Fuente.: art. 130 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; art. 397 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Conc.: arts. 1.11, 24.5, 149, 150, 163, 165.IV, 186, 202 y 493.III CPC; arts. 1286, 1289, 1306, 1307, 1310, 1313, 1330,1333 CC; art. 87 Ley Nro. 164 de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación; art. 401 Convención de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), valoración de la prueba.

La prueba no favorece para el que la suministra, sino que debe ser valorada en su conjunto (comunidad de la prueba) por la autoridad judicial para señalar la concordancia en relación a los hechos y la verdad material.

Es obligación del Juez de valorar en la sentencia las pruebas para decidir los hechos.

Aplicación de los elementos probatorios: sana crítica, prudente criterio y tasa legal.

AS 236/2019, del 08 de marzo de 2019

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.1. De la valoración de la prueba. El art. 145 del Código Procesal Civil, bajo el nomen juris de “Valoración de la prueba”, establece: “I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el medio probatorio”, acudiendo a la doctrina podemos citar José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental –Couture- llama “la prueba como convicción”, así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”

“El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

“Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil, y dentro de los sistemas de valoración de la prueba conforme arroja la citada normativa procesal, permite el sistema de valoración probatoria de acuerdo a las reglas de la prueba tasada en los casos establecidos por ley, y en otros casos de acuerdo al sistema del prudente criterio o a las reglas de la sana crítica, esta última regentada bajo las directrices de la lógica, ciencia y experiencia.”.

“(...)

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“En cuanto al tema de la valoración probatoria este Tribunal a través de su vasta jurisprudencia acorde al entendimiento vertido en el acápite III.1, ha determinado que es una de las actividades más importantes que despliega el titular de la función jurisdiccional, debido a que en ese momento analiza y contrasta todo el elemento probatorio en base a las reglas determinadas por ley (sana crítica, prudente criterio y tasa legal) en función a los hechos alegados para determinar la veracidad de lo debatido, en otros términos realiza una actividad intelectiva en función de todo el universo probatorio (principio de unidad probatoria), descartando aquellos que no son fructíferos para la causa.”

(El resaltado es nuestro).

(En sentido similar el AS 402/2020).

AS 1150/2019, del 22 de octubre de 2019

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“Con relación a la valoración de la prueba se indicó en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.”.

(El resaltado es nuestro).

(En el mismo sentido los AASS 273/2020).

AS 435/2019, del 30 de abril de 2019

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“A mayor abundamiento y de lo desarrollado sobre la doctrina en el punto III.1, se debe aclarar con relación a la valoración de la prueba que la misma es una facultad privativa de los operadores de justicia, considerar el elenco probatorio de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica según impetra el art. 1286 de la norma sustantiva de la materia, concordante con el art. 145 de su procedimiento conforme se definió en sentencia; y si al recurrente le causaba algún tipo de agravio dicha situación, debió impugnarlo oportunamente, al no hacerlo resulta intrascendente traerlo en esta etapa de casación. 3. Sobre el agravio que el A quo tomó en cuenta la certificación cursante a fs. 394, la cual es inexistente jurídicamente en el proceso pues fue rechazado mediante decreto de 31 de julio de 2015 de fs. 396, el Auto de Vista justificó que el recurrente no objetó dicha prueba jamás aceptada por el juez, por lo tanto, inexistente.”

(El resaltado es nuestro).

Individualización de la prueba posterior a la valoración en conjunto de las pruebas del proceso.

AS 509/2020, del 11 de noviembre de 2020

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“Con carácter previo, en cuanto a la valoración de la prueba se tiene que conforme al art. 145 del Código Procesal Civil, el juzgador tiene la obligación de considerar cada una de las pruebas producidas, apreciándolas en su conjunto para recién individualizar cuales ayudaron a formar criterio y convicción en el juzgador tomando en cuenta la realidad cultural en la que se habrían generado las mismas, dado que las mismas deben reflejar certeza objetiva y no simplemente formal, esto con la finalidad de que el fallo sea lo más correcto y justo, aspecto concordante con la doctrina esbozada en el punto III.2. del presente fallo. El reclamo en lo principal está enfocado a que la resolución de alzada no habría realizado el análisis de la prueba trasladada, en tal sentido se observa que si bien el Auto de Vista cursante de fs. 2983 a 2987 vta., no hace referencia a la prueba trasladada en específico; sin embargo, la respuesta de dicha resolución de alzada está enfocada a toda la prueba presentada por el demandante incluyendo la prueba reclamada, dado que el recurrente solamente efectuó un reclamo generalizado de la misma sin entrar al desglose o fundamentación de qué instrumentos o fojas de dicha prueba a su criterio sería importante y trascendente para revertir el fallo.”

(El resaltado es nuestro).

La finalidad de la valoración es determinar la fuerza o el valor probatorio que tienen los medios de prueba para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos objeto de prueba.

