Fuente.: art. 142 Anteproyecto Código Procesal Civil.; art. 115 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.

Conc.: arts. 115, 366.I.1 CPC; art. 36, 682,683, 905, 967.2 CC.

Fuente: art. 8 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 90 Código de Procedimiento Civil abrogado.

La relevancia de la legitimación de las partes como un efecto de la demanda, tiene especial relevancia, puesto que, incluso, aunque se lleguen a modificar los hechos, los legitimados dentro del proceso, seguirán siendo los mismos. Debido a la importancia que adquiere la legitimación, se ejercen mecanismos de control: 1) de oficio (por parte del juez) y 2) de parte (por el demandante o demandado).

AS 907/2018, del 13 de septiembre de 2018:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“La normativa preceptuada por el art. 106 de la Ley Nº 439 en concordancia con el art. 17 de la Ley Nº 025 establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, tal cual se expresó en el punto III.2 de la doctrina aplicable, en ese marco corresponde hacer las siguientes consideraciones:

“Que de la revisión de los antecedentes procesales, se observa que mediante el escrito de fs. 17 a 18, subsanada 25, la actora Rosa Ardaya, presentó demanda sobre usucapión decenal o extraordinaria, argumentando que su señora madre de nombre Trifonia Ardaya fue legítima propietaria de una pequeña fracción que alcanza a 83,29 mts.2, de un terreno ubicado en Yacanahuyu actualmente Avenida Mayor Rocha del Municipio de Punata, adquirido a título de compra de sus anteriores dueños Andrés, Ricardo y Felipe Orellana en fecha 09 de abril de 1966, predio en el cual su madre habría realizado construcciones de una pequeña pieza y en la que estuvo en posesión hasta el 09 de abril de 1996, fecha de su fallecimiento, y como su persona vivía con su madre se quedó en dicho inmueble como única dueña y como tal hizo construir una nueva infraestructura de dos plantas en toda la superficie, encontrándose en tal sentido en posesión pacifica, continuada e ininterrumpida desde 1999 hasta la fecha, es decir por más de diez años.

“Acción, que fue dirigida en contra de los herederos de la Sra. Trifonia Ardaya, es decir en contra de los hermanos de la demandante, los señores; René Armando Ardaya; los herederos de Luis Ardaya, y en contra de presuntos interesados, en cuyo entendido admitida que fue dicha acción, y citados los referidos demandados, mediante el escrito de fs. 40 subsanado por el escrito de fs. 43 el co-demandado René Armando Ardaya, contesta de forma negativa, opone excepciones y reconviene solicitando la anulación de la acción de la demandante y la inclusión de su nombre como parte de la propiedad pretendida; por su parte el defensor de oficio de los presuntos interesados, mediante el escrito de fs. 53 responde e interpone excepciones perentorias de falsedad e ilegalidad de la demanda; y finalmente los herederos del co-demandado Luis Ardaya a través de su escrito de fs. 57, contestan de forma afirmativa a la demanda; desarrollándose de esta manera el proceso hasta emitirse la Sentencia de fecha 22 de junio de 2016, a través de la cual el juez de instancia declaró probada la demanda principal, e improbadas las excepciones opuestas y la reconvención de René Armando Ardaya, resolución que al haberse recurrido de apelación por este último, es confirmada por el Auto de Vista ahora impugnado.

“En este marco, se tiene que del análisis de los antecedentes de este proceso, no se observa certificación emitida por la oficina de Derechos Reales u otro documento por el cual se pueda identificar al último propietario del inmueble que se encuentre inscrito en algún registro público de la propiedad, y por intermedio del cual, se pueda identificar al o los legitimados pasivos de la presente causa, elemento que como se tiene dicho en el punto III.1 de la doctrina aplicable, resulta determinante a efectos de que la sentencia sea efectiva en su ejecución y se evite un estado de indefensión en el propietario actual; puesto que si bien en la presente causa la actora a través de documento privado de fecha 09 de abril de 1996 que cursa en fs. 1, pretendió acreditar la legitimación pasiva de quienes fueron citados como demandados, dicha documental no cumple con los presupuestos que hacen a un documento que acredite aquello, en razón de tratarse simplemente de un documento privado que no se encuentra inscrito en el registro de la propiedad, por lo que mal se podría sostener que la Sr. Trifonia Ardaya (madre de la demandante), sea la última propietaria de este predio, y en ese entendido se tenga que demandar a sus herederos (hermanos de la actora); cuando por el contrario la referida literal, da cuenta de que la legitimación pasiva de esta causa debería recaer en las personas que transfirieron este predio, es decir los Sres. Andrés, Ricardo y Felipe Orellana que figuran como propietarios del inmueble en el mencionado contrato.

En este entendido, se tiene que el juez de instancia antes de admitir la demanda, debió disponer de oficio que la demandante acredite de manera fehaciente quién es la persona titular del bien inmueble que se pretende usucapir, a efecto de establecer la legitimación pasiva e integrar válidamente a la relación procesal; de cuya disposición desprende la obligación de la actora de acreditar de manera fehaciente dicho extremo, agotando todos los mecanismos de averiguación válidos y de esa manera determinar quién es el último propietario registral del inmueble, o en su defecto acreditar que no cuenta con un antecedente dominial, recién cumpliendo con estas diligencias el juez podía haber admitido la demanda válidamente a efectos de determinar la legitimación del sujeto pasivo, resguardando el derecho a la defensa del titular del predio y la efectividad del fallo que se emita en el proceso, ello porque la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, del cual uno es extintivo para el usucapido, razón por la cual, para que ese efecto se produzca de forma válida y eficáz, es indispensable integrar en la litis al titular del derecho propietario, entendiendo de ello que no existe la posibilidad de que la demanda de usucapión se dirija en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular del derecho en los registros públicos de la propiedad.

