el art 1431 del CC donde señala: “La anticresis confiere al acreedor el derecho de retención y el de preferencia, según lo dispuesto en el artículo 1393.”, de la misma manera el art. 1453.III del mismo código estipula: “ El anticresista tiene el derecho de retención mientras no sea satisfecho su crédito” sobre la retención el citado autor señala que esta facultad del acreedor es por así decirlo el eje sobre el cual descansa el derecho real del que tratamos. -La posesión que se ejerce como consecuencia permite recibir frutos de la cosa y la retención de ella hasta hacerse integro el pago de su crédito-, esta retención genera seguridad al acreedor que el débito será saldado, en cuanto a la preferencia que emana de este derecho el art. 1432 del mismo cuerpo civil, señala que -El acreedor anticresista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida en anticresis-, el legislador ha visto que no siendo suficiente la retención, también merece un grado de preferencia al acreedor diligente que ha hecho público su derecho a través del registro.

“Rescatando las últimas palabras expresadas, para que los dos efectos jurídicos expresados sean efectivos necesariamente debe existir el correspondiente registro en la oficina de Derechos Reales del documento público, no otra cosa nos da a entender el art. 1392 del CC al señalar que - Todos los acreedores hipotecarios así como los anticresistas con título inscrito en el registro, son preferidos a los acreedores quirografarios- misma idea emana del art. 1393 del sustantivo de la materia al determinar que “La preferencia entre acreedores hipotecarios de cualquier clase que sean, y entre éstos y los anticresistas, se regula por la prioridad de su inscripción en el registro, para lo que se tomará en cuenta el día y la hora.” normativa que está en coherencia con lo señalado en el art 1540 del mismo código cuando determina que se inscribirán en el registro “ 5) Los contratos de anticresis.”, en base a todo el cuerpo normativo descrito claramente se evidencia que para producir los efectos de retención y preferencia el contrato de anticresis necesariamente debe estar inscrito en la oficina correspondiente (Derechos Reales), pues a partir de su inscripción se genera ese efecto de publicidad contra los terceros, con la aclaración que lo ahora señalado no implica desconocer el contrato de anticresis, que por su característica es un contrato unilateral que en su contenido conlleva vínculo jurídico obligacional, con eficacia entre partes tal como dispone el art. 519 del referido código, sin embargo pero por la falta de publicidad los citados efectos no repercuten contra terceros, criterio que encuentra consonancia con el art. 1538 del tantas veces citado Código Civil: “I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código; II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales; III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.

“Partiendo de la citada premisa jurídica, en el caso en cuestión los antecedentes evidencian que lo reclamado por la recurrente resulta correcto, existiendo errónea aplicación de la norma y error de derecho en la valoración probatoria, por los motivos que se pasan a explicar.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente: art. 381 Anteproyecto Código Procesal Civil.

Conc.: art. 411 CPC, ejecución del embargo; art. 412 CPC, ampliación del embargo.

Fuente: art. 380 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 158 Código de Procedimiento Civil abrogado, embargo preventivo; art. 159 Código de Procedimiento Civil abrogado, mandamiento; art. 160 Código de Procedimiento Civil abrogado, depósito; art. 161 Código de Procedimiento Civil abrogado, obligación del depositario; art. 62 Código de Procedimiento Civil abrogado, secuestro; art. 163 Código de Procedimiento Civil abrogado, improcedencia del secuestro.

Conc.: arts. 310 y ss CPC, disposiciones generales sobre medidas cautelares; art. 318 CPC, bienes inembargables; art. 319 CPC, uso de bienes embargados; art. 456 Código de Comercio, embargo de la empresa; art. 1298 Código de Comercio, embargo de saldo de cuenta corriente; arts. 838 y ss CC, depósito, arts. 869 a 873 CC, secuestro; art. 59 Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales (DS 27957, del 24 de diciembre de 2004), anotación preventiva de embargo.

El acreedor de una deuda en dinero o especie podrá pedir el embargo preventivo cuando:

La existencia del crédito estuviere demostrada por documento público o privado reconocido y siempre que la obligación no se encontrare suficientemente garantizada.