AS 415/2020, del 05 de octubre de 2020

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

“También el Auto Supremo Nº 977/2019 de 25 de septiembre, respecto a la valoración de la prueba expreso que: “… valoración probatoria: primero, la valoración no solo debe consistir en un análisis cuidadoso del material probatorio, sino también de los hechos que pretenden ser acreditados o verificados con ellos; segundo, debe distinguirse entre la finalidad de los medios probatorios y la finalidad de la valoración, mientras la primera es producir convicción en el juzgador sobre la existencia o inexistencia de los hechos que configuran una pretensión, la finalidad de la valoración es determinar la fuerza o el valor probatorio que tienen los medios de prueba para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos objeto de prueba; tercero, la convicción del juzgador no debe ser reflejo de una verdad formal ni que consista en una certeza meramente subjetiva, sino en una certeza objetiva, basada en la realidad de los hechos y en el Derecho, con la finalidad de asegurar una correcta y justa solución del conflicto o de la incertidumbre jurídica; cuarto, la confesión constituye un medio formal por el cual se incorpora al proceso una verdad real, práctica o un conjunto de hechos, y se constituyen por lo tanto en verdades procesales; quinto, conforme al art. 145 del CPC, la autoridad judicial tiene la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, de apreciarlas en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, además de tomar en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio. Lo cuestionado en el recurso de casación sobre la valoración de las pruebas adjuntadas en el cuaderno jurisdiccional, sobre la ponderación que realizó el Ad quem de todo el universo probatorio, para establecer y determinar cuáles son esenciales y determinantes a la causa, y en base a ella fundar la viabilidad o no de la acción planteada, actividad intelectiva que responde a las clasificaciones de análisis probatorio, como ser prudente criterio o en su caso la sana critica.”

(El resaltado es nuestro).

La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia.

El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente.

AS 260/2020, fecha 06 de julio 2020

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.1. De la valoración de la prueba.

“La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco, es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.

“En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba, señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la Prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo, que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir, que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental –Couture- llama “la prueba como convicción”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

“(…)

“Empero, esta actividad valorativa se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397, parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 39, parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

De estas acepciones podemos inferir para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada. Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.”

(El resaltado es nuestro).

(En sentido similar el AS 723/2021).

El tribunal de apelación tiene la obligación de considerar la totalidad del material cognoscitivo e individualizar las que le sirvieron de sustento y las que desestimó.

AS 1145/2019, del 22 de octubre de 2019

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“3. Objetó que no se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 145 del Código procesal Civil, es decir, a la valoración de toda la prueba y consiguiente individualización.

Al respecto según el art. 145 del Código Procesal Civil, ciertamente el tribunal de apelación tiene la obligación de considerar la totalidad del material cognoscitivo e individualizar las que le sirvieron de sustento y las que desestimó. No es menos evidente, que de la lectura del Auto de Vista puede apreciarse que teniendo en cuenta principalmente el pliego acusatorio cursante de fs. 90 a 94, le restaron valor al testimonio de adjudicación judicial, división y partición con el que sustento básicamente la pretensión reivindicatoria.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 172 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 137 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.

Conc.: arts. 259.3 y 260.III.3 CPC, apelación diferida.

Las resoluciones dictadas sobre rechazo de producción de prueba podrán ser apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior, no serán objeto de discusión en casación.

AS 934/2019, del 17 de septiembre de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“En efecto, en obrados se advierte la Juez de instancia en la audiencia complementaria de fecha 28 de agosto de 2018, emitió dos autos interlocutorios con los cuales rechazó la producción de las declaraciones testificales de cargo de los Sres. Luis Fernando Estrada Vargas y Cesar David Gutiérrez Dura, autos que en la misma audiencia fueron apelados en el efectos diferido por la parte actora y que tras ser fundamentados en el memorial de fs. 365 a 369, fueron considerados y confirmados por el Auto de Vista de fs. 387 a 389 vta.; cerrando toda posibilidad que estos puedan ser nuevamente analizados, mucho menos a través del recurso de casación, pues conforme prevé el art. 146 del Código Procesal Civil: “Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior.”

(El resaltado es nuestro).

AS 352/2021, del 28 de abril de 2021:

“CONSIDERANDO IV: DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“b. Respecto al quinto reclamo del recurso de casación, la recurrente arguyó que las pruebas adjuntadas a la contestación fueron rechazadas sin motivo ni fundamento y de haber sido diligenciadas se demostraría la colusión con el que actúa la demandante y que sigue ocupando el inmueble.

“En esta apreciación, se debe tener presente la norma relativa a la recurribilidad de las resoluciones sobre la prueba establecida en el art. 146 del CPC, al normar que “Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán aplicables en el efecto diferido sin recurso ulterior”; de modo que al tratarse de resoluciones sobre la proposición, producción, denegación y diligenciamiento de prueba solo admite su impugnación mediante el recurso de apelación en el efecto diferido, no siendo objeto de discusión en casación.”

(El resaltado es nuestro).