“Lo expuesto hasta ahora sin duda ha originado que lo sustanciado en este proceso y lo resuelto por los juzgadores de instancia no sea eficaz en derecho, y que se haya vulnerado la seguridad jurídica tanto a la parte demandante como para los verdaderos o actuales propietarios, que pudieran alegar derecho propietario sobre el inmueble demandado; pues de haberse dado cumplimiento a la exigencia de adjuntar la certificación respectiva, no se estuviera ante esta contingencia, empero ante la carencia de ese dato, indudablemente se pone en duda quien resulta el verdadero propietario registral, no existiendo evidencia ni certeza de a quien se le extinguirá su derecho propietario, verificando aquello de la propia sentencia que no refiere ese aspecto y simplemente se limita a señalar que por constituir una provincia el lugar donde se encuentra ubicado el predio en cuestión, la oficina de Derechos Reales habría expresado su imposibilidad de certificar si se cuentan con datos del registro propietario, cuando en el proceso no cursa certificación y/o documentación alguna que exprese aquello, para luego en la parte dispositiva de la sentencia referir que no es posible declarar la extinción de derecho propietario alguno al no haberse acreditado la titularidad de dominio de ninguna persona sobre el inmueble en cuestión.

“Cabe dejar establecido que si bien es obligación de la impetrante acreditar este aspecto, lo es también de la autoridad judicial que a efectos de no generar indefensión, ni transgredir derecho alguno, en el marco de lo dispuesto por el art. 24 del Código Procesal Civil, se encuentra facultado para encauzar adecuadamente el proceso, en cuyo entendido, ésta autoridad debe agotar todos los mecanismos necesarios para averiguar la titularidad actual del predio en litigio, y en caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en el respectivo Gobierno Municipal, quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y catastro estableciendo a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y otros aspectos que permitan una adecuada identificación, máxime cuando es esta misma autoridad quien refiere que dicho inmueble se encuentra ubicado en una provincia del Departamento de Cochabamba.”

(El resaltado es nuestro).

AS 1155/2016, del 06 de octubre 2016:

“IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“IV.1.- Con relación al recurso de casación en el fondo:

“Antes de ingresar a considerar de manera específica los reclamos del recurrente, es preciso aclarar que la impugnación traída en grado de casación se origina como consecuencia de la emisión de los Autos interlocutorios de fecha 23 de julio de 2013 que cursan de fs. 401 a 404 mediante los cuales el Juez A-quo declaró improbadas las excepciones previas de incapacidad e impersonería en los demandantes, planteadas como medio de defensa por las dos Empresas demandadas; resoluciones que al haber sido apeladas, fueron concedidas en el efecto diferido y el Tribunal de segunda instancia revocó totalmente el primer Auto interlocutorio y parcialmente el segundo, declarando en ambos casos probadas las excepciones de incapacidad e impersonería en el Sindicato actor, decisión que fue asumida bajo el fundamento de que el Sindicato demandante carece de interés legítimo para demandar la nulidad de instrumentos públicos, cancelación de partidas, reivindicación y entrega de inmueble al no ser el titular del inmueble en cuestión, negando de esta manera legitimación a la parte actora.

“La situación descrita plantea el tema de la falta de legitimación de carácter sustancial de los actores para demandar en la presente causa por carecer de la titularidad del derecho que se reclama, aspecto que es conocido en doctrina como la falta de legitimación ad- causam, misma que es de carácter sustancial y no meramente procesal porque incumbe al derecho mismo de orden sustancial conforme se tiene expuesto en el punto anterior de la doctrina aplicable, aunque en muchos casos las partes litigantes atacan esta situación a través de la excepción de impersonería como acontece en el caso presente, y en otras mediante la excepción de falta de acción y derecho. En el caso de autos, la legitimación activa de los demandantes se constituye en el aspecto central a ser determinado a los efectos de acoger o negar la pretensión recursiva; consiguientemente el análisis a ser realizado se circunscribirá a determinar ese aspecto, es decir si la parte actora principal tiene o no la legitimación sustancial en la presente causa para invocar las presentaciones descritas en su demanda, quien indica tener derechos de carácter patrimonial sobre el inmueble motivo de conflicto a título de “sucesión orgánica sindical” y por ende se encontraría legitimada para demandar, en torno al cual giran la mayor parte de los argumentos del recurso.

“Hecha la aclaración que antecede, diremos que la parte recurrente trae como primer reclamo el cuestionamiento del número de días del término de prueba aperturado en segunda instancia; este aspecto se trata de un tema eminentemente de carácter formal que hace al procedimiento y debió haber sido reclamado a través de recurso de casación en la forma y no así mediante el recurso de casación en el fondo que tiene otra finalidad; al haber sido interpuesto únicamente recurso en el fondo, este Tribunal se encuentra imposibilitado de considerar el reclamo planteado.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 141 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 114 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; art. 332 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Conc.: art. 111.III CPC, pruebas sobrevinientes sobre hechos nuevos; art. 116.3 CPC, prohibición de alteración de la demanda; art. 128.III CPC, defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos; art. 132 CPC, modificación o ampliación de la reconvención; art. 239 CPC, retiro de demanda antes de la citación; arts. 241 y 242 CPC, desistimiento del proceso y de la pretensión; art. 366.I.1 CPC, alegación de hechos nuevos en la audiencia preliminar.

La contestación establece la relación procesal de las partes, por tanto, no es factible la modificación o ampliación de la demanda en cualquier etapa del proceso (sino hasta antes de la contestación).

El juez en su sentencia, no puede reconocer lo que no haya sido solicitado (extra petita), ni puede fallar otorgando más de lo pedido (ultra petita).

AS 329/2018, del 02 de mayo de 2018

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“3.- Sobre la alegación de la ampliación de la demanda que debió dirigirse a los otros copropietarios, hermanos del demandante cuya verdad que no se habría escuchado, si están o no de acuerdo con el documento firmado ya que fue acreditado mediante certificados de nacimiento, que no ha sido valorado por el Ad quem, por lo que se conculcaron los arts. 265 de Código Procesal Civil, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado.

“Al respecto de acuerdo a la relación jurídica procesal queda identificada desde el momento de la interposición de la demanda, que marca el punto de inicio y quienes son los que tienen legitimación para asumir como actores y demandados, no siendo factible cambiar la demanda en cualquier estado del proceso debido a que con la contestación a la demanda se establece la relación procesal de las partes. En el recurso de casación en examen, el heredero José Francisco Arias Palma demanda a los herederos – vendedores y a los esposos compradores del lote de terreno, que ingresan como demandados en calidad de afectados con respecto al resultado del proceso, no siendo necesario citar a los coherederos que para que asuman defensa, pues no se está cuestionando un acto o negocio jurídico del causante, sino que se impugna el negocio jurídico generado por los demandados.”

