Fuente: art. 457 Anteproyecto Código Procesal Civil; art.321 Código Procesal Civil Modelo Para Iberoamérica.

Conc.: art. 405 a 407 CPC, incidentes de liquidación; art. 269 CPC, ejecución provisional; arts. 256 y ss. CPC, recurso de apelación; arts. 270 y ss. CPC, recurso de casación.

La resolución dictada en ejecución provisional de una sentencia corta procedimiento ulterior.

La finalidad de la ejecución provisional es hacer pronta y efectiva la resolución judicial y evitar el perjuicio que la demora genera a las partes, basados en los principios de economía procesal y celeridad.

La resolución que admite la ejecución provisional de la sentencia, no son susceptibles de recurrir en casación. En cambio, la resolución que rechaza la ejecución provisional de la sentencia, si es susceptible de ser recurrida en casación.

AS 57/2010, del 29 de marzo de 2010

“CONSIDERANDO: Que, si bien es evidente que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolviendo casos similares, determinó que es procedente el recurso de casación contra resoluciones dictadas en ejecución provisional de sentencia, con el fundamento de que, el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, prevé que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior, sin embargo, dicha norma legal, fuera aplicable sólo a la ejecución coactiva de las sentencias con autoridad de cosa juzgada, más no a las resoluciones pronunciadas en ejecución provisional de las mismas, por existir pendiente el recurso de casación, al hallarse uno no resuelto. De igual manera señaló que la resolución dictada en ejecución provisional de una sentencia corta procedimiento ulterior, motivo por el cual se enmarca dentro del artículo 255 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, razones por las que el tribunal de alzada debiera conceder la impugnación extraordinaria interpuesta contra resoluciones dictadas en ese tipo de trámites a fin de que el Tribunal Supremo analice su procedencia o improcedencia.

“Que, las razones por la cuales se asintió en la posibilidad de recurrir de casación contra resoluciones emitidas en ejecución provisional de sentencia merecen ser analizadas, a fin de establecer y regular su real sentido y alcance.

“En ese marco debemos señalar que, por determinación del artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación no impedirá cumplir la sentencia de primera instancia confirmada en todas sus partes por el Auto de Vista en juicios ordinarios, siempre que la parte victoriosa diere fianza de resultas.

“El artículo en análisis, establece que, siempre que la sentencia de primera instancia dictada en procesos ordinarios (debe entenderse en procesos de conocimiento), fuera confirmada en todas sus partes, es posible que la parte victoriosa pida la ejecución provisional del fallo, previa fianza de resultas. La norma no dispone el trámite que dicha ejecución provisional debe seguir, empero, tratándose de un proceso de ejecución de sentencia, aún ésta no tenga la calidad de cosa juzgada, debe aplicarse supletoriamente las normas previstas en el Libro Tercero, Título II (Ejecución de las Sentencias), Capítulos I (Ejecución de Sentencia), II (Formas de ejecutar las Sentencias), y III (Fianza de Resultas).

“Que, en ese marco, el interesado deberá solicitar la ejecución provisional al órgano que dictó el auto de vista, quien deberá ordenar la procedencia o no de la ejecución, en caso de dar lugar, dispondrá se elabore testimonio de las piezas necesarias para la ejecución y las remitirá al juez de primera instancia para que ejecute la sentencia sin modificar su contenido, conforme dispone el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil.

“Ahora bien, como se señaló procedentemente en el trámite de la ejecución debe aplicarse las normas previstas para tal efecto por el Código de Procedimiento Civil, con la salvedad de lo previsto por el artículo 515 del citado Código - por obvias razones, pues la sentencia que se ejecuta provisionalmente no tiene aún calidad de cosa juzgada-, otro aspecto que difiere de la ejecución de sentencias con autoridad de cosa juzgada, radica en la indispensable calificación de fianza de resultas conforme el artículo 550 del Código Adjetivo Civil.