El juez de instancia tiene la facultad rechazar el diligenciamiento de algún medio probatorio que sea inconducente.

AS 565/2019, del 6 de junio de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“b. Por otra parte, respecto a las acusaciones figuradas en los puntos 4, 5 y 6, las cuales versan sobre el rechazo indebido de una prueba pericial, con la que habría permitido a la inmobiliaria recurrente determinar la cuantificación de los daños y perjuicios.

“En este contexto, se debe tener presente que la audiencia preliminar concentra una serie de actividades procesales, entre las que se destaca la fijación definitiva del objeto del proceso, que permite establecer el centro del debate y por consiguiente la determinación y diligenciamiento de la prueba, por tal motivo si el rechazo del diligenciamiento de alguna prueba se suscitase en audiencia, se debe observar lo establecido en el art. 146 del Código Adjetivo Civil, ya que esta norma delimita la forma de recurribilidad ante un eventual rechazo a un medio probatorio, por otra parte es una facultad del juez de instancia rechazar el diligenciamiento de algún medio probatorio que sea inconducente, en tal sentido y conforme al acta de audiencia preliminar se tiene a fs. 187 vta. ut supra que la inmobiliaria recurrente a través de su abogado indicó: “Se acepta lo ordenado por su autoridad” ante el rechazo de la prueba pericial, lo cual permitió al juzgador dar por concluida la etapa para la producción y diligenciamiento de prueba, por lo que dotó a dicho acto plena eficacia jurídica y en consecuencia se ingresó a la etapa de alegatos, a efecto de que las partes expongan sus conclusiones en pro de su causa, por lo tanto no es preciso manifestar en etapa de alegatos la falta de diligenciamiento de algún medio probatorio, más cuando en el caso de autos el rechazo a la prueba pericial fue aceptada por la inmobiliaria tal como consta ut supra a fs. 187 vta., un razonamiento contrario equivaldría a retrotraer etapas procesales, lo cual no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico tal como consta en el art. 17 de la Ley Nº 025, por lo tanto no es evidente la indefensión cuestionada.

“Por lo tanto, el rechazo de la prueba pericial pronunciado en audiencia preliminar a fs. 187 vta. fijó la conclusión del diligenciamiento de prueba admisible, mismo que no fue objeto de reclamo, ni recurso por las partes, por lo que la impugnación del recurrente carece de sustento.”

(El resaltado es nuestro).

AS 1149/2019, del 22 de octubre de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“2.Sobre la responsabilidad para el diligenciamiento de la prueba. “Manifiesta que el Ad quem, con argumentos forzados estableció que no se presentó pruebas de los reclamos para agilizar la designación del perito, que la iniciativa probatoria del juez no puede suplir la negligencia de las partes, y que el diligenciamiento de la prueba debe realizarse bajo responsabilidad de la parte; empero, no se trataría de la responsabilidad de la parte sino de la oficina administrativa, pues el juez admite que la demora seria atribuible al IDIF y que cambió por ese motivo al ITCUP para la realización de la pericia, por ende, la responsabilidad no sería de parte. De antecedentes, el A quo estableció que desde la admisión de la prueba pericial, adoptó las medidas necesarias para su producción, oficiando al Instituto de Investigaciones Forenses – IDIF, para la remisión de ternas como de conminatorias y, posteriormente, oficiando de igual manera al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial – IITCUP, ya que al no lograrse producir la prueba en el IDIF se resolvió cambiar de institución para que realizara la pericia en el IITCUP, ampliando para ello el plazo a 30 días adicionales, tiempo en que el demándate no acredito haber realizado las gestiones necesarias para la realización de la pericia, pues el perito designado, hasta el momento de la emisión de la Sentencia, no aceptó su designación, es así que ante la omisión y falta de diligencia del demandante se prosiguió con la causa.

“Ahora bien, el recurrente señala que el diligenciamiento de la prueba no sería de su responsabilidad, sino de la oficina administrativa, pues el juez estableció que la demora era atribuible al IDIF y por ese motivo se cambió al IITCUP para la realización de la pericia, por ende, la responsabilidad no sería de parte; el Ad quem al respecto, concluyó que el incumplimiento de tal carga es atribuible al actor, toda vez que no presentó prueba alguna de los reclamos o aparentes gestiones realizadas para la pronta designación del perito y por tanto el inmediato diligenciamiento de la prueba pericial, lo que es evidente, ya que por Oficio N°01160/2017 de 17 de octubre (fs.292), se remite el informe de 10 de octubre de 2017, suscrito por el Sof.1ro. B. Ocatvio Yujra Callisaya – Perito en Documentologia del IITCUP, quien señala: “…el suscrito no fue notificado para el acto de juramento, tampoco fueron remitidos los documentos cuestionados y de comparación para realizar la pericia dispuesta por el señor juez. En tal sentido al no contar hasta la fecha con los documentos cuestionados y de comparación en originales, solicito se remita el presente informe al juzgado de origen a objeto de que tenga conocimiento sobre el presente caso.