(El resaltado es nuestro).

AS 527/2020, del 06 de noviembre de 2020

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“2. En cuanto a que el Tribunal de alzada habría incurrido en vulneración del art. 213 del Código Procesal Civil al no admitir el hecho nuevo de la falsificación de la declaratoria de herederos y del contenido de la E.P. Nº 920/90 acreditada con las certificaciones del Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil que evidencian la inexistencia del libro de tomas de razón y libro diario de la supuesta declaratoria.

“Con carácter previo, debemos hacer referencia al principio dispositivo, desarrollado ampliamente en el apartado III.2 de la doctrina aplicable al caso establecida en la presente resolución, principio contenido en el Código Procesal Civil en su art. 1 num. 3), el cual dice que: “el proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional”.

“El art. 115.I del Código Procesal Civil, respecto a la ampliación o modificación de la demanda refiere que: “la demanda podrá ser ampliada hasta antes de la contestación. En tal caso, la ampliación o modificación deberán citarse a la parte demandada, con los mismos efectos de la citación con la demanda original”. Por otra parte, el art. 213.I del Código Procesal Civil refiere que: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso”

“De la normativa referida, se tiene que el proceso debe resolverse dentro del marco de la debida congruencia y pertinencia dentro los límites impuestos por la demanda y la contestación, disponiendo libremente del derecho subjetivo cuya protección pretende, esto es de iniciar el proceso, determinar el objeto de la litis y de ponerle término en cualquier instante, existiendo un límite procesal relativo a la factibilidad de modificar o ampliar la demanda, únicamente hasta antes de la contestación. Por otra parte, el juez en su sentencia, no puede reconocer lo que no haya sido solicitado (extra petita), ni puede fallar otorgando más de lo pedido (ultra petita), pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva; por otro lado, si el fallo contendría menos de lo pedido por las partes u omitiría decidir sobre alguna de las pretensiones deducidas por las partes, incurriría en incongruencia negativa, aspecto ampliamente explicado en el acápite III.3 del presente fallo. "

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 140 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 113 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; art. 328 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Conc.: art. 47.I CPC, litisconsorcio facultativo; art. 128.I.5 CPC, excepción de indebida acumulación de pretensiones; art. 345 CPC, acumulación.

El Art. 114 del CPC exige que exista congruencia entre las pretensiones y cualquier observación sobre la falta de sinergia entre dichas pretensiones, debe ser planteada en el momento procesal oportuno, el cual es, al momento de excepcionar, sirviéndose para ello, de la excepción de demanda defectuosa.

AS 289/2020, del 15 de julio de 2020:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“2. En lo que concierne a la acusación que el A quo vulneró los requisitos del art. 114 del Código Procesal Civil, admitiendo una demanda defectuosa debido a no haber demostrado quienes exactamente son las partes demandadas en las múltiples pretensiones invocadas.

“De la revisión de la demanda, la parte actora pretende la rectificación de superficie, el mejor derecho propietario, cancelación de matrícula en Derechos Reales y reivindicación del terreno objeto de litis más pago de daños y perjuicios, pretensiones múltiples con sujetos también múltiples: primero, solicita se le otorgue la rectificación de la superficie del terreno en debate, acción dirigida contra los vendedores; segundo, respecto al mejor derecho de propiedad, reivindicación, cancelación de registro más pago de daños y perjuicios, las dirige en contra del ente municipal, entendiendo que el terreno en debate se encuentra registrado a nombre de dicha institución pública en Derechos Reales, misma que a su vez asume defensa en proceso identificándose plenamente como sujeto pasivo en la presente causa.

“El art. 114 del Código procesal permite la instauración de pretensión múltiple, en tal caso si las pretensiones planteadas, a consideración del demandado, no se adecuaban a la normativa debió cuestionar las mismas a tiempo de la contestación por medio de la excepción de demanda defectuosa para que se debata este asunto, no permitiéndose a esta altura del proceso realizar dicha observación por ser extemporánea.

“(…).

“No obstante lo manifestado, sobre los antecedentes de su derecho, debemos incidir que en este proceso la parte demandante estableció pretensión de mejor derecho sin haber consolidado registro, pues los hechos del mejor derecho propietario establecen esa situación de incertidumbre en la superficie, ya que no se tenía consolidado derecho sobre 1995,55 m2 sino solo sobre 1303,10 m2 que era el dato del registro, por lo que al activar la pretensión de mejor derecho en esa condición se expuso a competir su derecho solamente sobre esa superficie y no sobre otra, más aun considerando que la pretensión de rectificación estaba dirigida a los vendedores y no al municipio, como se describe del objeto del proceso establecido en audiencia preliminar y el Auto de Vista que manifestó la falta de legitimación del ente municipal sobre la pretensión de rectificación de superficie; determinando de este modo que la parte actora pretende el mejor derecho sobre la base de un registro que no contiene la superficie que alega para solventar su mejor derecho, es decir su derecho no tenía el efecto erga omnes, oponible a terceros, producto de la publicidad.

“(…)

“Debe quedar en claro que el análisis de los derechos propietarios realizados, en especial de la parte actora, es en función a los hechos establecidos en la demanda de mejor derecho propietario y de ninguna manera se ha analizado la pretensión de rectificación por no ser objeto de controversia en el recurso de casación.

“Por lo considerado, queda claro que se aplicó de forma incorrecta el alcance de art. 1545 del Código Civil en respecto a las pruebas antes descritas, ya que no se consideró debidamente los antecedentes de los títulos de los contendientes, siendo acogible el reclamo del recurso de casación en lo que respecta al mejor derecho propietario, debiendo casarse el Auto de Vista respecto a esa pretensión.

“(…).

“6. Cabe también realizar examen de la contestación del recurso de casación efectuada por los demandantes. En relación con los argumentos referentes a los agravios de forma se ha coincidido en que no concurre vicio de procedimiento, por lo que se hace insustancial más comentario al respecto. Con relación al agravio de fondo, resuelto en el punto 5 del presente fundamento, los actores indican que no se precisa la prueba, y que en la compulsa del mejor derecho se debería partir de la inscripción realizada en Derechos Reales de la Ley Municipal N° 38/2014, que no es posible, considerando su pretensión múltiple de rectificación de superficie sustentada en las colindancias de su propiedad.