“Los alcances del artículo 518 del Código Adjetivo Civil, no son ajenos a la ejecución provisional de sentencia, pues, la norma aludida se refiere a "Resoluciones dictadas en Ejecución de Sentencia", siendo aplicable a toda resolución dictada dentro un proceso de ejecución de sentencia, aún sea esta provisional, en virtud a que la citada norma no discrimina entre ejecución de sentencia con autoridad de cosa juzgada y ejecución provisional. Por otra parte, corresponde tener presente que, la finalidad por la cual el legislador introdujo la posibilidad de ejecutar provisionalmente una sentencia, encuentra su razón de ser en los principio de economía procesal, y celeridad, que orientan a hacer pronta y efectiva la resolución judicial, y evitar el perjuicio que la demora genera a las partes. Siendo ese el sentido de la norma, de permitirse, el recurso de casación contra resoluciones dictadas en ejecución provisional de sentencia, se atentaría con el fin teleológico de la norma en cuestión.

“Que, de lo señalado hasta este momento, podemos concluir que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, aún en ejecución provisional, podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.

“Ahora bien, corresponde analizar el segundo fundamentó en razón del cual se consintió en la posibilidad de recurrir en casación contra resoluciones dictadas en ejecución provisional de sentencia. En ese sentido debemos precisar que, el artículo 255.3) del Código de Procedimiento Civil, señala que, habrá lugar al recurso de casación contra los Autos de Vista referentes a autos interlocutorios que pusieren término al litigio. La norma en cuestión se refiere a autos definitivos que ponen término o conclusión al proceso, a manera de ejemplo: aquel que homologa la transacción, que resuelve la perención de instancia, la conciliación, el desistimiento del derecho o del proceso.

“La resolución que dispone haber lugar a la ejecución provisional de la sentencia, no pone término al litigio, por el contrario apertura la fase de ejecución, en cuyo mérito esa resolución no se encuentra comprendida dentro los alcances de la citada norma.

“La resolución que califica la fianza de resultas, en el marco de lo dispuesto por los artículos 550, con relación al 256 del Código de Procedimiento Civil, tampoco corta procedimiento, por el contrario se constituye en una resolución propia de ejecución, motivo por el cual, dicha resolución tampoco se encuentra comprendida dentro los alcances del artículo que se analiza.

“La resolución que rechaza la ejecución provisional de la sentencia, imposibilita proseguir con los trámites de la ejecución, en cuyo mérito corta el procedimiento de ejecución, razón por la cual esa resolución si se encuentra comprendida dentro los alcances del artículo 255.3) del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia si es susceptible de ser recurrida en casación. Al margen de ello, esa resolución no constituye una providencia dictada en ejecución propiamente dicha, pues, la fase de ejecución aún no tuvo lugar, precisamente, en virtud a ese pronunciamiento.

“De lo expuesto se concluye que, únicamente el auto de vista que deniega la ejecución provisional de la sentencia es recurrible en casación, por encontrarse comprendida dentro los alcances del artículo 255.3) del Código de Procedimiento Civil. La resolución que admite la ejecución provisional de la sentencia, así como aquella que califica la fianza de resultas o toda otra providencia dictada como emergencia de los actos propios de la ejecución, no son susceptibles de recurrir en casación.

“En el caso de autos, la Sala Civil Segunda de Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, negó la concesión del recurso de casación deducido contra el auto de vista que confirmó la resolución que calificó la fianza de resultas dentro el trámite de ejecución provisional de sentencia, denegación que se enmarca en los alcances de lo previsto por el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual corresponde declarar ilegal la compulsa.”

(El resaltado es nuestro).

(En sentido similar los AASS 01/2012, 74/2009).

Fuente: art. 456 Anteproyecto Código Procesal Civil; art.320 Código Procesal Civil Modelo Para Iberoamérica.

Conc.: art. 24.7 CPC, sanciones pecuniarias.

Las sanciones pecuniarias es la medida para asegurar que la sentencia sea eficaz su cumplimiento.

AS 343/2017, del 03 de abril 2017

“IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“1.- Indica que el Juez A quo obra con exceso de poder al pretender aplicar multas económicas al incumplimiento, cuando estas no han sido pedidas en la demanda y el Juez Ad quem pretende aplicar procedimiento impropios para la ejecución de la Sentencia.

“Sobre lo denunciado diremos que el Juez A quo al dictar la Sentencia determinó que las herederas de E.A.P. entreguen toda la documentación que acredite el derecho propietario relativa al lote de terreno de 250 Mts.2, así como los comprobantes de pagos anuales de las últimas gestiones y registro catastral y sea en el plazo prudente de 10 días computables a partir de la notificación con la presente Resolución, bajo conminatoria de que en caso de incumplimiento se impondrán sanciones pecuniarias por día de retraso.