R 105/2015, del 5 de mayo de 2015:

“CONSIDERANDO II: Realizando un examen de la viabilidad de dicha petición, se procederá a analizar si ésta cumple o no con los presupuestos o requisitos de procedencia de las medidas precautorias:

“1) El derecho fuere verosímil, 2) Peligro en la demora y 3) Contracautela. “Respecto al primer requisito, éste se refiere a que el derecho invocado por el solicitante sea creíble o potencialmente factible, tomando en cuenta que ésta medida pretende asegurar la eficacia práctica de la sentencia en el supuesto caso de que prospere la demanda. En el presente caso, es evidente la verosimilitud del derecho de la Gerencia de G. C. - G.S.C. del Servicio de I.N. - SIN, para solicitar las medida precautorias de Anotación Preventiva y Embargo Preventivo, toda vez que revisados los antecedentes del proceso se concluye que está latente la existencia una deuda Tributaria de la empresa A. Ltda. con la Administración Tributaria, motivo por el cual en caso de determinarse en esta instancia dicho adeudo, A. Ltda. debe contar con patrimonio suficiente para garantizar el pago del mismo.

“En relación al segundo presupuesto consistente en la existencia de peligro en la demora, se debe tomar en cuenta que el cese de actividades de la Empresa A. Ltda. en el territorio nacional, puede naturalmente ocasionar en dicha empresa procesada, la disposición inmediata de sus bienes, hecho que evidencia la existencia del peligro en la demora, puesto que en caso de no adoptarse alguna de estas medidas, podría ocasionarse un perjuicio al Estado, toda vez que la parte demandante no podría ejecutar el pago de la deuda tributaria en caso que A. Ltda. transfiera a terceros sus bienes, acciones y/o derechos, antes de que se resuelva el presente proceso contencioso administrativo, lo cual transformaría en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado por la demandante.

“En relación al tercer presupuesto para la aplicación de las medidas precautorias, se tiene que no corresponde la exigencia de contracautela a la parte solicitante, toda vez que el Servicio de I.N. - SIN, representa al Estado boliviano.

“En el caso, la Administración Tributaria, solicita la aplicación de las medidas precautorias de anotación preventiva y embargo preventivo, sobre los bienes de la empresa A.Ltda.; asimismo, el art. 170 del CPC, faculta al juez a disponer la aplicación de la medida precautoria solicitada o la adopción de una diferente, tomando en cuenta que el objeto de las medidas precautorias es el de asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando que la satisfacción de la pretensión del demandante resulte imposible o irrealizable.

“La Administración Tributaria realizó un proceso Sumario Contravencional contra el contribuyente A.Ltda., al evidenciar que no realizó el pago de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 08/2008, emitiendo la Resolución Sancionatoria N° 18/00953-12 de 10 de diciembre de 2012, la cual estableció que el contribuyente adecuó su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, determinando una deuda tributaria que alcanza al total de UFV's 176.888.- (ciento setenta y seis mil ochocientas ochenta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), Resolución Sancionatoria que fue objeto de recurso de alzada y jerárquico, encontrándose actualmente en la vía contenciosa administrativa, pendiente de resolución.

“De lo descrito precedentemente, se evidencia que existe un crédito en riesgo de ser cobrado y que no está suficientemente garantizado, ya que como refiere la parte impetrante, la empresa A. LTDA. dejará de realizar sus operaciones en el país, cumpliéndose los presupuestos de los arts. 157 y 158 num. 2 del CPC, por lo que corresponde ordenar la anotación preventiva y el embargo preventivo sobre los bienes de propiedad de AEROCON Ltda., solicitado por la entidad demandante.

“POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a los arts. 1552. I num. 2) del Código Civil, 6 de la Ley Nº 620, modificatoria del parágrafo I del art. 10 de la Ley 212, 157 y 158 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, ORDENA la ANOTACION PREVENTIVA y el EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad de A. Ltda., sea hasta el monto establecido en la Resolución Sancionatoria N° 18/00953-12 de 10 de diciembre de 2012.

“Para ejecución de las medidas precautorias dispuestas precedentemente, por Secretaria de Sala Plena líbrese los oficios y mandamientos de Ley, adjuntando la fotocopia legalizada del presente Auto Supremo para su cumplimiento por la oficina de Derechos Reales dependiente del Consejo de la Magistratura.”

(El resaltado es nuestro).