1. Aspectos previos sobre el monitorio de entrega del bien.
El art. 376.2 Código de Procesal Civil lo denomina monitorio de “entrega del bien”, y el art. 388 Código de Procesal Civil, de “cumplimiento de obligación de dar”. Este proceso es útil, por ejemplo, en los casos de compra de bien mueble a plazo, arrendamiento de bienes muebles o anticresis.
Se trata de un supuesto donde el derecho (a la entrega del bien) es dudoso o controvertido. Es por eso que se activa este monitorio (de lo contrario se activaría directamente la tutela ejecutiva), para obtener una declaración judicial (sentencia) que decida y defina el derecho del demandante a obtener la cosa. Solo con la sentencia inicial no impugnada, o la definitiva favorable al actor (contra la que no se haya interpuesto apelación), el derecho dejará de ser controvertido. También es posible activar este monitorio cuando existan obligaciones recíprocas. El art. 388.I Código de Procesal Civil indica que el demandante debe acreditar la obligación de entregar por parte del demandado y, “en su caso” (es el término utilizado por el legislador, es decir: cuando proceda), “el cumplimiento por su parte [el demandante] de la prestación que le es correspondiente”.
Proceso monitorio de cumplimiento de obligación de dar Vs. Proceso de ejecución por obligación de dar.
Los procesos monitorios se distinguen de los de ejecución en que, en aquellos, la obligación no es directamente ejecutable. Precisamente por eso se acude al monitorio: por la carencia o ausencia de título de ejecución.
En este contexto, la diferencia entre ambos procesos es sustancial: en el proceso monitorio se busca la creación del título pasible de ejecución; en el proceso de ejecución directamente se ejecuta lo contenido en el título. Así, en el proceso de ejecución por obligación de dar (art. 429 Código de Procesal Civil), el poder coercitivo del Estado se activa directamente contra el obligado, sin más requisito que la presentación del título que la contenga (v.gr. Sentencia, laudo o acta de conciliación). Por su parte, se acude al monitorio de cumplimiento de obligación de dar, para lograr la declaración judicial del derecho, que posteriormente será ejecutado.
2. Ámbito de aplicación.
Entrega de bien mueble o inmueble.
Este proceso tiene un amplio margen de aplicación, ya que sirve para acreditar la existencia de una obligación de entregar (dar) un bien mueble o inmueble. Siendo indistinto si este es registrable o no, fungible o no fungible, material o inmaterial (arts. 75 a 82 CC). La única limitación del artículo es que no se trate de suma de dinero. Limitación que nosotros criticamos dada su comprobada utilidad, en muchos países, precisamente respecto de este tipo de obligaciones.
Documento que contiene la obligación.
La obligación antes descrita deberá estar consignada en un:
- Contrato,
- Testamento,
- Acto administrativo,
- Declaración unilateral de voluntad o,
- Directamente por mandato de la Ley.
Siendo en los cuatro primeros casos necesario acreditar la obligación mediante documento auténtico o legalizado (art. 377.I Código de Procesal Civil), sea este público o privado reconocido (art. 388.I Código de Procesal Civil). Reconocimiento que se podrá hacer voluntariamente ante notario o autoridad judicial.
El art. 377 Código de Procesal Civil establece que el documento base de la acción monitoria tiene que ser auténtico o legalizado. Pero, por otro lado, el art. 388 Código de Procesal Civil permite también iniciar acción con base en un documento privado reconocido o dado por reconocido. Al ser esta última norma especial, se aplica con preferencia al art. 377 Código de Procesal Civil.
Obligación contenida en contrato verbal.
La Ley también permite sustentar el monitorio del art. 376.2 Código de Procesal Civil en contrato verbal (arts. 377.I y 388.I Código de Procesal Civil). En este caso, indica la norma, la existencia del contrato se establecerá por la vía incidental.
El art. 377.I Código de Procesal Civil se refiere a una “etapa preliminar” de esta vía incidental. Pero no deja claro si este procede antes o después de la interposición de la demanda. Y la respuesta no es sencilla.
Por un lado, el incidente es accesorio a un proceso principal y, por lo tanto, este solo debiera activarse cuando tal proceso exista, es decir, luego de la presentación de la demanda.