“De acuerdo a lo descrito, se debe señalar que la Ley Municipal N° 38/2014 tiene presunción de constitucionalidad, conforme ya se manifestó, por lo que cuestionar su eficacia jurídica resulta insustancial; respecto a la pretensión múltiple de rectificación, como ya se dijo, la misma no ha sido modulada ni examinada en su determinación, sino que la rectificación de superficie es vinculante solo contra los demandados de aquella pretensión (esposos Morató-Civera) en tanto no se produzca la publicidad de la misma. En tal caso, en vista la determinación asumida, no se observa como preponderante el argumento de la contestación al recurso para modificar lo antes decidido.

“7. Por último, conforme se indicó supra, la pretende determinación resulta en cumplimiento del Auto Constitucional N° 36/2020 de 27 de febrero, emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, habiendo observado lo siguiente: a) Que se incorporó temas de oficio no contemplados en el recurso de casación como el tema de la revisión de la pretensión de rectificación de superficie. Al respecto, cabe señalar que, conforme el fundamento antes vertido, la presente resolución no altera de ningún modo la decisión sobre la pretensión de rectificación, si bien se realiza una descripción de los antecedentes del derecho propietario de la parte actora y del ente edil es porque su pretensión de mejor derecho es fundado con base en esos hechos, ya que para el mejor derecho propietario se justificó ese incremento de superficie, por lo que no se considera en absoluto ninguno de los hechos de la rectificación, sino únicamente del mejor derecho, que es cotejado entre el registro de la propiedad de los actores con una superficie de 1303,10 m2, frente al registro de la propiedad municipal de 479,60 m2, siendo que aquel no se encuentra sobrepuesto a la propiedad del ente público. b) Que la declaratoria desestimativa de la rectificación de superficie jamás fue solicitada en el recurso de casación, ya que su causa de pedir estaba referida a otras pretensiones considerándose incongruente. Se debe indicar que, conforme ya se advirtió en el fundamento, no se está considerando la pretensión de rectificación de superficie ni modificando su determinación, sino únicamente -de los hechos y la pretensión en función a la norma afectada denunciada en casación- el mejor derecho propietario (art. 1545 del Código Civil) y la consiguiente reivindicación el cual conforme a la fecha de registros es acogido en favor del ente municipal. c) Cabe aclarar que no se está vulnerando el derecho de propiedad de los actores que tiene protección de rango convencional, ya que la superficie adquirida por los actores de 1303,10 m2 se mantiene en favor de los actores, superficie que no ha sufrido sustracción o cercenamiento con el presente fallo. d) Respecto a que no existió respuesta a los argumentos de la contestación del recurso de casación, se debe señalar que esta situación fue considerada en el punto 5 del presente fundamento allanando los argumentos de forma sostenidos por los actores.”

(El resaltado es nuestro).

El art. 114 de la citada normativa procesal, asume la posibilidad de una acumulación subjetiva de pretensiones, en los siguientes hipotéticos: acumulación de pretensiones principales, acumulación de pretensiones subordinadas, acumulación de pretensiones alternativas, acumulación de pretensiones accesorias.

Para que la demanda con pretensión múltiple sea admitida, debe cumplir ciertos presupuestos, como el hecho de que exista cierta vinculación; que todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento.

AS 344/2019, del 03 de abril de 2019:

“III. DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

“III.1. Sobre la acumulación originaria de pretensiones en el Código Procesal Civil – art. 114.

“...la disposición inmersa en el art. 114 de la Ley Nº 439 (demanda con pretensión múltiple), se encuentra enmarcada en lo que la doctrina denomina “acumulación objetiva originaria de pretensiones”, en sentido de que dicha norma establece la permisión a los sujetos procesales (demandantes o demandados reconvencionistas) de interponer una demanda con una variedad de pretensiones, al respecto el Auto Supremo No. 248/2010 de 26 de julio, refiere: “…el sistema procesal civil boliviano, permite incorporar en una demanda todas las acciones o pretensiones que no sean contrarias entre sí, que obedezcan en su nacimiento a una misma causa y se encuentren vinculadas, de tal manera que, perteneciendo todas esas acciones a la competencia de un mismo órgano jurisdiccional pueda éste definir todas ellas en una Sentencia única, válida, eficaz y que comprenda a todos los sujetos que estuviesen directa o indirectamente involucrados, de tal suerte que se evite multiplicidad de procesos para un mismo fin, debido a que, siendo posible, se aplique también el principio de concentración como el de economía y dirección…

“IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“A los efectos de resolver problemática jurídica subordinada, es necesario reiterar el entendimiento asumido en el acápite III.1 de la doctrina aplicable, donde con buen criterio se explicó sobre el tema de la acumulación objetiva de pretensiones desde la óptica del Código Procesal Civil, pues la doctrina moderna acepta la posibilidad de plantearse una gama de pretensiones, dejando de lado la teoría monista, es así que el art. 114 de la citada normativa procesal, asume la posibilidad de una acumulación subjetiva de pretensiones, en los siguientes hipotéticos:

“1) la acumulación de pretensiones principales, denominadas también autónomas o simples que se presenta cuando se plantean dos o más pretensiones que no sean contradictorias entre sí, de tal manera que pueden ser resueltas en la sentencia de manera independiente, sin que el fallo sobre una afecte a las otras, pues no existe relación de jerarquía o dependencia entre ellas, por ejemplo, cuando alguien pretende que se cumplan dos prestaciones derivadas de un mismo contrato;

“2) la acumulación de pretensiones subordinadas, que se dan cuando el demandante plantea una pretensión principal y otra (u otras) que es subordinada al resultado de la principal, pues ante el desamparo de una, conduce al Juez a pronunciarse respecto a la otra;

“3) la acumulación de pretensiones alternativas, este tipo de acumulación existe cuando el demandante propone más de una pretensión con esa calificación de modo que, en el caso de que todas sean declaradas fundadas, el demandado tiene inicialmente la opción de elegir cuál cumplir en ejecución de sentencia y si el demandado no ejerce dicha facultad, será el demandante quien elija la pretensión a cumplirse; y

“4) la acumulación de pretensiones accesorias, que se presentan cuando el demandante propone una pretensión principal cuya suerte determina la de una pretensión accesoria que depende de aquella, de tal manera que si la principal es fundada, la accesoria lo es también, así como si la principal es infundada, la accesoria también lo es, es decir que la suerte de una determinaría automáticamente la suerte de la otra, no siendo esta clasificación restrictiva, puesto otras legislaciones con similar contenido plantean la acumulación de pretensiones condicionales, donde la acumulación se presenta cuando el demandante propone una pretensión como principal o condicional y otra como condicionada a la principal, lo que implica que solo en caso de que la pretensión principal sea declarada fundada, el juez pasará a resolver las condicionadas, pudiendo declarar estás últimas como fundadas o infundadas.”