“Entonces, tomando en cuenta que la Sentencia N°347/2017 se pronunció el 25 de julio de 2017, y el informe del IITCUP es de fecha 17 de octubre de 2017, hace evidente la negligencia en que incurrió el recurrente, al no realizar las gestiones necesarias para la producción de la prueba en primera instancia, cuando era de su responsabilidad correr con la carga de la prueba.”

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 170 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 136 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; arts. 373 y 374 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Conc.: art. 1285 CC; art. 6 CPC, interpretación de la ley procesal; arts. 147 y ss CPC, prueba documental; art. 148.III CP, documento digitalizado o electrónico; arts. 156 y ss CPC, confesión; arts. 168 y ss CPC, declaración de testigos; arts. 187 y ss CPC, inspección y reconstrucción de hechos; arts. 193 y ss CPC, prueba pericial; art. 204 y ss CPC, prueba por informe; art. 206 CPC, presunciones.

La legalidad del correo electrónico como medio de prueba.

AS 847/2019, del 28 de agosto de 2019:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO:

“III.1. Las comunicaciones electrónicas constituyen prueba.

“El art. 144 del Código Procesal Civil, prescribe: “I. Son medios legales de prueba, los documentos, la confesión, las declaraciones de testigos, la inspección judicial, la reconstrucción de hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe. II. Igualmente se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, en las condiciones previstas por ley. III. Las partes pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el presente Código, y en su defecto en la forma que disponga la autoridad judicial.

“El legislador boliviano teniendo en cuenta la post modernidad, la revolución de la ciencia y la tecnología, particularmente de la informática, introdujo como medio de prueba la información generada mediante correo electrónico, misma que desde hace un tiempo atrás viene siendo utilizada con intensidad por los particulares, la familia, los empresarios, inclusive el sistema de justicia penal viene implementando las notificaciones electrónicas, entre otros actuados, debido a su utilidad práctica, prontitud, seguridad, entre otras ventajas, de ahí que en el mundo de hoy y nuestro país por este medio de comunicación los interlocutores intercambian ideas, envían detalles de productos, ofertas de bienes y mercancías, precios, propuestas contractuales, contrapropuestas, en suma, se concretan contratos y otras actividades, que forman parte de la vida para la satisfacción de sus necesidades económicas y sociales, realidad que no puede ser ignorada por el derecho y el decisor jurisdiccional, por ello coincidimos con Daniel Peña Valenzuela cuando escribe: ¨Los contratos también se han desmaterializado. La oferta y la aceptación que implica la disposición de intereses mediante una declaración de voluntad y una intención común de las partes se lleva a cabo en muchas ocasiones por medios electrónicos. Los términos y condiciones de uso son el contrato más utilizado en la red en formato digital. Así mismo, por medios digitales se determinan términos y condiciones de uso de páginas web, redes sociales y aplicaciones móviles entre otras.”

(El resaltado es nuestro).

Valoración de la prueba documental.

Las partes tienen la posibilidad de valerse de cualquier otro medio de prueba, siempre que la ley lo establezca.

AS 956/2018, del 01 de octubre de 2018:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

“Asimismo en cuanto a que no se apreció: b) La confesión del demandado Hugo Vargas Palenque; c) La demostración de la mala fe del demandado, aduciendo que aprovecho que tiene deficiencias en su visión; d) Cuestionando la fecha de protocolización del documento de préstamo; y, e) El préstamo efectuado a su hijo Johnny Marcial Chive Gonzales, todos estos aspectos además de haber sido objeto de valoración, en ambas instancias han formado convicción de que no consolidan la demanda principal como es la ilicitud de la causa, por cuanto no se demostró que el documento sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, por consiguiente no se ha constatado que el Auto de Vista impugnado haya incurrido en infracción del principio de verdad material, ni que haya distorsionado las atestaciones de José Antonio Lopez Gutierrez, Johnny Marcial Chive Gonzales e Irma Rossi Morales Vaca de Chive, tampoco que se haya hecho uso de un documento falso, apartándose de los otros medios probatorios, ya que el Juez a quo ejerciendo su labor privativa de apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y en resguardo del principio de la unidad de la prueba, ha procedido a confrontar las pruebas producidas en el caso de Autos, de las cuales ha formado convicción sobre los hechos acontecidos, que han conllevado a la determinación asumida.”

(El resaltado es nuestro).

Los contradocumentos dentro de los medios de prueba.

AS 1085/2018, del 01 de noviembre de 2018:

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.3. Del contra documento.

“A los efectos de la presente resolución corresponde únicamente centrar nuestro análisis en el primer caso, es decir en lo que concierne al contradocumento u otra prueba por escrito, en cuanto al contradocumento la jurisprudencia nacional, ha establecido que los contradocumentos suscritos entre los mismos simuladores hacen fe entre ellos de conformidad con el art. 545 pará. II del Código Civil, concordante con el art. 1297 del mismo Código, pues la declaración contenida en él expresa la real intencionalidad y la claridad de la voluntad de las partes en el negocio jurídico simulado y constituye ley entre los mismos de conformidad con lo previsto por el art. 519 del Código Civil, entendimiento que resulta claro por los alcances que conlleva el contradocumento.