Por otro lado, el requisito o presupuesto de la demanda monitoria es la existencia de una obligación documentada o, en su caso, probada vía incidental, por provenir de contrato verbal, la que, para cumplir con el requisito de procedencia debiera estar probada antes de la demanda.
Pero es posible interpretar el art. 377.I Código de Procesal Civil como una norma que permite, como excepción, presentar demanda monitoria sin prueba documental cuando la obligación proviene de contrato verbal. En este caso, luego de la presentación de la demanda y previo a dictar sentencia inicial, y por lo tanto a la notificación al demandado, debe probarse la existencia del contrato (y de la obligación).
Pero el problema que surge ahora es el determinar si la existencia del contrato verbal se debe resolver con noticia al demandado.
Si el incidente sobre existencia del contrato verbal -previo a la sentencia inicial- se sustancia con citación al demandado, se pierde la esencia del monitorio: la contradicción invertida. Al tramitarlo de esta manera el demandado tomará conocimiento del proceso antes de la sentencia inicial.
Considero que, a la luz y finalidad monitorio, la existencia del contrato verbal debe resolverse sin noticia del demandado. De lo contrario no tiene sentido esta “etapa preliminar”. Con esto se conserva la inversión del contradictorio, esencia de nuestro monitorio. Y no se vulnera el derecho a la defensa, ya que al ser citado el demandado podrá plantear las excepciones que estime pertinente, evitando de esta manera (si son declaradas probadas) los efectos negativos de la sentencia.
A la misma solución se llega por otra vía. Y es que no parece que se trate de un incidente propiamente dicho. Esto porque la alegación de la ausencia de documento, así como los elementos probatorios sobre la existencia del contrato verbal se harán en la demanda monitoria. Lo que significa que el juez podrá resolver en la misma sentencia inicial sobre la existencia de contrato y la pretensión del actor.
Citación con intimación.
En la sentencia, el juez deberá intimar al demandado a la entrega del bien, estableciendo un plazo para el efecto, bajo conminatoria de desapoderamiento (art. 395.II.1 Código de Procesal Civil). La norma también establece que desde el momento de esta citación el demandado queda en calidad de depositario del bien.
Esta calidad de depositario del demandado significa la obligación de guardar y cuidar el bien conforme las reglas del CC (arts. 838 y ss.), así como de entregarlo en el plazo establecido en la sentencia. El problema de esto es que, para determinar el cabal cumplimiento de la custodia del bien, muchas veces será necesario saber el estado del mismo, así como hacer constar esta situación en el acta de entrega de la cosa.
Además de lo anterior, el depositario está sujeto a un régimen de responsabilidad penal, por lo que, en su caso, se podrán configurar, dependiendo de las circunstancias, los delitos de apropiación indebida (art. 345 Código Penal), abuso de confianza (art. 346 Código Penal) y apropiación o venta de prenda (art. 348 Código Penal), con las agravantes del art. 349 Código Penal por tratarse de un depósito judicial.
3. Secuestro.
La última parte del art. 388.II Código de Procesal Civil también permite que la sentencia disponga directamente el secuestro del bien. Esta disposición es útil sobre todo en el caso de bienes muebles, la que debiera efectivizarse antes de la citación con la sentencia monitoria, para evitar la frustración de la misma.
Acerca del autor
Alex Parada Mendía, PhD
Alex Parada Mendía. Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz CCA-CAINCO. Doctor en Derecho Empresa y Justicia, por la universidad de Valencia - España, Magister en Derecho Civil y Procesal Civil por la universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Profesor en la materia de Clínica Jurídica en la Universidad Privada Santa Cruz UPSA, profesor de Pregrado y Postgrado en la materia de Derecho Civil y Procesal Civil en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano IDIBE. Autor de diversos libros publicados y premiados entre ellos, Anotación Preventiva de demanda y embargo en el sistema registral boliviano, El tercero en el proceso civil, Tercería de Dominio Excluyente. Coautor de los libros Procesos de Conocimiento y Procesos de Ejecución. Miembro el Consejo Editorial de la Revista Boliviana de Derecho y co-Director de la Colección Jurídica de Editorial El País