(El resaltado es nuestro).

AS 196/2021, del 04 de marzo de 2021:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“En virtud a los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde considerar los reclamos de los recursos de casación.

“Del recurso de casación de Bernardino Choque Mamani y Guadalupe Aragón Montoya de Choque observaron que el Auto de Vista recurrido haya determinado, que en una demanda principal sea declarada improbada y la demanda accesoria probada como aquella referida al pago de daños y perjuicios, de la falta de fundamentación necesaria acerca de la resolución a la demanda accesoria de pago de daños y perjuicios, y una errónea interpretación y aplicación del art. 114 del Código Procesal Civil y el art. 262 del Código Civil.

“Al respecto, en el caso de autos el Auto de Vista impugnado en su parte resolutiva revoca parcialmente la sentencia recurrida y declara improbada la demanda de servidumbre de paso con relación a los codemandados Bernardino Choque Mamani y Guadalupe Aragón Montoya de Choque, y confirma con relación a la demanda accesoria de resarcimiento de daños y perjuicios, sin fundamentar ni motivar dicha determinación, menos considerar que existen procesos penales en desarrollo sobre supuestas agresiones entre partes, simple y llanamente confirma dicho resarcimiento, circunstancia que permite su acogida como agravio.

“Según dispone el art. 114 del Código Procesal Civil, y la doctrina propuesta en el apartado III.1 de la presente resolución, se tiene la existencia de cuatro formas de acumulación de pretensiones:

“1) Acumulación de pretensiones principales,

“2) Acumulación de pretensiones subordinadas,

“3) Acumulación de pretensiones alternativas, y

“4) Acumulación de pretensiones accesorias.

“El proceso en análisis correspondería al grupo 2) de acumulación de pretensiones subordinadas, y la acción de servidumbre de paso (demanda principal), el resarcimiento de daños y perjuicios (demanda subordinada), pretendidos en una sola demanda.

“Bajo el antecedente previo verificamos, que el Auto de Vista N° 02/2020 de 01 de octubre de 2020, revoca parcialmente la Sentencia recurrida Nº 6/2019 de 11 de marzo, y declara improbada la demanda principal con relación a los demandados ahora recurrentes, y confirma la misma en los demás aspectos, es decir incólume el resarcimiento de daños y perjuicios para Bernardino Choque Mamani y Guadalupe Aragón Montoya, se advierte que el Tribunal Ad quem no justifica su decisión en cuanto a la pretensión subordinada sin el fundamento ni motivación, conforme refiere la doctrina aplicable al caso en el punto III. 2 de la presente resolución; de la revisión de obrados se infiere, que al no existir prueba alguna que acredite la existencia de daño inmediato o perjuicio futuro se concluye que el Tribunal Ad quem ha obrado de forma incorrecta al confirmar la demanda accesoria, incumpliendo el 4º requisito de la doctrina propuesta y del art. 114 del Código Procesal Civil; con relación a los informes psicológicos los mismos deberán ser incorporados a los procesos penales en trámite, y los responsables estarán a las resultas de los mismos.

“Según la norma legal, doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, se tiene que los arts. 1283 del Código Civil, y 136 del Código Procesal Civil, determinan, que la carga de la prueba concierne al demandante en cuanto a demostrar la procedencia de sus derechos e intereses reclamados en juicio, entendiendo que la carga de la prueba no es un deber-obligación impuesto a las partes, sino que constituye una acción voluntaria-necesaria que lleva a los sujetos procesales a ofrecer y producir todo el universo probatorio del cual pueden valerse, para demostrar los extremos de sus pretensiones y colaborar con la función judicial al momento de dictar sentencia, sabiendo que el perjuicio en caso de no asumir la carga de la prueba es que sus pretensiones no tendrán sustento probatorio y por ende no serán acogidas por el juzgador, por consiguiente no corresponde acoger la pretensión accesoria de daños y perjuicios.

“El recurso de casación de María Luisa Choque Quispe, acusó que el Auto de Vista impugnado ha realizado una incorrecta aplicación del art. 180 de la Constitución Política del Estado (verdad material) y ha omitido la jurisprudencia constitucional, vulnerando el debido proceso en su vertiente de la fundamentación y motivación de la resolución principal y sobre la reconvención, también reclamó que la petición de complementación no fue fundamentada ni motivada, habiéndose determinado que todo su patio será la servidumbre de paso común para todos, y no ha concedido monto de indemnización, lo que viola su derecho a la propiedad, todo ello fue confirmado por el Auto de Vista impugnado.

“Con relación a dichas reclamaciones, evaluaremos de los antecedentes la veracidad o no de lo impetrado; la parte actora en su pretensión solicitó como demanda principal la constitución de servidumbre de paso de bien inmueble ubicado en calle Capitán Castrillo Nº 368 de la ciudad de Potosí y demanda accesoria de resarcimiento de daños y perjuicios contra María Luisa Choque Quispe y otros, quien contestó negativamente a la servidumbre de paso e interpuso reconvención de cesación de servidumbre de paso.

“(…).

“Sobre la pretensión de la superficie de la servidumbre de paso y de la indemnización de la demandada ahora recurrente, en la instancia de la aclaración, enmienda y complementación dispuesta por el art. 226 del Código Procesal Civil, de 11 de marzo de 2019, de fs. 592 vta., y 594, el Juez A quo, respaldado en informes periciales y planos del área, determinó que la superficie de la servidumbre de paso común es de 67.45 m2, que no es exclusivo para la parte demandante; entonces se determinó como paso común y no se pronunció sobre el pago de indemnización por no haber acreditado la recurrente documento inscrito en Derechos Reales.