“Sobre el particular en el AS 1160/2015 de fecha 16 de diciembre se ha expresado en sentido que: “el art. 545 del Código Civil, que señala: “(Prueba de la simulación), I La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”, que tratándose de terceros la prueba no está limitada, siendo viables todos los medios probatorios, inclusive la testifical, con el objetivo de demostrar la simulación practicada por las partes. En el caso en cuestión, es preciso señalar, que la jurisprudencia nacional con referencia a estos negocios jurídicos simulados, ha establecido que los contra-documentos suscritos entre los mismos simuladores hacen fe entre ellos de conformidad con el art. 545 parág. II del Código Civil, concordante con el art. 1297 del mismo Código y 399 del Código de Procedimiento Civil, demostrando de esta manera incuestionablemente, que el contra-documento constituye una prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que no es cierto el documento, tal como debe suceder en la especie, dejaría sin efecto e importaría una revocación del negocio jurídico simulado por mutua voluntad de las partes contratantes y constituiría ley entre los mismos de conformidad con lo previsto por el art. 519 del Código Civil resguardando los derechos del simulador que en ciertos casos resulta víctima de mala fe de aquel que aparece actuando simuladamente y trata de aprovecharse de esa situación para ejecutar el acuerdo simulado, que en esencia jamás fueron ciertos. Por ello que en esta clase de procesos, el contra-documento es tenido como prueba fehaciente, para acreditar que el acto fue simulado”.

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 169 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 135 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.

La prueba trasladada se da cuando la prueba es producida en un proceso que tendrá la misma validez y eficacia en otro, seguido entre las mismas partes.

AS, 723/2018, del 27 de julio de 2018

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.3. La prueba trasladada. Respecto a la prueba trasladada, en el Auto Supremo Nº 156/2017 de 20 de febrero entre otras, se razonó en el sentido siguiente: “…que la prueba trasladada es aquella producida legalmente en un proceso que tendrá la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra. De lo manifestado el Juez A quo valoró las pruebas que fueron trasladadas y ratificadas por los peritos encargados del estudio pericial documentológico, al margen de ello el recurrente no puede desconocer la imputación formal que pesa sobre él realizada por el fiscal de materia que también se acompañó al proceso por las demandantes, pruebas que fueron valoradas por el Juez de la causa al tenor de lo establecido por el art. 1286 del Código Civil y art. 397 de su procedimiento, por lo que el reclamo respecto a este aspecto también deviene en infundado”. ¨En el Auto Supremo Nº 1169/ 2015 de 21 de diciembre, sobre la prueba trasladada se ha razonado lo siguiente: “Por otra parte resulta importante exponer sobre la prueba trasladada, la cual no está prohibida conforme indica el art. 373 del Código de Procedimiento Civil, en ese sentido Hernando Devis Echandía en su obra COMPENDIO DE LA PRUEBA TOMO I anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, en la página 175 respecto a esta prueba señala lo siguiente: “Se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley lo permite en el segundo proceso”. También en dicha obra al referirse a la prueba trasladada de un proceso penal a un proceso civil en la página 180 y siguientes expone: “Pruebas de un proceso penal o de otra jurisdicción no civil dada la unidad de la jurisdicción, no obstante la división y especialización que para su ejercicio se haga, es jurídicamente igual que la prueba trasladada se haya recibido en un proceso anterior civil o penal o contencioso administrativo, etc, siempre que haya sido pública y controvertida por la parte contra quien se aduce en el nuevo proceso”. Para que la prueba traslada opere debe ser ratificada en el otro proceso, haber intervenido también las mismas partes y haberse producido la prueba trasladada por una de las partes.”

(El resaltado es nuestro).

AS 58/2021, del 27 de enero de 2021

“CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.4. De la prueba trasladada. En el Auto Supremo Nº 229/2015 de 10 de abril, se ha concretado lo siguiente “…que la prueba trasladada es aquella producida legalmente en un proceso que tendrá la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra. De lo manifestado el Juez A quo

valoro las pruebas que fueron trasladadas y ratificadas por los peritos encargados del estudio pericial documentológico, al margen de ello el recurrente no puede desconocer la imputación formal que pesa sobre él realizada por el fiscal de materia que también se acompañó al proceso por las demandantes, pruebas que fueron valoradas por el Juez de la causa al tenor de lo establecido por el art. 1286 del Código Civil y art. 397 de su procedimiento, por lo que el reclamo respecto a este aspecto también deviene en infundado.”

(El resaltado es nuestro).