“Sobre esta determinación que asumió el Juez A quo y que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, la misma no es un exceso de poder como refiere la parte recurrente, porque simplemente, las determinaciones asumidas tienen que ver con el cumplimiento efectivo de la Sentencia y la eficacia que deba tener esta, para asegurar que el conflicto jurídico quede solucionado, pues ante el incumplimiento de la Sentencia, el Juez dispuso medidas para asegurar que la Sentencia sea eficaz conforme lo establece el art. 192 inc.4) del Código de Procedimiento Civil, no siendo evidente, que estas determinaciones sean un exceso de poder, deviniendo su reclamo en infundado.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente: art. 455 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 517 Código Procesal Civil Abrogado.

Conc.: art. 24.6 CPC, rechazo de incidentes que tiendan dilatar el proceso; art. 409.I.3 CPC, excepción de falsedad de titulo; art. 1514 CCom, la admisión del concurso preventivo suspende los procesos de contenido patrimonial contra el deudor.

En la etapa de ejecución de sentencia no procede el recurso de casación, ni ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario.

AS 850/2017 - RI, del 21 de agosto 2017

“III. DOCTRINA LEGAL:

“El art. 400.I del Código Procesal Civil, encuentra su fundamento en el sentido de que en un proceso que se encuentra en ejecución de Sentencia, no es posible activar el recurso de casación con el objetivo de evitar el uso abusivo del recurso de casación con la finalidad de retardar la ejecución coactiva de la sentencia. Adviértase que de los alcances de dicha norma se establece que la vía de impugnación a una resolución emitida en ejecución de sentencia, la misma que es la apelación en el efecto devolutivo por cuanto no corta procedimiento ulterior.”

(El resaltado es nuestro).

AS 202/2019, del 06 de marzo de 2019

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“Recurso de casación de A.H.E.

“Demandó infracción de las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil, puesto que el Auto de Vista recurrido arbitrariamente pretende despojar al recurrente y a su familia, de su vivienda constituida, por cuanto omitió valorar que el presente proceso se encuentra afectado por la figura procesal de la extinción de la acción que cuenta con orden emanada por autoridad competente que ordenó el archivo de obrados por Auto de 19 de febrero de 2016 y ratificado por Auto de Vista de 13 de septiembre de 2016.

“Por ello el Auto de Vista de 24 de febrero de 2017, realizó una errónea y por demás arbitraria interpretación del derecho aplicable al presente caso, pues incorrectamente aplicó el art. 400.I del Código Procesal Civil, cuando lo correcto es que no continúe ningún trámite de ejecución de sentencia, en desconocimiento de que en el presente proceso se operó la figura procesal de extinción de la acción aplicado como un medio extraordinario de conclusión del presente proceso, habiendo perdido competencia el juez A quo.

“Al respecto corresponde referir que dicha figura de extinción únicamente fue tomada para el incidente de nulidad interpuesto por la demandante de fs. 500 a 501 y no para el recurso de apelación planteado por el mismo demandado hoy recurrente (fs. 493 a 497), ni para toda la acción tramitada tal extinción, tal como expresó el Auto de Vista Nº 038/2017 de 20 de septiembre de 2017, cursante de fs. 650 a 651 vta., resolución que no fue objetada en el debido momento por el demandado, por lo tanto la misma ha sido convalidada y no corresponde ya su análisis, puesto que en lo que toca al presente, el recurso de casación debe guardar relación con el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, siendo además que no fue un vicio procesal que hubiera generado indefensión en ninguna de las partes ni que tampoco haya transgredido el debido proceso, por lo tanto su reclamo no corresponde ya en esta fase por ende es infundado.”

(El resaltado es nuestro).

AS 508/2018, del 21 de septiembre de 2018

“III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

“Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

“El proceso contencioso tributario, es una vía de impugnación directa de los actos administrativos tributarios, que se subsumen en las previsiones de los arts. 174 y 182 del CT (Ley Nº 1340), dispositivos legales que se constituyen en la vía idónea para que el contribuyente acceda a la jurisdicción judicial, a efecto de cuestionar actos y resoluciones de la AT, por los que se determinen tributos o se apliquen sanciones, que a consideración del administrado vulneren normativa o sus derechos; procedimiento que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en la norma señalada, conforme determina su art. 214, añadiendo que sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del procedimiento civil.