“Del estudio de las resoluciones de sentencia y Auto de Vista, se denota que para declarar probada en parte la demanda en primera instancia se sustentó esencialmente en lo dispuesto por los arts. 260, 262, 1281 y 1282 del Código Civil, y de los elementos probatorios de inspección judicial y Certificación de la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Potosí, bajo ese criterio fundamentó y realizó la valoración probatoria de acuerdo a la pretensión, a su vez el Tribunal Ad quem revocó parcialmente la resolución de primera instancia, solo determinando la improcedencia de la demanda principal con relación a Bernardino Choque Mamani y Guadalupe Aragón Montoya e improbada la reubicación del baño, manteniendo incólume los demás aspectos de la Sentencia Nº 6/2019 de 11 de marzo.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 139 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 112 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; art. 333 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Conc.: arts. 47, 581 párf. II y III, 910.II CC; art. 11 Ley 247 de Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda; arts. 25931 y 260.I CPC, apelación suspensiva.

El legislador debe analizar de oficio si la demanda ha cumplido con los requisitos de forma y también verificar la proponibilidad en relación al art. 110.

AS 806/2016, del 11 de julio 2016

“Teniendo como parámetro lo expuesto el Nuevo Código Procesal en su Art. 113 de forma textual señala: “ I Si la demanda no se ajustare a los requisitos señalados en el Artículo 110 del presente Código, se dispondrá la subsanación de los defectos en plazo de tres días, bajo apercibimiento, en caso contrario, de tenerse por no presentada aquella. II. Si fuere manifiestamente improponible, se la rechazará de plano en resolución fundamentada. Contra el auto desestimatorio sólo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. En caso de revocarse la resolución denegatoria, el tribunal superior impondrá responsabilidad a la autoridad judicial inferior.”, de la norma en cuestión se establece que el legislador ha regulado los parámetros a seguir por parte del Juez de la causa al momento de analizar la demanda para establecer si se ha cumplido con los requisitos de forma y también verificar la proponibilidad de la misma, y en este último caso de ser declarada improponible el legislador ha generado un límite en cuanto a su impugnación, determinando que la resolución que declare la improponibilidad de la demanda es susceptible únicamente del recurso de apelación sin recurso ulterior, sin establecer distinción alguna, extremo que evidencia que este tipo de resoluciones por su naturaleza no son susceptibles del recurso de casación, esto por imperio de la norma analizada.”

“IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“Asimismo aduce que la resolución que rechaza la demanda fue dictada cuando no se encontraba en vigencia plena el actual Código Procesal Civil, y el Auto de Vista se pronunció bajo el sistema procesal antiguo, por lo que correspondía conceder el recurso de casación, cometiendo un error al aplicar el art. 113-II del Código Procesal Civil a una situación procesal configurada como el sistema Procesal Civil antiguo.

“Del contexto de su reclamo se advierte que este tiene como fundamento que el presente caso debió seguirse tramitando bajo el sistema antiguo, de acuerdo a lo expuesto en la doctrina aplicable III.3, la ultractividad de la norma no resulta aplicable a la Ley Adjetiva, con su salvedad que tampoco se acomoda al caso en cuestión, por cuanto no resultaría correcta acoger el entendimiento esgrimido por el recurrente en sentido de que pretenda seguir aplicando al caso en cuestión el Código de Procedimiento Civil, máxime, si por disposición de la parte transitoria sexta del Código Procesal Civil que señala: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código” contenido normativo que de forma inequívoca orienta que desde la vigencia plena de la Ley 439, dicha norma es aplicable a los tramites recursivos; máxime, si el Auto de Vista se pronuncia en fecha 24 de marzo de 2016, es decir, que a partir del Auto de Vista la causa ya se sustancio conforme a los parámetros establecidos por la Ley 439, por lo que, no resulta evidente su reclamo.

“Y en cuanto al último punto que es decir a la errada aplicación del art. 113-II del Código Procesal Civil, puesto que esa denegatoria se aplica cuando el recurso de casación fue planteado por la parte demandante, es decir cuando esa decisión sea confirmada en segunda instancia. Conforme a lo esgrimido de forma detallada en el punto III.2, el art. 113-II del Código Procesal Civil es claro al determinar que contra esa resolución (que resuelve la impugnación de la improponibilidad) únicamente procede el recurso de apelación sin recurso ulterior, sin establecer otra situación diferente, por lo que, al existir un freno normativo para su concesión ante este Máximo Tribunal no correspondía que el Tribunal de apelación conceda la misma, resultando correcto su actuar.”

(El resaltado es nuestro).

El legislador debe analizar de oficio si la demanda ha cumplido con los requisitos de forma y también verificar la proponibilidad en relación al art. 110.

La demanda debe ser manifiestamente improponible y no solamente una de las peticiones que conforman la pretensión por el principio de integridad.

La autoridad judicial al momento de emitir una resolución respecto a la improponibilidad de la demanda, deberá centrar su análisis sobre el objeto del proceso y verificar si la pretensión no se encuentra tutelada por el derecho.

AS 338/2021, del 23 de abril de 2021

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“De la revisión al recurso de casación en la forma de María del Rosario Martínez Zilvetty, en lo trascendental basó sus reclamos en la vulneración al debido proceso en su vertiente de falta de congruencia y motivación previstos en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, debido a que en el Auto de Vista en el desarrollo de la improponibilidad indicó que son dos los sujetos peticionantes de tutela, pero solamente consideró los derechos pretensiones y actuaciones de uno solo de los sujetos demandantes, negando y omitiendo el derecho de la ahora recurrente, sin fundamentar y menos motivar cómo le afecta al otro propietario codemandante la causal de improponibilidad del primero, pues el Tribunal de alzada no consideró la situación con relación al derecho material que se discute (derecho propietario) incurriendo en defecto estructural al desarrollar el instituto de la improponibilidad objetiva y aplicando la improponibilidad subjetiva. Expresó que ella tiene toda la legitimación y potestad para poder adquirir el bien inmueble, participar en el contrato y exigir su cumplimiento, toda vez que la resolución de alzada no mencionó por qué se aplicó la improponibilidad con relación a la recurrente, transgrediendo así el derecho a la acción como un derecho abstracto de obrar y el derecho a la justicia, careciendo de motivación en cuanto al principio de favorabilidad de la tutela, dado que no existe prohibición expresa que impida pedir el cumplimiento de un contrato.