AS 79/2021, del 01 de febrero de 2021

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“Dentro de los derechos procesales fundamentales se incluye el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes; así, el derecho a la prueba puede ser definido como aquel que posee el litigante consistente en la utilización de todos los medios probatorios necesarios para formar convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso. En el caso de autos, la actora presentó con su demanda, prueba documental donde se encontraban copias legalizadas de actuados procesales del Juzgado Sexto de Partido en lo Civil a fs. 65 vta.; calificado el proceso, se aperturó el plazo probatorio y se fijaron los puntos de hecho a probar de fs. 122 a 123, ratificando la actora la prueba documental acompañada a la demanda, ofreciendo además prueba testifical y de inspección judicial. Hasta este punto, es evidente que la demandante no ofreció como prueba la confesión judicial espontánea; sin embargo, debe tener presente la recurrente, que también es un derecho procesal fundamental el que se valore de forma adecuada y motivada el medio de prueba ofrecido, y en este caso, las confesiones extrajudiciales contenidas en las copias legalizadas de los actuados procesales del Juzgado Sexto de Partido en lo Civil de fs. 15 a 61, establecen que Julia Valdez Vda. de Gómez, confesó espontáneamente que el bien inmueble proviene de un anticipo de legitima y no así de una compraventa, razón por la cual se excluye el bien del régimen de ganancialidad. Esta confesión, por el hecho de haber sido prestada fuera del presente juicio, no deja de ser judicial por esa circunstancia, pues lo que determina el carácter de judicial o extrajudicial, es el lugar en el que se prestó la confesión y en el caso de autos, esta fue realizada ante una autoridad judicial competente, donde el objeto y las partes son las mismas; además, para su validez y eficacia, dicha confesión contiene los requisitos de capacidad, objeto y voluntad (III.4. de la Doctrina Aplicable).

“(…)

“d)Sobre la aplicación del artículo 404.II del Código de Procedimiento Civil y la contradicción en la aplicación del artículo 101.I del Código de Procedimiento Civil.

“Haciendo referencia a una parte del segundo párrafo del punto 3), i.3 de los fundamentos de la resolución del auto de vista a fs. 268 vta., señala que es curioso que se aplique el art. 404.II del CProC, para argumentar que sí existió una supuesta simulación en otro proceso, lo cual incurre en una contracción con referencia a la aplicación del art. 101.I del CPC, puesto que en aplicación del art. 404.II del CProC, es que señaló que jamás se ofreció formal y oportunamente confesiones judiciales espontáneas al momento de la apertura del término probatorio, generando un agravio que vulnera el derecho al debido proceso y el principio de estructura de coherencia. La actora al respecto, señala que este argumento es repetitivo y en todo caso, la recurrente reitera los fundamentos de la Juez de primera instancia en cuanto a la confesión y los artículos que utilizó, lo que de ninguna manera implica una contradicción.”

“Vinculado al inciso anterior, el aspecto que observa la recurrente es la transcripción por el Ad quem de una parte de la sentencia, donde la Juez de instancia aplicó el art. 404.II del CProC a su fundamento y no así por el Ad quem como entiende; además, la recurrente omite observar los fundamentado del Tribunal de Apelación respecto al agravio expuesto en su recurso de apelación, pues respondiendo al mismo, el Tribunal de apelación citó los Autos Supremos N° 1283/2016 de 07 de noviembre y N° 1031/2016 de 24 de agosto, referidos con la confesión extrajudicial y la prueba trasladada, concluyendo después de un análisis de la prueba que “…los antecedentes procesales supra referidos, en función de la eficacia y validez de la prueba trasladada, no pueden ser desconocidos en esta causa, como pretenden los apelantes; tanto más, si las partes en contienda no han negado ni desvirtuado que el inmueble no tenía carácter ganancial entre Julia Valdez y su esposo Jaimes Gómez Guardia, al haber sido adquirido en calidad de anticipo de legítima por las hermanas Julia y Renata Valdez; lo cual ciertamente hace que la confesión hecha en el proceso tramitado ante el Juzgado de Partido N° 6 en lo Civil, tenga el valor probatorio de confesión judicial espontánea en esta causa, corroborada por el documento transaccional reconocido de fecha 14 de diciembre de 2014, que acredita que en forma voluntaria Julia Valdez Vda. de Gómez transfirió la totalidad de sus acciones y derechos sobre el inmueble en cuestión, por la suma de $us. 13.000, suscribiéndose la respectiva escritura de transferencia, plasmada en el Testimonio No. 1052/2007 de 31 de diciembre de 2007 (fs. 11-12), donde se ratifica que las señoras Renata y Julia Valdez, adquirieron el inmueble a título de anticipo de legítima de sus padres Remberto Valdez T. y Benedicta Céspedes de Valdez; que ciertamente desvirtúa la presunción de ganancialidad prevista por el Art. 113 del CF además que el acuerdo transaccional pactado se halla excluido del régimen de la lesión conforme prevé el arto 562.3 del CC.”; fundamentos que debieron ser rebatido por los demandados a través del presente recurso.