“Por otra parte, el art. 108 del Código Tributario Boliviano (CTB) Ley N° 2492, determina los títulos de ejecución tributaría por los que la Administración Tributaria, puede dar inicio a una ejecución tributaria; asimismo, el art. 517 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), determinaba que en fase ejecución, las determinaciones de fondo asumidas, no son susceptibles de impugnación y no pueden ser suspendidos por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarlo e impedirlo, aspecto que ahora es previsto por el art. 400-I del Código Procesal Civil (CPC-2013).”

(El resaltado es nuestro).

AS 102/2020, del 10 de febrero de 2020:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.2. De las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia.

“Sobre el particular conforme se expuso en el punto precedente el principio de impugnación presupone un principio regulador de nuestro ordenamiento jurídico, empero, el mismo no resulta absoluto, sino que se encuentra regulado y limitado para determinados casos, como ser resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, empero corresponde realizar un desplegué de argumentación jurídica desde un punto de vista sistemático, debido a que si bien la normativa contenida en el Código de Procedimiento Civil, en su art. 518 precisaba la viabilidad del recurso de apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, empero, por el efecto de la temporalidad de la ley, la citada normativa ha sido abrogada por la Ley Nº 439, no existiendo en la normativa actual un pronunciamiento al respecto, existiendo un vacío jurídico, que corresponde ser suplido por este máximo Tribunal en aplicación del art. 6 de la citada ley y del art. 42.I num. 3) de la Ley del Órgano Judicial en ejercicio de su función unificadora de jurisprudencia orientadora sobre el caso. Partiendo de lo precedentemente expuesto debe tenerse en cuenta que la fase de ejecución de sentencia, por esencia no puede suspenderse, por ningún recurso ordinario o extraordinario, o cualquier solicitud que tendiere a rechazar o dilatar esa ejecución como lo determina el art. 400 de la Ley Nº 439, es bajo esa premisa es que toda determinación emergente en esa fase, en principio es susceptible de recurso de reposición conforme orienta el art. 253.II de la citada ley, siempre y cuando la ley lo permita, y también es apelable únicamente en el efecto devolutivo, ya que, por simple sindéresis jurídica toda determinación asumida es consecuencia directa de la sentencia dictada, resultándole aplicable únicamente el art. 260.II de la Ley Nº 439, debido a que el citado efecto de la apelación sin perjuicio de la apelación permite el normal desarrollo de esta fase de ejecución, entonces bajo ese entendimiento ninguna solicitud o resolución puede ser considerada como definitiva, en consecuencia ninguna resolución dispuesta en esa fase de ejecución de sentencia se acomoda a los supuestos expresados en el punto anterior, es decir en el acápite III.1 como para dar pie a la admisión de un recurso de casación, máxime si un criterio disímil implicaría dilatar esa fase de ejecución de sentencia, es por dicho motivo que no es factible el recurso de casación en fase de ejecución de sentencia.”

(El resaltado es nuestro).

La suspensión de la ejecución está condicionada a la existencia de una acusación formal por falsedad material e ideológica.

AS 62/2012, del 28 de marzo de 2012

“CONSIDERANDO III: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

“5.- Si bien el recurrente indica que aportó como prueba la imputación formal con relación al delito de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, respecto al documento transaccional de fs. 5 a 6 en contra de la demandada, pretendiendo con ello la ineficacia de dicho documento, corresponde aclarar que conforme lo dispuesto en el art. 1289-II del Código Civil, la suspensión de la ejecución de un documento opera, a pedido de parte, ya sea que la falsedad se halle directamente acusada en la vía criminal, o vía excepción o incidente en el proceso civil, se oponga la pretendida suspensión, aclarando que en el primer caso, la suspensión está condicionada a la existencia de un decreto de procesamiento ejecutoriado (lo que en nuestra legislación penal actual equivaldría a la acusación formal y no a la imputación). No obstante lo manifestado, de la revisión de obrados, se evidencia que la ahora recurrente, no impetró la suspensión de la ejecución del contrato de fs. 5 a 6 y simplemente se limitó a adjuntar como prueba la referida imputación, sin que en el marco de lo dispuesto por el citado art. 1289 del Código Civil, hubiese expresamente excepcionado o incidentado tal situación.”

(El resaltado es nuestro).