“Asimismo, de la revisión al recurso de casación en la forma de Jorge José Martínez Zilvetty, se tiene que manifestó aplicación indebida del art. 113.II del Código Procesal Civil por no corresponder la aplicación de la improponibilidad en la demanda, debido a la mala interpretación de las peticiones que fueron tres, los vocales solo observaron como si solamente existiera una petición dentro la pretensión, omitiendo las demás pretensiones descritas en la demanda, no obstante el art. 113.II citado expresa que la demanda debe ser manifiestamente improponible y no solamente una de las peticiones que conforman la pretensión por el principio de integridad, por lo que debió pronunciarse sobre las demás peticiones, siendo ausente de motivación y confusión sobre la aplicación de la improponibilidad con relación al cumplimiento de la obligación, dado que el Ad quem no identificó el defecto absoluto en la demanda y si se trataría de una improponibilidad subjetiva u objetiva, pretendiendo observar la calidad de uno de los sujetos procesales bajo la figura de la improponibilidad objetiva de la pretensión sin hacer mención a la pretensión de cumplimiento de obligación siendo que la normativa y jurisprudencia nacional no reconocen la improponibilidad subjetiva.

“(…)

“En cuanto a la improponibilidad el art. 24 num. 1) inc. a) y el art. 113 del Código Procesal Civil señalan: art. 24 (PODERES). “La autoridad judicial tiene poder para: 1. Rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando: a) Sea manifiestamente improponible…”.

Art. 113. (DEMANDA DEFECTUOSA) “I. Si la demanda no se ajustare a los requisitos señalados en el Artículo 110 del presente Código se dispondrá la subsanación de los defectos en plazo de tres días, bajo apercibimiento, en caso contrario, de tenerse por no presentada aquella. II. Si fuere manifiestamente improponible, se la rechazará de plano en resolución fundamentada. Contra el auto desestimatorio sólo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. En caso de revocarse la resolución denegatoria, el tribunal superior impondrá responsabilidad a la autoridad judicial inferior”.

“En cuanto al juicio de proponibilidad objetiva de la pretensión, Jorge W. Peyrano en su libro el Proceso atípico, Editorial Universidad, pág. 64, sobre el juicio de proponibilidad objetiva de la pretensión y trayendo un ejemplo relativo al tema, escribe: “presentada la demanda ante el juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello -como ya se ha insinuado-deberá consultar el ordenamiento y comprobar en ‘abstracto’ si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. Práctica, entonces, una suerte de juicio de fundabilidad previo, pero el mismo se concreta en ‘abstracto’. No se trata de rechazar la demanda promovida por Pedro contra Juan porque a aquel no le asiste razón, sino porque el objeto de la pretensión no puede ser juzgado”.

“(…)

“Conforme a las consideraciones expuestas, el juzgador al momento de emitir la resolución sobre una “improponibilidad de demanda” deberá centrar su análisis sobre el objeto del proceso y verificar si la pretensión no se encuentra tutelada por el derecho, puesto que la improponibilidad objetiva se funda en el contenido de la demanda cuando la misma tiene como base concretamente hechos prohibidos o no permitidos por el ordenamiento jurídico, de forma que deberá identificar los argumentos fácticos que hacen a la pretensión con relación al objeto jurídico que se persigue, o cuando el argumento fáctico en caso se ser demostrado no permitirá otorgar un fallo favorable; en el caso concreto el cumplimiento del contrato se encuentra tutelado por el art. 568 del Código Civil y otros ya citados y es en función de la pretensión principal que en su caso sobrevendrán efectos para cada sujeto procesal, no obstante no por alguno de dichos efectos se puede coartar el derecho del resto de los sujetos ni mucho menos dejar en franca indefensión a ninguno de ellos.”

(El resaltado es nuestro).

(En sentido similar el AASS 286/2020).

El juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma.

AS 470/2021, del 26 de mayo de 2021

“III.2. De la improponibilidad objetiva de la pretensión.

“Para el entendimiento de la improponibilidad objetiva de la pretensión, es preciso citar al Auto Supremo Nº 73/2011 de 23 de febrero, que al respecto señaló: “No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión. Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad. En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes de cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito.

“En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva. Respecto de las condiciones de fundabilidad, el Autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado Autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

“El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

“El rechazo in límine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales…”.

En ese orden la jurisprudencia venezolana en distintos fallos alude al aporte doctrinario de Rafael Ortiz-Ortiz, cuya obra titulada “TEORÍA GENERAL DE LA ACCIÓN PROCESAL EN LA TUTELA DE LOS INTERESES JURÍDICOS”, desglosando que en dicha obra señala que tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho.

“Por otra parte, en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así por ejemplo Cristian Angeludis Tomassini, en su ponencia “¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in límine?”, señala que: “Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (...) Se ha resuelto que el Juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in límine la demanda, b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva. - Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (...). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in límine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta”.

“Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución "rechazo sin trámite completo", en lugar de la habitual fórmula "rechazo in límine de la demanda". Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (...) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in límine una demanda (rectius, "pretensión"). Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el Juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia de mérito, es decir, en cualquier estado del proceso.

“Conforme a la amplia gama de los aportes doctrinarios y la evolución de la jurisprudencia, se puede señalar que el juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma. Se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que se busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que, al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material.”

(El resaltado es nuestro).

(En sentido similar los AASS 358/2021, 233/2019, 960/2018, 286/2020, 776/2016)

La improponibilidad subjetiva o falta de legitimación se encuentra relacionada con que quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar

AS 1132/2019, del 22 de octubre de 2019

“CONSIDERANDO IV: DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“a) De acuerdo a lo acusado en los puntos 1 y 2 del recurso de casación, el recurrente menciona que el Tribunal Ad quem volvería a incurrir en falta de motivación, toda vez que el Instituto Boliviano de la Ceguera carece de título de propiedad para demandar la nulidad de la transferencia, lo cual ya habría sido advertido por el Tribunal Ad quem, por lo que se debió anular lo obrado por improponibilidad de la demanda.