“En cuanto a la contradicción en la aplicación del art. 101.I del CPC respecto al art. 404.II del CProC, ya que jamás se habría ofrecido formal y oportunamente confesiones judiciales espontáneas al momento de la apertura del término probatorio; al respecto, este agravio ya fue resuelto en el inc. a) del presente fallo, no obstante, cabe reiterar que la demandante adjunto a su demanda en calidad de prueba preconstituida, copias legalizadas de los actuados procesales del Juzgado N° 6 de Partido en lo Civil de fs. 15 a 61, dentro la cual, Julia Valdez Vda. de Gómez confiesa espontáneamente que el bien inmueble proviene de un anticipo de legitima y no así de una compraventa, razón por la cual el inmueble se excluyó del régimen de ganancialidad; confesión extrajudicial, que inicialmente tenía el valor de indicio, y que en la respectiva valoración de la prueba obtuvo el valor probatorio de una confesión judicial espontanea, razonamiento de la Juez de instancia que plasmó en aplicación de los arts. 1322.II y 1321 del CC y arts. 346 num. 2) y 404.II del CProC.

“En conclusión, no se vulneró el derecho al debido proceso y el principio de estructura de coherencia como señala la recurrente.”

(El resaltado es nuestro).

AS 1031/2016, del 24 de agosto 2016

“III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

“III.2.- De la Prueba Trasladada: Para los autores Carlos Hernández Lozano y José Vásquez Campos en su obra Código Procesal Civil (comentado y anotado), Tomo I, Lima, Ediciones Jurídicas, 1996, pág. 651, señalaron: “…pueden hacerse valer en un proceso las pruebas producidas en otro, aunque tramiten distintas jurisdicciones, siempre que ellas se hubieran producido con la intervención de los interesados…”, en este entendido diremos que la prueba trasladada es aquella producida legalmente en un proceso que tendrá la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra.

“Prueba que no está, ni estuvo prohibida en la legislación boliviana conforme indica el art. 373 del Código de Procedimiento Civil y actualmente regulada en el art. 143 del Código Procesal Civil en vigencia plena que al respecto dispone: “Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra.”, prueba que resulta válida si es propuesta en procesos en los que participan las mismas partes, esto en función a que en la proposición y posible oposición de la prueba que se pretende trasladar se cumpla con los principios básicos de la producción de prueba que son los principios de contradicción e inmediación, esto en razón a que es de suma importancia que en la producción de la prueba el Juez de la causa, debe estar presente o presenciar los actos de prueba, con la presencia de ambas partes que puedan participar en la producción de la prueba con la inmediación de un juzgador, para que estas puedan realizar las observaciones que consideren pertinentes, precautelando el cumplimiento de los principios de contradictorio, inmediación y concentración, razón por la cual es jurídicamente igual que la prueba trasladada se haya producido en un proceso anterior civil o penal o contencioso-administrativo, u otro, al proceso en el que se la ratifica, conforme señala Hernando Devis Echandía.

“En este mismo sentido, este Supremo Tribunal de Justicia en sus diversos fallos, entre ellos los Autos Supremo Nros. 654/2015 – L de 12 de agosto y 1169/2015 – L de 21 de Diciembre ha orientado que: “Para tal efecto corresponde describir la teoría de la “prueba trasladada” (que no está prohibida conforme indica el art. 373 del Código de Procedimiento Civil), sobre la misma Hernando Devis Echandía quien en su obra COMPENDIO DE LA PRUEBA TOMO I anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, en la página 175 señala lo siguiente: “Se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley lo permite en el segundo proceso”, también en dicha obra al referirse a la prueba trasladada de un proceso penal a un proceso civil en la página 180 y siguientes expone lo siguiente: “Pruebas de un proceso penal o de otra jurisdicción no civil Dada la unidad de la Jurisdicción, no obstante la división y especialización que para su ejercicio se haga, es jurídicamente Igual que la prueba trasladada se haya recibido en un proceso anterior civil o penal o contencioso-administrativo, etcétera, Siempre que haya sido pública y controvertida por la parte contra quien se aduce en el nuevo proceso. Pero para su traslado de un proceso penal a otro civil, debe distinguirse la prueba practicada en la etapa del sumario penal sin audiencia del presunto sindicado y antes de recibírsele indagatoria (acto que lo incorpora o hace parte en el proceso), de la practicada después. Aquélla no ha sido controvertida por el sindicado, y ésta sí; en consecuencia, el traslado de la segunda a un proceso civil contra ese sindicado o Imputado, no necesita ratificación, mientras que el de la primera equivale al de la prueba practicada extra proceso y debe ratificarse o repetirse; Igual ocurre cuando en ambos casos el traslado se hace a un proceso civil contra persona que no fue parte en el penal, y puede ser civilmente responsable por los mismos hechos…” (las negrillas y subrayado no corresponden al texto original); de acuerdo a dicho criterio la prueba trasladada (declaración informativa de fs. 174 bis) según el Ad quem debió ser ratificada en el presente proceso civil, empero de ello la ratificación de esa prueba trasladada debe ser solicitada por la parte que se considera afectada, o en su defecto sin requerir la ratificación observarla porque no cumpliría con las reglas establecidas para la admisión de una prueba trasladada, esto en estricta aplicación de los arts. 346 num. 2) y 331 del Código de Procedimiento Civil…”

(El resaltado es nuestro).