“Conforme a lo acusado se debe tener presente que la improponibilidad subjetiva o falta de legitimación se encuentra relacionada con que quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar, por tanto, se debe tomar en cuenta que el interés es la medida de la acción, el cual se configura como un presupuesto procesal para acreditar el interés legítimo que emerge del derecho subjetivo para demandar la nulidad de un acto jurídico.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 138 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 331 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Una vez interpuesta la demanda, solo serán admisible los documentos posteriores a la fecha; si la parte (actora) cuenta con la documentación y esta no es presentada, estaría cometiendo violación al principio de lealtad procesal.

AS 226/2017, del 08 de marzo 2017:

“III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.1.- De la prueba de reciente obtención.

“Al respecto debemos señalar lo establecido por el art. 331 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:

“(Documentos posteriores, o anteriores desconocidos).- Después de interpuesta la demanda solo se admitirán documentos de fecha posterior, o, siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos. En tales casos se correrá traslado a la otra parte para los efectos del art. 346 inc.2)”….

“De la interpretación de la citada norma; Carlos Morales Guillen en su obra Código de Procedimiento Civil Concordado y Anotado, pag. 402 señala; “que la parte actora a tiempo interponer la demanda y exponer los hechos en que funda su pretensión, no debe limitarse solamente a relatar los hechos, sino que además debe presentar la prueba de la que pretende valerse, porque no hay objeto de mantenerla oculta, como no sea con el propósito de sorprender al adversario, cuando esta ya no se encuentre en condiciones de contrariarla (Alsina).

“Facilita la abreviación del proceso y supone la ventaja de que puede, así, evitarse muchos litigios, porque el demandando en conocimiento de la prueba documental del actor, puede avenirse a un allanamiento, más beneficioso para todos, si no dispone, a su vez de medios eficaces para destruirla….Se supone que toda la prueba documental, demostrativa del derecho, o justificativa de la demanda, debe presentarse justamente con esta, relacionada con la exposición de hechos, en la fundamentación de derecho o en un otrosí. La omisión de este requisito particular de la demanda, esta sancionada por el art. (331), que después de interpuesta está, solo admite la presentación de documentos de fecha posterior (a la demanda ha de entenderse), o si son anteriores bajo juramento de no haber sido conocidas antes por el actor (juramento de reciente obtención).”

(El resaltado es nuestro).

AS 496/2019, del 17 de mayo de 2019:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“En cuanto a la prueba de reciente obtención el Art. 112 del Código Procesal Civil establece:(DOCUMENTOS POSTERIORES O ANTERIORES). Después de interpuesta la demanda, sólo se admitirá documentos de fecha posterior a ella o siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos.

“El Auto Supremo N° 39/2017 de 24 de enero indica: “En tema probatorio, la ley procesal establece reglas específicas para su proposición, diligenciamiento y valoración y los momentos procesales en que debe ser presentada; tratándose de prueba documental de fecha anterior a la demanda, la misma debe ser presentada junto con la demanda no pudiendo hacerlo después o en el momento que vean por conveniente los litigantes; en caso de que no la tenga en su poder, deberán indicar el lugar donde se encuentran, lo contrario implica violación del principio de lealtad procesal, pues no es posible que teniendo las pruebas en su poder no las presenten junto con la demanda y pretendan hacerlo posteriormente bajo el argumento de ser de reciente obtención; la ley procesal señala claramente que después de interpuesta la demanda, únicamente es admisible prueba documental de fecha posterior y siendo anterior, bajo juramento de no haber tenido real y verdadero conocimiento, constituyendo este último aspecto una excepción a la regla, caso en el cual la Autoridad judicial en observancia del principio de contradicción, deberá correr traslado a la otra parte para que se pronuncie.”

(El resaltado es nuestro).

AS 349/2019, del 03 de abril de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“En ese contexto en el caso de autos debemos considerar que si bien es evidente que la prueba cursante de fs. 118 a 121 consistente en la Escritura Pública Nº 651/2016 de 01 de junio de 2016, sobre el proceso sucesorio sin testamento, aceptación de herencia de la que en vida fue Josefina Daza Serrudo, declarándose herederos a Juan Arcienega Bayo en calidad de Esposo, Gervasio Arcienega Daza, Lorenzo Luis Arcienega Daza, Luisa Hilda Arcienega Daza en calidad de hijos, así como el Folio Real con Matricula N° 1.01.1.99.0055858 en la que se registra el bien inmueble ubicado en el Ex Fundo de Lajas Tambo lote N° 5 con una superficie de 69,195.00 m2 en el que se halla inscrito el derecho propietario de Arcienega Bayo Juan, Arcienega Daza Gervasio, Arcienega Daza Veronica, Arcienega Daza Leonarda, Arcienega Daza Roberto, Arcienega Daza Lorenzo Luis y Arcienega Daza Luisa Hilda; no fue adjuntada al caso de autos conforme lo establece el art. 111.I, II y 112 del Código procesal Civil, vale decir no fueron adjuntadas, ni ofrecidas con la demanda principal, siendo que conforme el mencionado artículo es obligación de la parte actora presentar una demanda que contenga el ofrecimiento de los medios probatorios que pretenderá hacer valer en el proceso, presentado los documentos que tiene en su poder, caso contrario si no dispone de dichos documentos a momento de presentar la demanda tiene la opción de indicar donde se hallan los mismos especificando el contenido y el lugar donde se encuentren, a cuyo efecto solicitara su incorporación en el momento oportuno, aspecto que en el caso de autos no concurrió, ya que después de haber sido admitida la misma, conforme memorial cursante a fs. 160, la parte actora adjuntó prueba documental cursante de fs. 115 a 159 descrita supra, memorial que una vez puesto en conocimiento del juez A quo lo tuvo presente y ordeno sea con noticia contraria, a cuyo efecto la parte demandada fue notificada conforme se acredita de las papeletas de notificaciones cursantes de fs. 162 a 163, sin embargo pese a tener conocimiento de dicho memorial así como de la prueba, la parte demandada ahora recurrente, en dicha oportunidad no manifestó criterio alguno al respecto limitándose a presentar un memorial solicitando el señalamiento de día y hora para la audiencia preliminar, al margen de considerar que dicha prueba descrita supra se constituye en determinante puesto que acredita el derecho propietario que le asiste a la parte demandante.”

(El resaltado es nuestro).