Fuente.: art. 168 Anteproyecto Código Procesal Civil; art. 134 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica; art. 376 Código de Procedimiento Civil abrogado.

Conc.: arts. 25.IV y 114.II CPE; 24.5, 366.I.6, 213.II.3, 493.III CPC.

La autoridad judicial tiene la potestad de rechazar de oficio o a petición de parte las pruebas cuando estas se declaren inconducentes.

AS 139/2019, del 12 de febrero de 2019:

“CONSIDERADO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“El Juez resuelve verificar del video grabado en presencia de las partes reproduciéndose en la misma audiencia. Sin embargo, en esa oportunidad la parte demandante no hizo mayor objeción sino dejó que la audiencia preliminar concluya, que se considera el segundo momento procesal donde la parte actora tuvo la oportunidad de oponerse, conforme a procedimiento y pedir el rechazo de la prueba de acuerdo al art. 142 del Código Procesal Civil, y no lo hizo. En el primer momento era oportuno cuando se contestó a la demanda donde se hizo mención al video grabado como medio de contrarrestar los argumentos sostenidos en la demanda de la actora siendo válidos todos los actuados, antes de la adecuación procesal conforme a la Ley Nº 439.

“En el segundo momento procesal, de acuerdo al acta de audiencia preliminar se procedió a reproducir la grabación y en ese momento, no hubo oposición para que no se tomara en cuenta como medio de prueba ya que pudo haberse opuesto, planteando el recurso correspondiente.

“Por otro lado, la demandante planteó incidente de rechazo y exclusión de prueba cursante de fs. 228 a 230 a cuyo petitorio el Juez mediante providencia de 24 de agosto de 2016 cursante en fs. 231, determinó: “estese al procedimiento oral”, es decir, que no concedió ni se tramitó el incidente planteado.”

(El resaltado es nuestro).

AS 934/2019, del 17 de septiembre de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“De manera que los reclamos vertidos en el recurso de casación se encuentran abocado a cuestionar las consideraciones del Tribunal de alzada referentes a los recursos de apelación concedidos en el efecto diferido, más no se objeta el razonamiento de fondo de la Sentencia Nº 141/2018 de fs. 348 a 357, respecto al cual, en el recurso de apelación de fs. 365 a 369, fueron observadas únicamente la falta de motivación, la vulneración del derecho a la defensa, la transgresión de la garantía al debido proceso, la vulneración del principio de seguridad jurídica y la defectuosa valoración de la prueba de cargo que cursa de fs. 1 a 117 y 158 a 178, y estas alegaciones no fueron cuestionadas nuevamente en casación, coligiéndose de ello que respecto al análisis de fondo del fallo recurrido, no existe mayor objeción por parte del recurrente, siendo el único tema en cuestión los fundamentos con los cuales fueron confirmados los autos que rechazan la prueba testifical de cargo y que fueron apeladas en el efecto diferido.

“En efecto, en obrados se advierte la Juez de instancia en la audiencia complementaria de fecha 28 de agosto de 2018, emitió dos autos interlocutorios con los cuales rechazó la producción de las declaraciones testificales de cargo de los Sres. Luis Fernando Estrada Vargas y Cesar David Gutiérrez Dura, autos que en la misma audiencia fueron apelados en el efectos diferido por la parte actora y que tras ser fundamentados en el memorial de fs. 365 a 369, fueron considerados y confirmados por el Auto de Vista de fs. 387 a 389 vta.; cerrando toda posibilidad que estos puedan ser nuevamente analizados”

(El resaltado es nuestro).

AS 995/2019, del 26 de septiembre de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

“2. Demandó errónea interpretación de la Ley en relación al art. 145.II del Código Procesal Civil, porque se excluyó y no se valoró el certificado de la comunidad originaria “El Ingenio”, sin merecer la debida fundamentación de ello, siendo la misma fundamental para determinar el antecedente agrario, emitido por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, sin tomar la realidad cultural ni lo prescrito por los arts. 190 y 192 de la CPE. A tal efecto y de la revisión al Auto de Vista cursante de fs. 443 a 446 vta., se tiene que el mismo basó su fundamento en la A quo que manifestó que no se valoraron algunas pruebas entre las que figura la de fs. 18, por corresponder a hechos no controvertidos, lo cual significa que no son objeto de afirmación ni discusión, por lo que el A quo habría obrado conforme la previsión contenida en el art. 142 del Código Procesal Civil.”

(El resaltado es nuestro).